David Quetzacoatl Enriquez Maldonado
Expediente 1172/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- David Quetzacoatl Enriquez Maldonado
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero; en atención a su contenido, se le informa que el juicio de amparo 1175/2018-I-0 del índice de este Juzgado promovido por David Quetzalcóatl Enríquez Maldonado, se desechó mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el cual causó estado el treinta de noviembre de ese mismo año, en virtud que no fue recurrido por la parte promovente, ordenándose en esa misma fecha el archivo del expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero; y en atención a su contenido, hágasele del concomimiento a la autoridad oficiante que mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado aceptó la competencia planteada y se avoco al conocimiento del asunto, desechando la demanda de amparo en esa misma fecha, lo que se le comunicó mediante oficio 5477-I, el cual fue recibido en la oficialía de partes de ese órgano jurisdiccional el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, según se advierte en la constancia que obra en autos, anexando las constancias correspondientes en copia certificada, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo
- Principal
Por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, de cuya lectura se advierte que dicha autoridad, determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por David Quetzacóatl Enríquez Maldonado, contra actos de la Jueza Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero; y declinó la competencia a este juzgado de Distrito. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y regístrese el asunto con el número de juicio 1172/2018-I-0. Acúsese recibo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado "a contrario sensu" de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. Numerales que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación. Esto es, define que por actos de imposible reparación, debe entenderse los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esta definición el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo y; Segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación específica que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", las violaciones adjetivas o formales que afecten a las partes en grado predominante o superior, no pueden reputarse actos de imposible reparación, puesto que su concepción resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. De lo expuesto, se pone de manifiesto que conforme en la nueva Ley de Amparo que rige en este juicio, los actos de imposible reparación sólo son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos, excluyendo con ello, con independencia del grado de afectación procesal que pudieran tener, a las violaciones adjetivas como la reclamada en el caso. Ahora, el acto reclamado consiste en la resolución incidental de diez de octubre de dos mil dieciocho dictada por la Jueza Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en el juicio ejecutivo mercantil 10/2018 de su índice, que resuelve el Incidente de Improcedencia en la vía, promovido por el aquí quejoso, en la cual declara improcedente dicho incidente. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado, por su naturaleza y características procesales, no constituye de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, el quejoso puede reclamar esa violación procesal en que a su criterio incurrió la autoridad responsable, en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia en términos de lo dispuesto en el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, debido a que hasta el momento en que se haya dictado el citado fallo se podrá apreciar si con motivo de la improcedencia en la vía, se vulneraron las defensas del impetrante, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. De esta manera se estima que el acto reclamado es de naturaleza intraprocesal o intraprocedimental por haberse emitido por una autoridad jurisdiccional dentro del juicio de origen que no es de imposible reparación porque no afecta materialmente derechos sustantivos, es decir, aquellos que causan una afectación presente a un derecho de la parte quejosa (libertad, propiedad, intimidad, posesión, tutela, etcétera), lo cual excluye la afectación a derechos procesales, como el de la especie, pues éste se refiere a la improcedencia de la excepción de la vía. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J.108/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 294, Tomo XXII, Octubre de 2005, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." Así como también, por identidad jurídica resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2006589, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma la tesis aislada XXVII.3o.60 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. POR ESTE CONCEPTO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, NO SÓLO DEBEN ENTENDERSE LOS DERECHOS HUMANOS, SINO TAMBIÉN SUS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL LLAMADO PARÁMETRO DE CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En tales condiciones, para formular una aproximación conceptual válida de la noción jurídica "derechos sustantivos", es imprescindible acudir a los artículos 1o., párrafo primero y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que el Constituyente Permanente incorporó, como materia de protección por parte del Estado, tanto a los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como a las garantías para su protección, entendiéndose por éstas, todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión; asimismo, se instituyó al juicio de amparo como el medio para verificar si las normas generales, actos u omisiones de autoridad violan derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Por ende, se concluye que por "derechos sustantivos" no sólo deben entenderse los derechos humanos, sino también sus garantías previstas en el llamado parámetro de control de la regularidad constitucional." Por otra parte, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, relativa a la definitividad, en razón a que el quejoso antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso ordinario que prevé la ley ordinaria, esto atendiendo a la cuantía de la suerte principal reclamada en el juicio de origen. Aunado a que el acto reclamado no encuadra en las excepciones que prevé el citado numeral en torno al principio de definitividad. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia P./.11/2018 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracciones XVIII y fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones como se indica. Se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6º del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Por último, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 constitucional, y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que resulten necesarias en este asunto.
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