David Pérez Gutiérrez

Expediente 291/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
291/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • David Pérez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tvi.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra del auto de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 46 a la 49), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (S.I.S.E.). Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, inciso II), del Acuerdo de referencia, pues, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia el once de mayo de dos mil dieciocho. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia, y; Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Asimismo, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Finalmente, reexpídanse los oficios 12169/2019 y 12170/2018, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Ana Karen Userralde Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AEVR 15838 y 15840 Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra del auto de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 46 a la 49), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (S.I.S.E.). Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, inciso II), del Acuerdo de referencia, pues, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia el once de mayo de dos mil dieciocho. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia, y; Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Asimismo, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Finalmente, reexpídanse los oficios 12169/2019 y 12170/2018, lo anterior para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Toluca, México; once de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, por medio del cual remite la segunda parte del copia certificada del auto de veintitrés de abril del año en curso, así como las constancias de notificación a las partes, dictado en los autos del expediente laboral 209/2016 de su índice. Atento a lo anterior, resulta conveniente hacer un análisis de los autos que integran el presente juicio de amparo, de los cuales se evidencia que el quejoso David Pérez Gutiérrez, reclama la abstención y omisión al no dictar y notificar oportunamente el acuerdo en que admita y ordene desahogo de pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente 209/2016, del índice estadístico de la Junta Especial Número Veintinueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México. Sin embargo, como se advierte del oficio presentado en la oficialía de correspondencia común de este juzgado (fojas 24 a 26), el veintitrés de abril del año en curso, emitió el auto correspondiente a la reserva de pruebas el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, dictado en los autos del expediente laboral 209/2016; adjuntando además las constancias de notificación a las partes de la referida determinación en el oficio que se provee en el presente acuerdo. Documentos a los cuales se le concede valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. Así las cosas, si el quejoso se dolía de la conducta omisiva en dictar el auto en el que admitiera las pruebas y señale fecha para su desahogo en el expediente laboral 209/2016; sin embargo, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, remitió copia certificada del auto de veintitrés de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio laboral de origen, en el cual se advierte que se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha para el desahogo de dichas probanzas, ordenando la notificación a las partes de la referida determinación, lo cual aconteció el veintisiete de abril del año en curso, respecto a la parte quejosa, en tanto, para el tercero interesado se le notifico el veinticuatro de abril pasado. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aún cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía el acto de molestia del que se duele el promovente de este juicio, éste ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la admisión y desahogo de pruebas, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, con número de registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, con número de registro 197367, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63 fracción IV, ambas de la ley en cita, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cinco minutos del veinticinco de mayo del año en curso, se deja sin efectos por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Ana Karen Userralde Hernandez, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, por medio del cual remite la segunda parte del copia certificada del auto de veintitrés de abril del año en curso, así como las constancias de notificación a las partes, dictado en los autos del expediente laboral 209/2016 de su índice. Atento a lo anterior, resulta conveniente hacer un análisis de los autos que integran el presente juicio de amparo, de los cuales se evidencia que el quejoso David Pérez Gutiérrez, reclama la abstención y omisión al no dictar y notificar oportunamente el acuerdo en que admita y ordene desahogo de pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente 209/2016, del índice estadístico de la Junta Especial Número Veintinueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México. Sin embargo, como se advierte del oficio presentado en la oficialía de correspondencia común de este juzgado (fojas 24 a 26), el veintitrés de abril del año en curso, emitió el auto correspondiente a la reserva de pruebas el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, dictado en los autos del expediente laboral 209/2016; adjuntando además las constancias de notificación a las partes de la referida determinación en el oficio que se provee en el presente acuerdo. Documentos a los cuales se le concede valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. Así las cosas, si el quejoso se dolía de la conducta omisiva en dictar el auto en el que admitiera las pruebas y señale fecha para su desahogo en el expediente laboral 209/2016; sin embargo, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, remitió copia certificada del auto de veintitrés de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio laboral de origen, en el cual se advierte que se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha para el desahogo de dichas probanzas, ordenando la notificación a las partes de la referida determinación, lo cual aconteció el veintisiete de abril del año en curso, respecto a la parte quejosa, en tanto, para el tercero interesado se le notifico el veinticuatro de abril pasado. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aún cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía el acto de molestia del que se duele el promovente de este juicio, éste ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la admisión y desahogo de pruebas, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, con número de registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, con número de registro 197367, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63 fracción IV, ambas de la ley en cita, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cinco minutos del veinticinco de mayo del año en curso, se deja sin efectos por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VI.- El estado procesal del sumario evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, por auto de tres de mayo de la presente anualidad, se requirió a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, a fin de que remita copias certificadas de la última foja del auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral J.29/209/2016, así como la notificación realizada al quejoso sin que a la fecha las haya remitido. Por tanto, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y no trasgredir las reglas procedimentales que rigen al juicio de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, se ordena diferir la audiencia constitucional prevista para celebrarse el día de hoy y se fija como nueva fecha las diez horas con cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.

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