David Pérez Alcantar

Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
281/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua
  • David Pérez Alcantar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    QUEJOSO: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, y en atención a su contenido se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, asimismo, se ordena recabar copias de dicho escrito y distribuirlas entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, y en atención a su contenido se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, asimismo, se ordena recabar copias de dicho escrito y distribuirlas entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por los quejosos,********************por conducto de su apoderado legal ********************, ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Capital, y otras autoridades; y,********************R E S U L T A N D O:********************Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de marzo dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que por razón de turno tocó conocer a este juzgado,********************por conducto de su apoderado legal ********************, ********************, promovieron demanda de amparo, contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, Secretario de Hacienda y Recaudador de Rentas, del Estado de Chihuahua, a quienes reclamaron:********************"IV. ACTOS RECLAMADOS.********************1. El Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama la discusión, aprobación y expedición del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1, 1.5, 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la discusión, aprobación y expedición de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación o la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua se reclama la promulgación y orden de publicación del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 254 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1. 1.5. 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la promulgación y la orden de publicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LLXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************3. Del C. Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclama el refrendo del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1. 1.5. 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama el refrendo de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************4. Del C. Director del Periódico Oficial del Estado se reclama la publicación del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1, 1.5 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.81.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre la Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la publicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************5. Del C. Secretario de Hacienda se reclama la aplicación del "Decreto No. LXVII/APLIE/047/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, especialmente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1, 1.5 1.5.1.1. 1.8.1 1.8.1. 1.8.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la aplicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************6. Del C. Recaudador de Rentas, se reclama la aplicación del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1. 1.5 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuestos Sobre Nómina del mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la aplicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; por lo que, ********************C O N S I D E R A N D O:********************Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, Constitucionales, 1, fracción I, 37, primer párrafo, y 107, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción.********************Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de la siguiente manera:********************Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía.********************Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes:********************1. Del Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama la discusión, aprobación y expedición del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1, 1.5, 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la discusión, aprobación y expedición de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación o la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************2. Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua se reclama la promulgación y orden de publicación del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1. 1.5. 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la promulgación y la orden de publicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LLXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************3. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclama el refrendo del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1. 1.5. 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama el refrendo de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************4. Del Director del Periódico Oficial del Estado se reclama la publicación del "Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1, 1.5 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.81.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre la Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la publicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************5. Del Secretario de Hacienda se reclama la aplicación del Decreto Número LXVII/APLIE/047/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, especialmente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1, 1.5 1.5.1.1. 1.8.1 1.8.1. 1.8.