David Pérez Damaso
Expediente 796/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- David Pérez Damaso
- José Pérez Dámaso
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad; deducido del recurso de queja 168/2022, derivado del juicio de amparo 796/2022-II-A; mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la cual en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por David Pérez Damaso, por propio derecho, y en representación de los quejoso Dorotea Damas Trejo, Adolfo, José y Bonifacio, de apellidos Pérez Damaso, contra el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 796/2022-II.". Acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber lo anterior al promovente de amparo y realícense las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso b) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Ofelia Pérez Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el que acusa recibo del original y copia del recurso de queja hecho valer; asimismo hace del conocimiento que se admitió a trámite el mismo, y que quedó registrado con el número de control interno 168/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Tanya Sarai Fuentes González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ****, quejoso en el presente asunto, por el que interpone recurso de queja, en contra de la resolución de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio de garantías en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 102 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios, con su respectiva copia, así como las copias certificadas de las constancias que al efecto se estimen pertinentes. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda firmado por , por su propio derecho y en representación de ***, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 796/2022-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ACTOS RECLAMADOS La parte quejosa señala como actos reclamados los consistentes en: "a) La omisión de dictar acuerdo o la resolución correspondiente al incidente de recusación sin expresión de causa, planteado en autos por la parte demandada en el cual acepte o decline conocer el asunto por competencia.--- b) El acuerdo de fecha 29 de abril de 2022, por medio del cual realiza requerimiento al suscrito con el objeto de aclarar diversa promoción, notificado por lista el día 03 de mayo de 2022, por lo cual la autoridad señalada como responsable se ha abocado a conocer del asunto sin emitir resolución al incidente de recusación sin expresión de causa planteado por la C. Juana Damaso Trejo y/o Juana Damazo Trejo, dentro del juicio de origen, esto mediante acuerdo de fecha 18 de febrero de 2022, dictado por el Juzgado Mixto de Zimapan, Hidalgo, que a la letra dice:--- (.).--- c) El auto de fecha 29 de abril de 2022 (sic) el Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar del Circuito Judicial de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, notificado por lista en fecha 03 de mayo de 2022, realizó requerimiento al suscrito; por lo cual el Juzgado en turno asumió y aceptó la competencia a su favor, la cual le fue declinada sin emitir resolución alguna." DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De un análisis de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós por medio del cual se le realiza un requerimiento con el objeto de que previo al pronunciamiento del incidente de recusación sin expresión de causa, proporcionara un domicilio para oír y recibir notificaciones en Ixmiquilpan, Hidalgo. Respecto de dichos actos reclamados, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Es de precisarse, que el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que repudien violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enuncia: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Luego, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso de manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a cuestiones que se encuentran en trámite en un juicio sucesorio intestamentario en el que los ahora quejosos figuran como parte interesada, por lo que, el acto que reclama en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación, en virtud de que dicha determinación no le causa perjuicio de difícil reparación o que viole sus derechos sustantivos, ya que si como refiere reclama la omisión de dictar acuerdo o resolución correspondiente al incidente de recusación sin expresión de causa, planteado por la parte demandada en el cual se acepte o decline conocer el asunto por competencia y el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós por medio del cual se les requirió a los quejosos aclarar una diversa promoción, se advierte pueden hacer valer los recursos que estimen pertinentes, antes de eso no podrá asistir amparo En apoyo a las consideraciones anteriores se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintitrés del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte que es del tenor siguiente: "PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Asimismo, tiene aplicación por analogía la tesis I.13o.A.3 K, visible en la página 1742 del tomo XIII, Marzo de 2001, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente expone: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Luego, es inconcuso que no existe en autos algún elemento que revele que el acto destacado como reclamado afecte real y (en su esfera de derechos como particular) directamente los derechos jurídicamente tutelados de la quejosa, toda vez que no demuestra de manera objetiva que hasta este momento que el acto impugnado, le haya vulnerado su esfera jurídica. Por lo tanto, si para la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, situación que en la especie no aconteció, ya que lo actuado en el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós por medio del cual se le realiza un requerimiento con el objeto de que previo al pronunciamiento del incidente de recusación sin expresión de causa, proporcionara un domicilio para oír y recibir notificaciones en Ixmiquilpan, Hidalgo, no le causa perjuicio, por lo que, el acto que reclama en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación, sino que será con el medio de impugnación en contra en caso de que después de desahogar el requerimiento formulado por el Juez responsable no se pronunciara de que acepte o decline conocer de la competencia de dicho asunto, pudiendo hacer valer los recursos que estime pertinente, antes de eso no podrá asistir amparo ya que el proveído en el que se le requiere desahogue la prevención, por el momento no le causa perjuicio ya que posterior a ello, podrá pronunciarse respecto de la competencia del incidente. De modo que, ante la ausencia de agravio personal y directo del justiciable, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto, debe concluirse que el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós por medio del cual se le realiza un requerimiento con el objeto de que previo al pronunciamiento del incidente de recusación sin expresión de causa, proporcionara un domicilio para oír y recibir notificaciones en Ixmiquilpan, Hidalgo, no constituye un acto que hasta la fecha afecte directa y materialmente un derecho sustantivo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Décima Época registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, página 1086, del texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada de no vinculación a proceso, no le afecta y no le podría causar un perjuicio ni con lo resuelto ni a futuro ya que su consecuencia es tener por concluido el proceso penal. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Por tanto, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, ante su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia, por lo que hace al acto reclamado en estudio. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Victoria González Cerón, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO Se requiere a las partes para que señalen número de teléfono y correo electrónico, como medios de comunicación alterna. En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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