David Ramon Lira
Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- David Ramon Lira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Puebla, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, resalta el proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito fue recibido de ese medio de impugnación, dentro del periodo en mención. Entonces, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado), porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo al quejoso. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este asunto fueron recibidas copias certificadas de un toca de apelación y de una causa penal. Sin embargo, las referidas copias se devolvieron a las respectivas autoridades, como resalta del proveído de ejecutoria. Además, no se tienen otras constancias que deban enviarse a diversa autoridad o dependencia. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado. Aunado a que si esas responsables, el fiscal adscrito, el quejoso o los terceros interesados desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. Por último, se descarta emitir pronunciamiento para el incidente de suspensión, porque el quejoso nunca lo solicitó y por ende no se formó ese cuaderno. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 834/2020-MESA IV. Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la principal autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la sala de apelación obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo al quejoso contra los actos de las responsables. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento a los magistrados de la sala responsable y al juez encargado de la causa penal -este como autoridad responsable ejecutora-. En particular, que en un plazo de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, remitieran las constancias con las cuales demostraran haber acatado la sentencia de protección, que para los magistrados de la sala responsable (autoridad ordenadora) implicó los siguientes efectos: ".1. Dejen insubsistente la ejecutoria de doce de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca de apelación *, lo cual no debe impactar la audiencia de vista ya desahogada, porque esta se mantiene intacta dado que no fue materia del presente juicio de amparo; 2. Pronuncien una nueva ejecutoria en la que identifiquen con exactitud las normas que deben someterse a las reglas de prescripción, y esclarezcan si hubo actuaciones que hubieran interrumpido esa figura en la fase de averiguación, para lo cual deben tener presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional; 3. Con libertad de jurisdicción resuelvan si operó la figura jurídica de prescripción, a la fecha cuando el Ministerio Público ejerció acción penal contra la inculpada, pero si el nuevo estudio que realizaran a tal efecto, los llevara a descartar la prescripción, deberán proceder al estudio de los agravios formulados por la inculpada y su defensor, hasta decidir si confirman el auto de sujeción a proceso dictado en la causa *. Dispongan la notificación a las partes, de la nueva ejecutoria que decida el recurso del toca de apelación *Se hace notar a los magistrados de la sala responsable, que el amparo otorgado al quejoso no condiciona el sentido de la nueva ejecutoria, motivo por el cual tienen libertad de jurisdicción para decidir si ha operado la figura de prescripción y de no ser así, resolver los agravios formulados en el recurso de apelación, siempre que hayan identificado con exactitud las normas que deben someterse a las reglas de prescripción, y esclarecido si hubo actuaciones que interrumpieran esa figura en la fase de averiguación. También se hace notar a los magistrados de la sala responsable, que los efectos de la protección quedarán cumplidos hasta recibir copia certificada de la nueva ejecutoria de apelación, y de la notificación efectuada al quejoso como víctima de la causa. Mientras al juez señalado como responsable se le impone la obligación de abstenerse de decretar el archivo; ello, a consecuencia del amparo otorgado al quejoso. Por consiguiente, deberá continuar el trámite de la causa penal *, hasta el momento en que sea indispensable conocer la nueva ejecutoria, para el recurso de apelación interpuesto contra el auto de no sujeción a proceso. Lo anterior obedece a las actuaciones de la referida causa, pues el análisis que se hizo a las mismas para la resolución de la litis constitucional, permitió detectar que el juez responsable ha continuado el trámite del periodo de instrucción, motivo por el cual debe seguir así hasta el momento cuando deba esperar a la decisión final sobre el recurso de apelación, conforme a las normas ordinarias que regulan el trámite de la causa, previstas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.". Por oficio 179, el encargado del despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó haber cumplido los términos de la protección, y para acreditarlo remitió copias de las actuaciones que estimó pertinentes. Asimismo, a través del diverso 041, el Oficial Mayor en ausencia temporal de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, envió copia certificada de la ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca número *Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días al quejoso, a la tercera interesada, al agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable (en su carácter de tercero interesado), y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por las autoridades obligadas. Empero, ninguna de las partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitieron las autoridades responsables para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque fueron emitidas por servidores con facultades legales de fe pública. Tales copias revelan que el encargado de despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dejó insubsistente el auto dictado el catorce de septiembre de dos mil veinte, en el que se había declarado extinguida la acción penal a favor de la procesada * (tercera interesada), y ordenado el consecuente archivo de la causa penal *Además, manifestó