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuesto Sobre Nómina, así mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la aplicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************6. Del Recaudador de Rentas, se reclama la aplicación del Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2022, específicamente por lo que hace a los ARTÍCULOS PRIMERO NUMERALES 1. 1.5 1.5.1 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 Y NOVENO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, de los cuales se desprenden el Impuesto Sobre Nómina, las Contribuciones Extraordinarias del 10% y 5% a cargo de los sujetos causantes del Impuestos Sobre Nómina del mismo se desprenden el Impuesto Adicional Universitario para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.********************Igualmente se reclama la aplicación de la reforma a los artículos 79 y 82 correspondiente al Impuesto Adicional Universitario y la modificación a la tasa del Impuesto Sobre Nómina prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, publicada mediante el Decreto No. LXVII/RFLEY/0108/2021 IP. O. en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de diciembre de 2021.********************Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata.********************Tercero. La inexistencia de los actos reclamados quedo demostrada en autos.********************No resultan ciertos los actos reclamados en este juicio al Secretario de Hacienda responsable, pues en el informe justificado expresamente se negó su existencia, por lo cual, en todo caso, corresponde a la parte quejosa desvirtuar esa negativa.********************Por lo que, ante esa negativa, a la parte impetrante toca demostrar la existencia de los actos reclamados relativos, en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones existe una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata.********************A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente:********************"PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin."********************Por lo tanto, subsiste para efectos del juicio de amparo la negativa de que se trata, a final de cuentas porque la parte promovente no la desvirtuó a pesar de que tiene la carga de la prueba, toda vez que no ofreció medio probatorio alguno para probar el acto reclamado, por lo cual resultan inexistentes los actos que nos ocupan.********************Por otra parte, tampoco son ciertos los actos reclamados en este juicio de amparo -cobro, recepción y facturación-, aun cuando la autoridad responsable aceptó su certeza en el informe justificado -Recaudador de Rentas-, pues la verdad es que tal existencia aparece desvirtuada en el presente juicio, básicamente, porque en la especie fue la parte impetrante quien enteró la contribución sin intervención de alguna autoridad al respecto.********************Si bien, en el presente controvertido constitucional, se advierte no solo la manifestación de la parte quejosa en torno a que fue ella quien, justamente, enteró la contribución respectiva, sino también que, lejos de encontrarse contradicha tal afirmación, se refuerza con las pruebas exhibidas en la presente vía, a las que se otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en las que se describe que no hay participación de las autoridades responsables en los actos que nos ocupan, básicamente porque lo único que revelan es que la parte impetrante se autoaplicó las normas del impuesto sobre nóminas junto con sus contribuciones extraordinarias.********************Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: ********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226. Página: 153.)********************"DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados no reconocidos, pero tampoco objetados por la parte a quien perjudican, determinan que sí pueda otorgárseles valor probatorio, el que, según las circunstancias, puede ser pleno." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: XX, Cuarta Parte. Página: 122.)********************"DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados provenientes de terceros, rendidos como prueba en el juicio y relacionados con el asunto que se ventila, cuando no son objetados por las partes contrarias, deben tenerse por admitidos y surtir sus efectos como si hubieren sido reconocidos." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVIII. Página: 2171.)****************************************Luego, si en este caso se cubrió tal contribución de parte de la quejosa -motu proprio-, queda demostrado que la autoridad responsable relativa no tuvo participación o injerencia en la aplicación y ejecución de los decretos que nos ocupan en esta vía.********************Por si fuera poco, a criterio de este juzgador el que la parte quejosa se autoaplicara las normas generales relacionadas con la contribución reclamada en el presente juicio, no significa que el cumplimiento debe atribuírsele a la autoridad de que se trata, porque lo que significa, en el mejor de los casos, es que la parte impetrante se colocó, por sí, en las hipótesis previstas en dichas disposiciones jurídicas, sin necesidad de algún acto específico de autoridad.********************No sobra mencionar que la recepción del pago de que se habla, no constituye un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, porque solamente demuestra la voluntad de la parte quejosa exteriorizada al respecto, pero no implica que el cumplimiento debe atribuirse a la autoridad relativa, por lo cual las circunstancias especiales que rodean el pago y su recepción por la autoridad, no desnaturalizan el carácter del propio acto.