David Pérez Ramos
Expediente 1131/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- David Pérez Ramos
- Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas de las constancias que refiere en su ocurso de cuenta y remítasele mediante oficio que para tal efecto se libre con motivo del presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el escrito recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado criptográficamente por David Alberto Rojas Díaz, apoderado legal de Industrial Perforadora de Campeche, sociedad anónima de capital variable, parte tercero interesada en este asunto, mediante el cual se le tiene señalando como nuevo domicilio para recibir citas y notificaciones en Avenida 27 de Febrero, número 1023, planta baja, colonia Centro, de esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de once de febrero actual, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a David Pérez Ramos, contra el acto reclamado al Tribunal Laboral de la Región Dos con sede en Cunduacán, Tabasco. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Mediante oficio recibido el diez de febrero de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la resolución de ocho del precitado mes, dictada en el expediente 161/2021 de su índice, relacionada con el cumplimiento del fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, en lo que interesa, se estableció lo siguiente: Por otra parte, es importarte señalar que el acto reclamado, que se debe analizar en esta instancia es el emitido por la autoridad responsable que acepta la competencia declinada, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En efecto, se destaca que, en relación con las reglas para determinar la competencia en materia laboral, entre la autoridad federal y la local, el artículo 123, apartado "A", fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: En correspondencia con la disposición fundamental citada, el numeral 527, de la Ley Federal de Trabajo, vigente y aplicable al presente asunto, establece: Del primer precepto citado, en su parte inicial, se colige que la regla general consiste en que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los estados; excepcionalmente, será de competencia exclusiva de la autoridad federal, en los supuestos listados en la fracción XXXI, del numeral 123, apartado "A" de la Constitución Federal. Por consiguiente, para concluir que un asunto laboral es de competencia federal, y que corresponde al Tribunal de la propia jurisdicción su conocimiento, debe acreditarse plenamente que se está en las hipótesis de excepción previstas en el propio enunciado normativo, conforme al principio de derecho que indica que las excepciones a una regla general son de aplicación estricta. Por otro lado, al enumerar los supuestos de competencia federal en la citada fracción XXXI, el constituyente adoptó tres criterios: a) atendió a la actividad desarrollada, b) tuvo en cuenta el tipo de empresa, y, c) relación que guarde con alguna de las ramas de la industria o empresas señaladas. Dichos criterios son retomados en el diverso 527, de la Ley Federal del Trabajo, en el que, primeramente, se enumeran las actividades (ramas industriales y de servicios) y posteriormente, se describen las empresas, que determinan la competencia federal para la aplicación de las leyes del trabajo. Luego, la técnica para determinar la autoridad laboral competente (federal o local) será la de exclusión. En otras palabras, todo asunto que no encuadre en alguna de las excepciones, será competencia de los Estados. Esto se traduce, en lo que interesa, en que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, y como competencia exclusiva de las autoridades federales, señala los siguientes casos: a) Ramas industriales y servicios; b) Empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; c) Empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; d) Empresas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación; e) Conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; f) Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; y, g) Obligaciones patronales en las materias educativas, de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Como puede verse, el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Federal, determina que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero que es de la competencia exclusiva de las autoridades federales, los casos relativos a las ramas industriales y empresas que la propia disposición especifique; de lo cual se deduce que la aplicación de las leyes del trabajo, por razón de la materia, incumbe generalmente a las autoridades estatales, y sólo por excepción a las federales, cuando el asunto guarde relación con alguna de dichas ramas de la industria o empresas señaladas. Sin embargo, en el particular, el Tribunal Laboral Local, al momento en que aceptó la competencia declinada por su homologo federal, no tenía datos suficientes que permitieran acreditar plenamente que éste último carecía de competencia legal para conocer del asunto, pues las referencias de la parte actora en el sentido de que fue contratado para laborar para la empresa Industrial Perforadora Campeche, sociedad anónima de capital variable y Corporativo Grupo R, sociedad anónima de capital variable quienes le asignaron como sus funciones dar mantenimiento y reparación en tráiler habitacional para equipo de perforación, resultan insuficientes para poder determinar si verdaderamente las actividades de las empresas se encuentran o no contempladas en la legislación como de competencia federal. Ello, porque no hay que perder de vista que no solo hay que ponderar la actividad de la empresa demandada, sino también la actividad del trabajador, ya que ambos supuestos son los que determinan la intervención de la autoridad laboral que debe conocer del asunto. Además de que no se advierte en forma cierta si las empresas demandadas actúan o no bajo contrato o concesión federal, o que trabajan exclusivamente en zonas federales territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. En adición a lo antes expuesto conviene precisar que de autos se advierte que no fue emplazada la demandada, ni se integró la litis correspondiente y por tanto, no se podía advertir si el objeto social de las escrituras constitutivas de la persona moral se dedique a actividades relacionadas con la rama industrial de hidrocarburos, o incluso, que por la denominación de la fuente de trabajo, o funciones del obrero, se esté en presencia de tal rama industrial; o en su defecto, que laborara en una zona federal, en aguas territoriales o bien, en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. Lo anterior, pone de manifiesto que no existían datos suficientes, que acreditaran plenamente que el Tribunal Laboral Local, era legalmente competente para conocer de la demanda de mérito, por tanto, éste último no debió haber aceptado la competencia planteada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, sino continuar con el procedimiento previsto en el artículo 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo, relacionado con la decisión de