que estaría pendiente de la nueva ejecutoria de apelación que emitiera la sala responsable, conforme al amparo otorgado al quejoso. De igual manera, el Oficial Mayor en ausencia de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó los actos que realizaron los magistrados de dicha sala. En particular, dictaron una nueva ejecutoria en el toca de apelación * en la cual también dejaron insubsistente la resolución declarada ilegal en este juicio. Más aún, los magistrados de la sala responsable identificaron con exactitud las normas que debían someterse a las reglas de prescripción, y esclarecieron las actuaciones que interrumpieron esa figura en la fase de averiguación, para lo cual tuvieron presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional. Luego, con libertad de jurisdicción resolvieron que no operó la figura jurídica de prescripción, a la fecha cuando el Ministerio Público ejerció acción penal contra la inculpada, y después de examinar los agravios de la recurrente, decidieron confirmar el auto de sujeción a proceso dictado en la causa * Incluso dispusieron la notificación a las partes, de la nueva ejecutoria que decidió el recurso del toca de apelación *Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por las autoridades responsables obligadas, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso, a la tercera interesada, como al agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable (en su carácter de tercero interesado), para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; b) Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad responsable ordenadora, magistrados de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, cumplieron la protección constitucional el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; d) El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio 041, signado por el Oficial Mayor por ausencia temporal de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, tres de marzo de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso y a la tercera interesada (en sus domicilios procesales con las medidas de protección sanitarias); de forma personal al fiscal adscrito a este juzgado (por correo electrónico); por oficio al agente del Ministerio Público reconocido como tercero interesado (por correo electrónico, salvo que sea necesario entregarlo físicamente); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÒN A LA PARTE TERCERA INTERESADA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la principal autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la sala de apelación obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo al quejoso contra los actos de las responsables. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento a los magistrados de la sala responsable y al juez encargado de la causa penal -este como autoridad responsable ejecutora-. En particular, que en un plazo de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, remitieran las constancias con las cuales demostraran haber acatado la sentencia de protección, que para los magistrados de la sala responsable (autoridad ordenadora) implicó los siguientes efectos: ".1. Dejen insubsistente la ejecutoria de doce de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca de apelación *, lo cual no debe impactar la audiencia de vista ya desahogada, porque esta se mantiene intacta dado que no fue materia del presente juicio de amparo; 2. Pronuncien una nueva ejecutoria en la que identifiquen con exactitud las normas que deben someterse a las reglas de prescripción, y esclarezcan si hubo actuaciones que hubieran interrumpido esa figura en la fase de averiguación, para lo cual deben tener presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional; 3. Con libertad de jurisdicción resuelvan si operó la figura jurídica de prescripción, a la fecha cuando el Ministerio Público ejerció acción penal contra la inculpada, pero si el nuevo estudio que realizaran a tal efecto, los llevara a descartar la prescripción, deberán proceder al estudio de los agravios formulados por la inculpada y su defensor, hasta decidir si confirman el auto de sujeción a proceso dictado en la causa *. Dispongan la notificación a las partes, de la nueva ejecutoria que decida el recurso del toca de apelación *Se hace notar a los magistrados de la sala responsable, que el amparo otorgado al quejoso no condiciona el sentido de la nueva ejecutoria, motivo por el cual tienen libertad de jurisdicción para decidir si ha operado la figura de prescripción y de no ser así, resolver los agravios formulados en el recurso de apelación, siempre que hayan identificado con exactitud las normas que deben someterse a las reglas de prescripción, y esclarecido si hubo actuaciones que interrumpieran esa figura en la fase de averiguación. También se hace notar a los magistrados de la sala responsable, que los efectos de la protección quedarán cumplidos hasta recibir copia certificada de la nueva ejecutoria de apelación, y de la notificación efectuada al quejoso como víctima de la causa. Mientras al juez señalado como responsable se le impone la obligación de abstenerse de decretar el archivo; ello, a consecuencia del amparo otorgado al quejoso. Por consiguiente, deberá continuar el trámite de la causa penal *, hasta el momento en que sea indispensable conocer la nueva ejecutoria, para el recurso de apelación interpuesto contra el auto de no sujeción a proceso. Lo anterior obedece a las actuaciones de la referida causa, pues el análisis que se hizo a las mismas para la resolución de la litis constitucional, permitió detectar que el juez responsable ha continuado el trámite del periodo de instrucción, motivo por el cual debe seguir así hasta el momento cuando deba esperar a la decisión final sobre el recurso de apelación, conforme a las normas ordinarias que regulan el trámite de la causa, previstas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.". Por oficio 179, el encargado del despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó haber cumplido los términos de la protección, y para