********************Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: ********************"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 196. Página: 3808.) ****************************************"RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY. El hecho de que en el juicio de amparo contra leyes el quejoso pruebe a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, no conduce a tener por ciertos los actos de aplicación y ejecución atribuidos a las autoridades hacendarias, ya que para ello no solo debe advertirse la intervención que éstas hubieren tenido en la recaudación del impuesto respectivo, sino que deben actuar en cumplimiento a las normas reclamadas, es decir, deben hacer cumplir las obligaciones que dimanen de ellas, aun en forma coactiva, sin que dicha retención tributaria conlleve la aplicación o ejecución de la ley por parte de las autoridades, en tanto que el patrón aplica la norma sin intervención de la autoridad fiscal y, por otra parte, si bien esta última tiene facultades para recaudar la contribución, no significa que haya ejecutado la ley tributaria. De ahí que la demostración de la retención en el juicio de amparo no desvirtúa la negativa de los actos de aplicación y ejecución que manifestó la autoridad hacendaria responsable al rendir su informe justificado, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías únicamente respecto a tales actos, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, mas no respecto de la ley reclamada, porque la retención es un acto de aplicación que permite impugnarla." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 180. Página: 3788.)****************************************"AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 35. Página: 3609.)****************************************"LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." (Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo: I, Constitucional, P.R. SCJN. Tesis: 1673. Página: 1167.)****************************************Con lo anterior queda de relieve que las constancias de este juicio, en sí, resultan suficientes para probar la inexistencia de los actos que nos ocupan, porque no se advierte dato o elemento que demuestre, realmente, la intervención de las autoridades en el pago o en el cobro de la contribución correspondiente, traducida en la aplicación y ejecución de los decretos relativos.********************En tal virtud, por más que la autoridad aceptara los actos que nos ocupan, la verdad es que dicho reconocimiento aparece desvirtuado en el presente juicio, a final de cuentas porque quedó legal y plenamente probado que la autoridad local no tuvo una participación en los actos de que se trata, por lo cual, lo conducente es tenerlos por inexistentes para esta vía.********************Sobre ese particular, cabe citarse las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: ********************"ACTO RECLAMADO, PRUEBA QUE DESVIRTUA LA PRESUNCION DE CERTEZA DEL. La presunción que contempla el artículo 149 de la Ley de Amparo cede ante el contenido del informe justificado de otra autoridad señalada también como responsable, si ésta confiesa y demuestra que ella ha sido quien dictó las órdenes combatidas, de donde se concluye que la autoridad que no rindió informe no pudo haberlas dictado." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: LXXXV, Tercera Parte. Página: 11.) ******************** ********************"ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. Si las autoridades ejecutoras no rinden informes, pero aquéllas a quienes se atribuye haber ordenado el acto, lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CI. Página: 1472.) ****************************************"ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS, CUANDO FALTAN LOS INFORMES JUSTIFICADOS. Aunque algunas autoridades responsables no hayan producido los informes que les correspondían, esa omisión no puede engendrar la presunción de certeza de los actos que el quejoso reclamó de ellas, si se desprende la inexistencia de los mismos, del informe que rindió otra autoridad responsable." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCV. Página: 356.) ********************Por tanto, ante la inexistencia de todos los actos reclamados que nos ocupan en el presente considerando, propiamente, no hay materia en el juicio, motivo por el cual lo conducente es sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************Cuarto. La existencia de los actos quedó demostrada en el juicio que nos ocupa.********************En efecto, resultan ciertos los actos atribuidos de las restantes autoridades responsables, Congreso, Gobernadora, Secretario General de Gobierno y titular del Periódico Oficial, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, todos ellos del Estado de Chihuahua, pues al rendir sus informes justificados reconocieron su existencia, lo cual, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°.********************Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como las reclamadas en este juicio, justamente, no solo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, por virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por lo cual este juzgador no está en condiciones de desconocerlas.********************Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos setenta, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, visible en la página cuatro mil sesenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que dicen así:********************"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo."********************Por lo anterior, quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional.********************Quinto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes.********************Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así:********************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." ********************A consideración del suscrito juez, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, de tal ordenamiento legal, porque la parte inconforme no combatió, por vicios propios, el refrendo y la publicación de las normas.