David Raymundo Varela Mendez

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • David Raymundo Varela Mendez y Otros.
  • David Raymundo Varela Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en tal virtud, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, al haberse sobreseído el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio principal, ordenándose la transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe.mmg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de julio de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de julio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 55/2021, promovido por David Raymundo Varela Méndez apoderado de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero del dos mil veintiuno de manera electrónica, por David Raymundo Varela Méndez apoderado de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien promovió demanda de amparo indirecto contra el Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración de la demanda de amparo, por auto de quince de febrero del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados y por las autoridades señalada como responsables, registrándose con el número de expediente II-55/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa los actos que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. La orden, resolución, instrucción, decreto, circular, comunicado o recomendación, en la cual se emitió cualquier medida o acción para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), así como su ejecución o cumplimentación. II. La inconstitucionalidad de la circular número 02, en el que se establecen diversas medidas sanitarias, que contravienen los acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad General, publicados el veinticuatro y treinta y uno de marzo del dos mil veinte. III. En ejecución de lo anterior, el acta de clausura con número de folio 0228, de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, elaborada el diecisiete de enero del año en curso en la sucursal ubicada en calle Vicente Santa María, número 700, colonia Centro, de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. TERCERO. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Michoacán, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, , se advierte que niegan la existencia de los actos I y II que se les atribuyen, respectivamente. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó de las anteriores autoridades responsables. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Secretaria del Ayuntamiento de Morelia y el Encargado de Despacho de la Dirección de Inspección y Vigilancia dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, en representación del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, e Inspector Adscrito a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Morelia, se desprende que son ciertos los actos que les son reclamados, al aducir que se emitieron diversos acuerdos, decretos, comunicados o recomendaciones de forma verbal o escrita, lo anterior como parte de las medidas o acciones para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, misma que fue declarada como una pandemia el pasado once de marzo del año pasado por la Organización Mundial de la Salud, entre la que es destacada la circular 02. Aunado a lo anterior, el Encargado de Despacho de la Dirección de Inspección y Vigilancia dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán respecto al acto reclamado marcado con número III, manifestó que se realizó la clausura del establecimiento donde se ubica Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V., en el domicilio calle Vicente Santa María, número 700, colonia centro, el diecisiete de enero del año en curso, porque no contaba con la autorización de la autoridad para el ejercicio del giro y/o actividad que desarrolla los domingos, como parte de las medidas extraordinarias para contener la propagación de virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido mediante los acuerdos de fecha nueve de enero del dos mil veintiuno, por el Comité Municipal de Salud, preponderando el orden público, la salud, la integridad y la seguridad de las personas o clientes que acuden a dicha sucursal. Además, sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". QUINTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, se procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la materia. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Este juzgador federal estima que en relación con los actos precisados en los puntos I y II, del considerando segundo de esta sentencia, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Lo anterior, toda vez que en caso de concluirse que el acto de autoridad es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 901/2000. Grupo Moyg, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez. Amparo directo en revisión 197/2001. Félix García García. 27 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo directo en revisión 210/2002. María del Carmen Guido Méndez y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Amparo en revisión 737/2002. Rafael González Lomelí. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 181/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de noviembre de dos mil seis.". En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que el quejoso acude a este juicio de amparo reclamando diversos acuerdos, decretos, comunicados o recomendaciones de forma verbal o escrita, lo anterior como parte de las medidas o acciones para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, entre la que se destacada la circular 02. Así, al rendir su informe justificado, la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán, admitió el acto que se le reclamó, pues manifestó que en data de once de enero del año en curso, fue emitida la circular antes referida. No obstante lo anterior, es de suma importancia destacar que la circular en comento en su parte medular emitió varias recomendaciones, entre ellas, ordenar el cierre de establecimientos mercantiles y de servicios en el municipio de Morelia a las diecinueve horas durante los días lunes a sábado, permaneciendo los días domingos cerrado las veinticuatro horas, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en nuestro Estado, realizándose tal encomienda para los días domingos 17, 24 y 31 de enero del presente año. Con lo anterior, al haberse demostrado que, a la fecha concluyó dicho plazo, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, ya que con independencia de la existencia del acto que se reclama en este juicio, el análisis de constitucionalidad que sobre él se pueda realizar, este juzgador se torna innecesario, al haber dejado de existir el objeto o materia del juicio principal, de manera que los efectos de los actos reclamados no se concretaran en la esfera jurídica de la parte quejosa, como consecuencia de la emisión de dicha circular, por haber dejado de tener vigencia en cuanto los efectos de la misma a partir del primer día del mes de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número III referente a la ilegal acta de clausura con número de folio 0228, de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, levantada el diecisiete de enero del año en curso en la sucursal ubicada en calle Vicente Santa María, número 700, colonia Centro, de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo En el caso, el suscrito juzgador considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías, y en consecuencia, los efectos del mismo, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de garantías, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, el quejoso en su libelo constitucional fue preciso en señalar que en ejecución de los acuerdos y circulares reclamados, se duele del acta de clausura con número de folio 0228, de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, levantada el diecisiete de enero del año en curso en la sucursal ubicada en calle Vicente Santa María, número 700, colonia Centro, de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se destacan el escrito firmado por el Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, de veinticinco de enero del dos mil veintiuno, y del oficio 09/2021, dirigido al Jefe de Inspectores Marín Eduardo Montes Morales, con fecha de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se desprenden que se instruyó para levantar y retirar los sellos en esa misma fecha, en el establecimiento denominado Elektra con giro de mueblería, ubicado en calle Vicente Santa María, número 700, en la colonia Centro, clausurado con el acta de folio 228, de diecisiete de enero del presente año. Pues dicho acto se corrobora con el acta de levantamiento de sellos, levantada por Cintia I. Contreras Hernández a las trece horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, ante la presencia de Kurukaveri Israel Beltrán Morales, en cuanto Gerente de Comercio de dicho establecimiento. Las circunstancias antes narradas hacen patente que dicho acta reclamada por la parte quejosa, ha cesado en cuanto a sus efectos; ello es así, porque la demanda de amparo se presentó ante este órgano jurisdiccional a las nueve horas con dieciséis minutos del diecinueve de enero del dos mil veintiuno, y de las constancias que obran en autos se advierte que a las trece horas con treinta y cinco minutos de esa misma fecha se levantó el acta de clausura número 228 y se retiraron los sellos respectivos de la sucursal ubicada en calle Vicente Santa María, número 700, colonia Centro, de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Se evidencia de este modo, que los efectos de dicho acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LIST NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN, SE ORDENA DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado el veintinueve de abril del año en curso, de la que se desprende que no le fue posible entregar el oficio 5255, donde obra el contenido del proveído de dieciséis de abril del año en curso, dirigido a la autoridad responsable "PROFESOR ROBERTO REYES COSARI, SECRETARIO DE BIENESTAR Y POLITICA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA, MICHOACÁN", toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Bienestar y Política Social del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, fue informada por la encargada de la Oficialía de la citada dependencia, quien dijo llamarse Adriana, manifestó que no podía recibir la comunicación oficial que se trata, toda vez que el profesor Roberto Reyes Cosari ya no labora en esa dependencia, siendo la actual Secretaria Salma Paola Sánchez Pérez. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa con la razón en cita, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de dicha autoridad, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por inexistente a la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1022/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.EFR/Jegp

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