acreditarlo remitió copias de las actuaciones que estimó pertinentes. Asimismo, a través del diverso 041, el Oficial Mayor en ausencia temporal de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, envió copia certificada de la ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca número *Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días al quejoso, a la tercera interesada, al agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable (en su carácter de tercero interesado), y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por las autoridades obligadas. Empero, ninguna de las partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitieron las autoridades responsables para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque fueron emitidas por servidores con facultades legales de fe pública. Tales copias revelan que el encargado de despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dejó insubsistente el auto dictado el catorce de septiembre de dos mil veinte, en el que se había declarado extinguida la acción penal a favor de la procesada * (tercera interesada), y ordenado el consecuente archivo de la causa penal *Además, manifestó que estaría pendiente de la nueva ejecutoria de apelación que emitiera la sala responsable, conforme al amparo otorgado al quejoso. De igual manera, el Oficial Mayor en ausencia de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó los actos que realizaron los magistrados de dicha sala. En particular, dictaron una nueva ejecutoria en el toca de apelación * en la cual también dejaron insubsistente la resolución declarada ilegal en este juicio. Más aún, los magistrados de la sala responsable identificaron con exactitud las normas que debían someterse a las reglas de prescripción, y esclarecieron las actuaciones que interrumpieron esa figura en la fase de averiguación, para lo cual tuvieron presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional. Luego, con libertad de jurisdicción resolvieron que no operó la figura jurídica de prescripción, a la fecha cuando el Ministerio Público ejerció acción penal contra la inculpada, y después de examinar los agravios de la recurrente, decidieron confirmar el auto de sujeción a proceso dictado en la causa * Incluso dispusieron la notificación a las partes, de la nueva ejecutoria que decidió el recurso del toca de apelación *Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por las autoridades responsables obligadas, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso, a la tercera interesada, como al agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable (en su carácter de tercero interesado), para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; b) Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad responsable ordenadora, magistrados de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, cumplieron la protección constitucional el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; d) El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio 041, signado por el Oficial Mayor por ausencia temporal de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, tres de marzo de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso y a la tercera interesada (en sus domicilios procesales con las medidas de protección sanitarias); de forma personal al fiscal adscrito a este juzgado (por correo electrónico); por oficio al agente del Ministerio Público reconocido como tercero interesado (por correo electrónico, salvo que sea necesario entregarlo físicamente); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÒN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial precedente y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a determinadas partes, en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la principal autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, se procede a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico se revisará si los actos realizados por la sala de apelación obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, conviene indicar que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte fue celebrada la audiencia constitucional, y en la fase de sentencia se otorgó el amparo al quejoso contra los actos de las responsables. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en la audiencia constitucional, motivo por el cual fue requerido el cumplimiento a los magistrados de la sala responsable y al juez encargado de la causa penal -este como autoridad responsable ejecutora-. En particular, que en un plazo de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, remitieran las constancias con las cuales demostraran haber acatado la sentencia de protección, que para los magistrados de la sala responsable (autoridad ordenadora) implicó los siguientes efectos: ".1. Dejen insubsistente la ejecutoria de doce de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca de apelación *, lo cual no debe impactar la audiencia de vista ya desahogada, porque esta se mantiene intacta dado que no fue materia del presente juicio de amparo; 2. Pronuncien una nueva ejecutoria en la que identifiquen con exactitud las normas que deben someterse a las reglas de prescripción, y esclarezcan si hubo actuaciones que hubieran interrumpido esa figura en la fase de averiguación, para lo cual deben tener presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional; 3. Con libertad de jurisdicción resuelvan si operó la figura jurídica de prescripción, a la fecha cuando el Ministerio Público ejerció acción penal contra la inculpada, pero si el nuevo estudio que realizaran a tal efecto, los llevara a descartar la prescripción, deberán proceder al estudio de los agravios formulados por la inculpada y su defensor, hasta decidir si confirman el auto de sujeción a proceso dictado en la causa *. Dispongan la notificación a las partes, de la nueva ejecutoria que decida el recurso del toca de apelación *Se hace notar a los magistrados de la sala responsable, que el amparo otorgado al quejoso no condiciona el sentido de la nueva ejecutoria, motivo por el cual