********************En principio, es necesario tener presente el texto del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por ser el que prevé la causal de improcedencia que opera en el caso concreto. Dicho precepto legal, en lo que interesa, es del tenor siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.) ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."********************Como puede verse, en la reproducida fracción se establece la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, por una causa distinta a las descritas en las veintidós fracciones precedentes, como es la que puede derivar de alguna disposición de la carta magna o de la propia ley de la materia.********************Esto implica que los supuestos legales previstos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos que dan pie a la improcedencia en el juicio de amparo, porque ante lo previsto en la última fracción del precepto legal de que se trata, existe la posibilidad de que la vía constitucional sea improcedente por la aplicación de alguna norma constitucional o de la ley de la materia.********************En esas condiciones, es de advertirse que ese numeral no contiene, en sí, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por ser una norma de eficacia operativa dependiente del contenido de otra de nuestra carta magna o de la ley de la materia. De ahí, pues, que la configuración abierta de tal disposición permite identificar cualquier otro supuesto constitucional o legal que, dada su naturaleza jurídica, imposibilite la procedencia de la acción de amparo.********************Esta configuración abierta del supuesto normativo que dé lugar a la improcedencia del juicio, dado que el legislador solamente previó la consecuencia -improcedencia de la acción-, debe interpretarse en función del principio de seguridad jurídica, de ahí la necesidad imperiosa de relacionarlo con presupuestos de los previstos exclusivamente en el Pacto Fundamental y en la Ley de Amparo.********************Lo anterior es jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la estructura de la norma legal como supuesto y consecuencia, conforme con la cual la improcedencia abierta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, califica como una consecuencia y no como un supuesto jurídico, pues este último es precisamente el motivo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo.********************Luego, si la carta magna o la ley de la materia contienen una consecuencia específica para un supuesto normativo, no es dable atribuirle la consecuencia de improcedencia, de ahí que, se insiste, para la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es necesario la existencia de un motivo legal que no tenga una consecuencia expresa diversa a la improcedencia del juicio en sí.********************Por tanto, la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, debe derivar necesariamente de cualquier disposición de nuestra carta magna o de la Ley de Amparo, lo que implica que las veintidós primeras fracciones de ese numeral solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del propio juicio, los cuales, no son los únicos en los que la vía constitucional resulta improcedente, porque existen otras hipótesis que originan la improcedencia de que se trata, como son aquellas que pueden derivar tanto de la Constitución General de la República como de la ley de la materia.********************Bajo la óptica de este juzgador, la improcedencia del juicio deriva de la aplicación de una disposición contenida en la propia Ley de Amparo, en particular, la de su artículo 108, fracción III, en el cual se prevé uno de los requisitos legales que debe contener la demanda de amparo, que no es otro más que la designación de autoridades responsables, que tratándose de amparos contra leyes tiene una particularidad específica. Ese numeral dice así:********************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ********************(.) ********************III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;."********************De acuerdo con el precepto legal de que se habla, tratándose de amparos contra leyes, a las autoridades que intervengan en el refrendo y la publicación del decreto de que se trate, solo les asiste el carácter de autoridades responsables para efectos de la vía constitucional respectiva, cuando el quejoso impugne por vicios propios precisamente esos actos.********************En este caso, debe tenerse presente que la parte impetrante no controvierte, por vicios propios, los actos que nos ocupan, sino que lo hace por formar parte del proceso legislativo de las normas jurídicas combatidas en esta vía constitucional.********************Si esto es así, significa que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, de tal ordenamiento legal, si los quejosos no combaten por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general.********************Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil doscientos cuarenta y ocho de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, que dice así: ********************"AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo."********************Con esto termina el estudio oficioso respecto de las causales de improcedencia advertidas por el suscrito juzgador, por lo cual, lo que procede es realizar el análisis de las invocadas por las partes.