competencias entre el Tribunal Federal y Local. Es decir, remitir los autos con su decisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en esta ciudad, para que decidiera la competencia planteada. Por otra parte, tampoco constituye un obstáculo que el Tribunal Federal, haya citado en el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, como antecedente que la demandada Industrial Perforadora de Campeche, sociedad anónima de capital variable, había sido demandada en otros procedimientos, señalando como ejemplo el juicio de amparo directo 1735/2019, relacionado con el diverso 1736/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en donde se advertía que la autoridad responsable era la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, corroborando así que el conocimiento de esos asuntos es de orden local. Lo anterior, pues si bien en ese juicio citado se advierte que una autoridad local laboral, conoció del conflicto de trabajo entre un trabajador e Industrial Perforadora de Campeche, sociedad anónima de capital variable; sin embargo, existen también diversos juicios de amparo relacionados con la misma demandada y la Junta Especial 36 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tabasco, un ejemplo de ello es el juicio de amparo directo laboral 16/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en el que en ejecutoria de ocho de septiembre de este año, negó el amparo a Luis Arturo Rodríguez Hidalgo, respecto del laudo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral 114/2015, formado con motivo del actor mencionado en contra de Industrial Perforadora de Campeche, sociedad anónima de capital variable. De ahí que, por ello se tienen que analizar los supuestos aquí señalados para definir la competencia en razón de fuero.". Con motivo de lo anterior, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Deje insubsistente el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno y como consecuencia el diverso de quince de septiembre de este año, dictados en el cuaderno provisional y expediente 161/2021, en el que aceptó la competencia por materia planteada, y dicte uno nuevo en el que, de acuerdo a los lineamientos expuestos en este fallo, no acepte la competencia planteada por Tribunal Federal de Asuntos Individuales con sede en Villahermosa, Tabasco y continúe con el procedimiento previsto en los artículos 701 y 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo, es decir remitir los autos con su decisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en esta ciudad, para que resuelva el conflicto competencial". Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 161/2021, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, los acuerdos de veintiséis de agosto y quince de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, se obtiene que no aceptó la competencia planteada por el Tribunal Federal de Asuntos Individuales con sede en Villahermosa, Tabasco y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva el conflicto competencial. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Ahora, al desahogar la vista relacionada con el informe de cumplimiento de la sentencia en cuestión, la parte quejosa solicitó la aclaración de la misma por considerar que: el Juez de Distrito es el competente PARA RESOLVER, y en su caso, restituir el derecho violentado cuando las partes impugnen el acuerdo por el que el órgano acepta una competencia que no le corresponde, es decir, estamos en presencia de un supuesto totalmente distinto, por ende, los efectos concedidos en la sentencia, carecen de seguridad jurídica al quejoso, pues el hecho de no establecer prudentemente los efectos de la concesión, implicarían denegación de justicia y dilación, al establecer esos lineamientos bajo los que fue concedida la resolución, dado que, posiblemente el Tribunal Colegiado pudiese interpretar en sentido contrario los argumentos del juzgador de amparo, además que en la sentencia emitida por este juzgado de distrito no se está restituyendo el derecho violentado sobre los actos reclamados, sino sometiendo la decisión a otro órgano diverso. Así, de la lectura podemos advertir que el Juez de Distrito fue el competente para RESOLVER, es decir, no debe someter su decisión a diverso órgano a través de un procedimiento distinto sobre un supuesto de acto que no aconteció, sin que deba soslayarse que los actos reclamados fueron tanto la declaración de incompetencia como la de aceptación, por lo tanto, el juez de distrito es el competente para dirimir la controversia. Por ello considero oportuno se aclare el efecto de la concesión y se ordene al Tribunal Federal Laboral de asuntos individuales que a su vez, deje insubsistente el acuerdo por el que declina y se avoque al conocimiento del asunto y por parte del Tribunal local, ordene la devolución de los autos al federal, toda vez que no se altera la consideración de la competencia, sino únicamente los efectos y con ello se restituiría el derecho violentado y se brindaría seguridad jurídica al quejoso. Finalmente, en caso de que el suscrito deba interponer recurso de revisión en contra de la sentencia, no alteraría la parte considerativa, sino únicamente los efectos, sin embargo, el tiempo de resolución podría extenderse a más de un año sin que el quejoso se le dote de una resolución completa y lo mismo acontecería con la resolución que en su momento pudiese emitir el Tribunal Colegiado.". Es improcedente la solicitud de aclaración de sentencia porque, de acuerdo con el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo, ello es viable solamente para corregir los posibles errores del documento, a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. En el caso, como quedó establecido anteriormente, en las consideraciones que sustentan el fallo protector, se dijo que no existían datos suficientes que acrediten plenamente que el Tribunal Laboral Local, es legalmente competente para conocer de la demanda laboral en cuestión, por tanto, no debió aceptar la competencia planteada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, sino continuar con el procedimiento previsto en el artículo 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo, relacionado con la decisión de competencias entre el Tribunal Federal y Local, y remitir los autos con su decisión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en esta ciudad, para que decidiera lo conducente. De ahí que los efectos de la ejecutoria de amparo son congruentes con las precitadas consideraciones, por ello, es improcedente la solicitud de aclaración de la misma, pues de hacerlo, se alteraría la sustancia de la sentencia, esto es, el acto jurídico decisorio, ya que en la misma no se definió que la competencia le correspondiera a uno u otro órgano jurisdiccional, tan es así que se citaron diversos precedentes que sostienen criterios divergentes en relación al tópico de mérito. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Luego, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de dicho acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
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