tienen libertad de jurisdicción para decidir si ha operado la figura de prescripción y de no ser así, resolver los agravios formulados en el recurso de apelación, siempre que hayan identificado con exactitud las normas que deben someterse a las reglas de prescripción, y esclarecido si hubo actuaciones que interrumpieran esa figura en la fase de averiguación. También se hace notar a los magistrados de la sala responsable, que los efectos de la protección quedarán cumplidos hasta recibir copia certificada de la nueva ejecutoria de apelación, y de la notificación efectuada al quejoso como víctima de la causa. Mientras al juez señalado como responsable se le impone la obligación de abstenerse de decretar el archivo; ello, a consecuencia del amparo otorgado al quejoso. Por consiguiente, deberá continuar el trámite de la causa penal *, hasta el momento en que sea indispensable conocer la nueva ejecutoria, para el recurso de apelación interpuesto contra el auto de no sujeción a proceso. Lo anterior obedece a las actuaciones de la referida causa, pues el análisis que se hizo a las mismas para la resolución de la litis constitucional, permitió detectar que el juez responsable ha continuado el trámite del periodo de instrucción, motivo por el cual debe seguir así hasta el momento cuando deba esperar a la decisión final sobre el recurso de apelación, conforme a las normas ordinarias que regulan el trámite de la causa, previstas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.". Por oficio 179, el encargado del despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó haber cumplido los términos de la protección, y para acreditarlo remitió copias de las actuaciones que estimó pertinentes. Asimismo, a través del diverso 041, el Oficial Mayor en ausencia temporal de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, envió copia certificada de la ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca número *Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se otorgó una vista de tres días al quejoso, a la tercera interesada, al agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable (en su carácter de tercero interesado), y al fiscal adscrito, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por las autoridades obligadas. Empero, ninguna de las partes presentó escritos ni oficios durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificadas en forma debida. Ahora, las copias que remitieron las autoridades responsables para acreditar el cumplimiento a la protección, tienen pleno valor probatorio como documento público conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque fueron emitidas por servidores con facultades legales de fe pública. Tales copias revelan que el encargado de despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dejó insubsistente el auto dictado el catorce de septiembre de dos mil veinte, en el que se había declarado extinguida la acción penal a favor de la procesada * (tercera interesada), y ordenado el consecuente archivo de la causa penal *Además, manifestó que estaría pendiente de la nueva ejecutoria de apelación que emitiera la sala responsable, conforme al amparo otorgado al quejoso. De igual manera, el Oficial Mayor en ausencia de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó los actos que realizaron los magistrados de dicha sala. En particular, dictaron una nueva ejecutoria en el toca de apelación * en la cual también dejaron insubsistente la resolución declarada ilegal en este juicio. Más aún, los magistrados de la sala responsable identificaron con exactitud las normas que debían someterse a las reglas de prescripción, y esclarecieron las actuaciones que interrumpieron esa figura en la fase de averiguación, para lo cual tuvieron presentes las consideraciones desarrolladas por esta juzgadora de tutela constitucional. Luego, con libertad de jurisdicción resolvieron que no operó la figura jurídica de prescripción, a la fecha cuando el Ministerio Público ejerció acción penal contra la inculpada, y después de examinar los agravios de la recurrente, decidieron confirmar el auto de sujeción a proceso dictado en la causa * Incluso dispusieron la notificación a las partes, de la nueva ejecutoria que decidió el recurso del toca de apelación *Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección otorgada al quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por las autoridades responsables obligadas, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso, a la tercera interesada, como al agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable (en su carácter de tercero interesado), para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Ello, por la trascendencia de lo resuelto en este proveído. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo en la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; b) Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la referida sentencia y fue requerido el cumplimiento; c) La autoridad responsable ordenadora, magistrados de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, cumplieron la protección constitucional el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; d) El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado el oficio 041, signado por el Oficial Mayor por ausencia temporal de la secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con el que aportó copia de los actos de cumplimiento; y, e) En la presente fecha, tres de marzo de dos mil veintiuno, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso y a la tercera interesada (en sus domicilios procesales con las medidas de protección sanitarias); de forma personal al fiscal adscrito a este juzgado (por correo electrónico); por oficio al agente del Ministerio Público reconocido como tercero interesado (por correo electrónico, salvo que sea necesario entregarlo físicamente); y cúmplase.
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- David Serrano Osorio756/2023
- David Torres Perez549/2022
- David Vargas Quiroz104/2023
- Davit Eduardo Zuñiga Hernández782/2021
- Dayane Peralta Herrera956/2020