********************Las autoridades responsables, Gobernadora, Secretario de Hacienda y el Secretario General, todas ellas del Gobierno del Estado de Chihuahua, señalan que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por ser extemporáneo el controvertido de amparo promovido por los quejosos,********************por conducto de su apoderado legal ********************, así como ********************, respecto de las normas impugnadas que determinan el impuesto universitario, previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, así como la contribución extraordinaria a cargo de sujetos que gravan el impuesto sobre nóminas del 10%, la contribución extraordinaria a cago de los sujetos que gravan el 5% sobre el Impuesto Sobre Nómina, vigentes para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintitrés.********************Resulta infundada la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables, lo anterior es así, en razón de que respecto de la persona moral ********************, realizó su pago con motivo de las normas impugnadas, el trece de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de recibo electrónico de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, con ******************** otorgado por el banco BBVA MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA MÉXICO, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, le inició el catorce de febrero de dos mil veintitrés y concluyó el seis de marzo de dos mil veintitrés, por lo que si la demanda se presentó hasta el seis de marzo de dos mil veintitrés, resulta oportuna su presentación por la persona moral quejosa.********************De igual forma, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables, respecto del quejoso ********************, quien realizó su pago con motivo de las normas impugnadas, el trece de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de recibo electrónico de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, con folio de internet ********************, otorgado por el banco BBVA MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA MÉXICO, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, le inició el catorce de febrero de dos mil veintitrés y concluyó el seis de marzo de dos mil veintitrés, por lo que si la demanda se presentó hasta el seis de marzo de dos mil veintitrés, resulta oportuna su presentación.********************Respecto de la diversa quejosa, ********************, quien realizó su pago con motivo de las normas impugnadas, el quince de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de recibo electrónico de fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, con folio de internet ********************, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, le inició el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés y concluyó el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por lo que si la demanda se presentó el seis de marzo de dos mil veintitrés, resulta oportuna su presentación.********************Por otra parte, la Gobernadora del Estado y el Secretario General de Gobierno, ambas del Gobierno del Estado de Chihuahua, señalan como causal de improcedencia, la contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, ello en razón de que la parte quejosa, carece de interés jurídico y legítimo, para impugnar la norma motivo del presente juicio constitucional, pues no se acredita la existencia de un acto de aplicación.********************Al respecto resulta pertinente, transcribir los preceptos legales que señalan las autoridades responsables.********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."********************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.********************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades."********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso."********************La causal de improcedencia señalada, resulta infundada, en virtud de que contrario a lo expuesto por las autoridades responsables descritas, los quejosos acreditaron su interés jurídico, con el pago de la contribución reclamada, como se advierte enseguida: ********************1. ********************, realizó su pago con motivo de las normas impugnadas, el trece de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de recibo electrónico de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, con ******************** otorgado por el banco BBVA MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA MÉXICO, por lo que se advierte que en el caso, resulta tener interés jurídico en el presente juicio.********************2. Por lo que respecta a ********************, quien realizó su pago con motivo de las normas impugnadas, el trece de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de recibo electrónico de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, con folio de internet ********************, otorgado por el banco BBVA MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA MÉXICO, por lo que se aprecia en el caso que tiene interés jurídico en este juicio.********************3. En relación con la diversa quejosa, ********************, quien realizó su pago con motivo de las normas impugnadas, el quince de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de recibo electrónico de fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, con folio de internet ********************, por lo que se aprecia que tiene interés jurídico en este controvertido de amparo, en tal sentido, de lo expuesto se advierte que la causal de improcedencia invocada resulte infundada.********************Ahora que quedó superada la procedencia del amparo que nos ocupa, lo conducente es examinar la constitucionalidad de las normas relativas, a la luz de los conceptos de violación.********************Procedencia. Es procedente este juicio en los términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, porque en la especie quedó demostrado tanto la existencia del acto a través del cual le fue aplicada a la parte impetrante la norma jurídica de que se trata, como la afectación y efectos directos en su esfera jurídica, por cubrir el impuesto sobre nóminas -tasa del 4%, 5% y 10%-.