David Ramos Navarrete
Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2021
Partes del expediente
- David Ramos Navarrete
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE al no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el PLAZO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Sexto Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 18/2021. Expuesto lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados, los siguientes: -Las órdenes de detención y/o reaprehensión y/o arraigo y/o de restricción de la libertad, así como su ejecución. Ahora, también es de resaltar que en el escrito de demanda de amparo, en específico en el apartado de fecha de notificación del acto reclamado, el quejoso adujo que los actos impugnados le fueron notificados el veintinueve de junio de dos mil veinte. De ahí que se evidencie que desde esa data el peticionario de amparo tuvo conocimiento de la existencia de los actos combatidos, a partir de la cual estuvo en aptitud de promover el juicio biinstancial, tomando en consideración las manifestaciones que se contienen en el libelo constitucional, a las que se les otorga pleno valor probatorio, por constituir una confesión sobre hechos propios que le constan al amparista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)". Ahora, para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se invoca, es conveniente traer a colación el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que tienen relación con el numeral citado, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". En ese orden, de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la misma, conforme a la ley del acto. Bajo esa óptica, a fin de acreditar la causal de improcedencia de mérito, es importante destacar que de la propia demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama las órdenes de detención y/o reaprehensión y/o arraigo y/o de restricción de la libertad, así como su ejecución; aunado a eso, como ya quedó establecido, el peticionario de amparo manifiesta en su escrito de derechos fundamentales, que el veintinueve de junio de dos mil veinte fue notificado de las órdenes privativas de libertad impugnadas. Bajo ese contexto, es importante destacar que el citado artículo 18 de la ley de la materia, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan respectivamente a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; y, Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose en el conocimiento real del acto reclamado y no en lo expuesto por las partes o en la formalidad de la notificación. De ahí que en el caso, el cómputo para la promoción de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente al en que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos conforme a la ley que rige al mismo. Lo anterior es así, ya que en términos del artículo 158 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, (el cual resulta aplicable en el caso ya que de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que la emisión de las órdenes privativas de libertad combatidas se atribuyen a un juez de delitos no graves con residencia en ésta ciudad, esto es, bajo la aplicación de las reglas procesales ahí contenidas), los plazos procesales ahí establecidos correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haya realizado la notificación al interesado. Asimismo, cabe precisar que conforme lo dispuesto por la ley de la materia, se prevén supuestos de excepción respecto de la temporalidad para la promoción del juicio de amparo, en modo que cuando el acto reclamado implique: Peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Desaparición forzada de personas; Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo indirecto podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, el acto aquí combatido no se encuentra dentro de la hipótesis que describe la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el impetrante de amparo promoviera el juicio constitucional, comenzó a transcurrir desde el día siguiente al que se realizó la notificación al quejoso de las órdenes privativas de libertad impugnadas, esto es, del tres al veintiuno de agosto de dos mil veinte, conforme a la tabla ilustrativa siguiente: Días hábiles 3 de agosto de 2020 4 de agosto de 2020 5 de agosto de 2020 6 de agosto de 2020 7 de agosto de 2020 10 de agosto de 2020 11 de agosto de 2020 12 de agosto de 2020 13 de agosto de 2020 14 de agosto de 2020 17 de agosto de 2020 18 de agosto de 2020 19 de agosto de 2020 20 de agosto de 2020 21 de agosto de 2020 Días inhábiles 8 de agosto de 2020 9 de agosto de 2020 15 de agosto de 2020 16 de agosto de 2020 Ello, previo descuento del período comprendido del treinta de junio al dos de agosto de dos mil veinte, en virtud de que como se hizo constar en la certificación de cuenta, con motivo de los Acuerdos Generales 4/2020 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19, se determinó suspender las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, salvo para aquellas en las que su realización se estimara de carácter urgente. De igual forma, tomando en cuenta lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo, a lo que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tanto, el acto combatido se estima consentido tácitamente, en virtud que no se impugnó dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que la parte quejosa promovió su demanda de amparo hasta el dieciocho de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, dicho ocurso es extemporáneo, por lo cual, este órgano federal estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Ahora, si bien conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo. Sin embargo, lo anterior no puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. De igual forma, debe estimarse que los motivos de inejercitabilidad, no son incompatibles con el precepto 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de amparo, debido a que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar una sobrecarga de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Solo para el caso de que el Consejo de la Judicatura Federal permita el acceso del público a las instalaciones de este órgano, desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo. Asimismo, bajo la misma hipótesis anterior, esto es, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal permita a las partes la consulta física de expedientes dentro del órgano de amparo, se autoriza a las mismas el uso de medios electrónicos y digitales
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