********************Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del país, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen:********************"LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo: I, Constitucional, P.R. SCJN. Tesis: 1794. Página: 1238.)****************************************"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección. Tesis: 348. Página: 4034.) ****************************************"AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Julio de 2002. Tesis: 2a. LXX/2002. Página: 445.)********************"TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS. La modificación a la tasa o tarifa de un impuesto constituye un acto legislativo nuevo, solo en cuanto a la transformación de la cuantía de dicho elemento esencial; y, en ese sentido, la hipótesis consistente en la decisión del legislador de modificar su importe puede impugnarse mediante el juicio de amparo, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del impuesto de que se trata que hubieran sido consentidos; salvo que la modificación de dicha tasa o tarifa hubiere repercutido directamente sobre algún otro elemento esencial del propio impuesto." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Tesis: 2a./J. 103/2015 (10a.). Página: 684.) ********************Ahora que quedó superada la procedencia del amparo que nos ocupa, lo conducente es examinar la constitucionalidad de las normas relativas, a la luz de los conceptos de violación.********************Sexto. Los conceptos de violación están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta ejecutoria por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este tribunal.********************Séptimo. Uno de los conceptos de violación es fundado.********************Asiste razón jurídica a la parte quejosa cuando alega las contribuciones establecidas en el artículo Noveno de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; ya que las exenciones o estímulos fiscales ahí contenidos, son susceptibles de ser analizadas en esta vía, dado que su vigencia se autoriza anualmente solo por ese ejercicio fiscal.********************Los quejosos********************por conducto de su apoderado legal ********************, así como ********************, aducen que el artículo Noveno de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, viola los principios de igualdad, universalidad y generalidad de los impuestos, en relación con el derecho humano de equidad tributaria, pues gravan un impuesto sobre nóminas sobre los pagos efectuados por los patrones derivados de la prestación de un servicio personal; en ese sentido, no debe distinguirse la actividad o fin que persigue.********************Agrega que el Estado y sus municipios, así como organismos descentralizados y demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía, pueden tener la misma situación jurídica relevante para efectos fiscales que los sujetos del impuesto, a los que se les exenta y, por ello, se transgreden los derechos de igualdad y equidad.********************De otro modo, el hecho generado del tributo no es un ingreso o una retribución por gasto, sino que grava los efectos del cumplimiento de una obligación puesto que el sujeto pasivo no lo es el trabajador sino el patrón quien paga el salario, por lo que el mismo establece una desigualdad tributaria.********************Puede haber patrones con menores recursos que el Estado y sus municipios, y aun así son sujetos del impuesto, tal como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede darse el caso en que el contribuyente, sin contar con recursos para sufragar la nómina, debe recurrir al endeudamiento, por lo que no se está dando un trato similar a los sujetos pasivos de la relación tributaria.********************Se estima fundado lo anterior, pues el artículo Noveno de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, es inconstitucional, porque crea un régimen diferenciado entre los causantes del Impuesto sobre Nóminas, enunciados en el artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua.********************En efecto, la excepción que establece la norma impugnada, sin importar la denominación, término o expresión que el legislador local le dio en su redacción, se traduce invariablemente en una exención del impuesto sobre nómina en beneficio exclusivo de un grupo de causantes, con exclusión del resto; sin justificación objetiva para establecer ese trato diferenciado.********************Es así, porque la exención de un gravamen es aquella figura tributaria en virtud de la cual se eliminan de la regla general de causación, por razones de conveniencia o política económica, ciertos hechos o sujetos imponibles, sin variar los elementos de la relación jurídico tributaria como sujetos, objeto, cuota, tasa o tarifa; a fin de constituir una situación de privilegio señalada por la ley en los términos estrictos en los cuales esté redactada, y cuya aplicación siempre es a futuro, temporal y con subsistencia hasta en tanto se modifique o derogue la disposición que la contiene.********************A partir de esta premisa, el estímulo fiscal contenido en la norma reclamada, consistente en el no pago de las referidas entidades públicas de las contribuciones y derechos estatales, las libera de la obligación tributaria derivada de la relación que guarda con el artículo 72, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, y las coloca, como consecuencia, en una situación de excepción a la hipótesis de la norma; sin que implique variación alguna en los elementos esenciales de la relación jurídico tributaria, pues tal exención se constriñe al ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y no modifica la norma de ley hacendaria que la prevé.********************De ahí que, a pesar del término utilizado por el legislador, se considere una exención, cuyo estudio debe ser abordado desde la perspectiva del principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando no modifica los elementos del tributo, la norma tiene un fundamento tributario, pues atiende a un hecho estrictamente fiscal.********************Acorde con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de equidad tributaria deriva explícitamente de lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y exige, en esencia, que los contribuyentes de un impuesto colocados en una misma hipótesis de causación, deban guardar una misma situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula; lo cual implica un trato igual a quienes se encuentren en una misma situación, y desigual a los que se encuentren en una situación diversa.********************En ese sentido, para poder cumplir con este principio, el legislador está facultado y tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que estas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extra fiscales.********************Ya lo dijo la Corte, en la jurisprudencia P./J. 24/2000, visible en el Semanario Judicial con registro 192290, en los términos siguientes:********************"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL". De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no solo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."********************En ese contexto, para realizar un juicio de igualdad en materia tributaria, es indispensable primero, determinar objetivamente cuál es el término de comparación entre dos cosas, situaciones o personas, para después concluir si se está ante un supuesto de sujetos en igual o análoga situación; o bien, si se les da un trato desigual a pesar de ser sujetos comparables.********************Luego, y solamente en caso de que se trate de sujetos iguales o comparables, debe examinarse si dicha diferencia de trato es constitucional.********************Al respecto, se deben tomar en consideración los parámetros que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, estableció en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, consultable con el registro digital 174247 de rubro y texto:********************"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no solo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado."****************************************Del tal criterio jurisprudencial, se desprende que, para determinar cuándo se cumple con el derecho de igualdad, debe tomarse en cuenta que:********************a) La distinción legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida;********************b) La distinción establecida resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, en consideración de la existencia de una relación instrumental; y,********************c) La distinción sea proporcional.********************Es importante destacar que el examen de los referidos parámetros para analizar el cumplimiento al derecho de igualdad, aplican a la materia tributaria, según lo ha sostenido la propia Primera Sala del Alto Tribunal, al emitir la jurisprudencia 1a/J. 97/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, página 231; con registro 173569; de rubro y texto siguientes:********************"EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad."********************En el presente asunto, la norma cuya constitucionalidad se impugna establece lo siguiente:********************"ARTÍCULO NOVENO.- Se otorga un estímulo fiscal, por el ejercicio fiscal 2022, al Estado y sus Municipios, así como a sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, consistente en el no pago de impuestos estatales, contribuciones extraordinarias o especiales, derechos, aprovechamientos, sus actualizaciones y accesorios, establecidos en las disposiciones fiscales del Estado, exceptuando los derechos de peaje y los derechos establecidos en los artículos 9, 10, 12, 198 y 199, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua. ********************El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, únicamente por lo que respecta al pago del Impuesto sobre Nóminas, no será aplicable tratándose de organismos descentralizados del Estado que reciban de manera parcial o total, recursos federales para el pago de su nómina.********************Los períodos de pago correspondientes al ejercicio fiscal 2022, que tengan que declararse en el mes de enero de 2023, gozarán del estímulo fiscal antes citado."********************Del análisis del precepto transcrito se advierte que el legislador local estableció la exención tributaria de que se trata, en el sentido de que las entidades públicas en él precisadas no pagarán en el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés ningún tributo o derecho estatal, con las excepciones que en el mismo precepto se precisan; lo anterior, a diferencia del régimen que en ese aspecto rige para la generalidad de los contribuyentes, en especial, para aquellos que, como los aquí quejosos, son causantes del Impuesto Sobre Nómina, previsto en los artículos 72 y 73 del Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua.********************Los cuales, son del tenor siguiente: ********************"ARTÍCULO 72. Son objeto de este impuesto los egresos en efectivo o en especie, que habitual o accidentalmente, se realicen por concepto de remuneración al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, siempre y cuando se generen dentro del territorio del Estado o los perciban personas domiciliadas en el mismo. Para los efectos de este impuesto, quedan comprendidas en el concepto de remuneraciones al trabajo personal, todas las contraprestaciones cualesquiera que sea el nombre con el que se les designe, ordinarias o extraordinarias, incluyendo sobresueldos, viáticos, gastos de representación, comisiones, primas, gratificaciones, rendimientos y otros conceptos análogos que se deriven de una relación laboral. ****************************************ARTÍCULO 73. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales, mexicanas o extranjeras; la Federación, el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales, así como los entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; y las unidades económicas que realicen pagos por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado en los términos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley."********************Ahora bien, de estos preceptos, se desprende la necesidad de establecer en qué consiste el impuesto en estudio. ********************Así, el Impuesto Sobre Nóminas consiste en gravar el pago en dinero o en especie que por concepto de remuneración al trabajo debe erogar un patrón, dentro del territorio del Estado de Chihuahua. ********************Asimismo, resulta necesario establecer, quiénes son los obligados por ese tributo; al respecto, debe decirse que los sujetos obligados son las personas físicas o morales que realicen esas erogaciones, así como la federación, el estado y sus municipios, sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales.********************De donde se sigue que la contribución en comento tiene un carácter objetivo, pues el hecho generador de la obligación tributaria se actualiza con el pago de sueldos o salarios a los trabajadores y empleados que integren la plantilla de los sujetos obligados, ya que ello presupone una manifestación de riqueza gravable; aspecto este que pone de manifiesto que todas las categorías de contribuyentes causantes del Impuesto Sobre Nóminas tributan igual.********************Sin embargo, a pesar de que las entidades públicas beneficiadas con la exención de pago contenida en la norma impugnada y las personas físicas, como morales (********************, ********************), que constituyen a la parte quejosa en este sumario, se encuentran en un plano de tributación igual en la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, precisando que el decreto impugnado solo libera del pago de ese tributo a las primeras, con exclusión de las segundas, sin que de la norma en su exposición de motivos, ni del informe con justificación rendido por las autoridades responsables se advierta si esa diferencia de trato persigue una finalidad constitucionalmente válida.********************En efecto, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1a/J. 55/2006, previamente trascrita, este tribunal de amparo debe analizar si la distinción en comento descansa en una base objetiva y razonable, y para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, pues el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas.********************Así, de la exposición de motivos de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se señala, esencialmente lo siguiente respecto del estímulo fiscal señalado en su artículo noveno: ********************"Estímulo del Artículo Noveno de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023. ********************En torno al diverso estímulo en materia del Impuesto Sobre Nóminas, establecido a favor de entes de derecho público, como lo son, entre otros, el Estado, los municipios del mismo, y sus organismos descentralizados, como ha sido notorio, el marco para la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos, ha implicado la continuidad en la satisfacción de las necesidades colectivas y en la mejora constante de una estrategia integral a mediano plazo, así como en la búsqueda y mantenimiento de un entorno estable y funcional, en la interacción del Estado con la sociedad, especialmente en el aspecto económico, financiero y fiscal. ********************Así, en la estrategia macro económica y fiscal para preservar la estabilidad de las finanzas públicas, el Estado, a fin de fomentar el crecimiento económico y recuperación del impacto del contexto económico internacional y de las situaciones a que se ha hecho mención, en las finanzas públicas locales, se incluyó en la política fiscal, el fortalecimiento de los ingresos a partir, precisamente, de la eficiencia recaudatoria. ********************Por consiguiente, a fin de no estorbar la agilidad con que los entes públicos, y especialmente la administración pública, deben coadyuvar en la visión integral de fortalecimiento económico estatal, a fin de atender las necesidades colectivas; es por lo que se incluye el estímulo fiscal, previsto en esta Ley de Ingresos, a efecto de que los órganos públicos en tal porción referidos no provoquen que el Estado como unidad, al destinar recursos a los presupuestos de cada órgano, se vea a su vez compelido a posteriormente recabar la reversión al patrimonio centralizado de parte de esos recursos, afectando la inversión que de los mismos se debe efectuar oportunamente, tanto respecto a compromisos existentes, como con los beneficiarios de sus programas en curso, en la apremiante meta a mediano plazo, cuya consecución se está persiguiendo; estímulo con el cual a su vez, se evitará a la postre, que los sujetos de derecho público beneficiarios del estímulo en trato, provoquen una mayor carga administrativa en el diseño de estrategias de apoyo financiero, para inyectar nuevamente solvencia en tales órganos, debido a la descapitalización provocada en cuanto a que los recursos asignados deban luego revertirse vía pago de contribuciones, lo que por un lado, les recorta su recurso, y por otro, ello se contrapone al trazo de metas emergentes que las necesidades colectivas les están demandado, para buscar y mantener constantemente la funcionalidad óptima del Estado. ********************Lo anterior, es decir, el dotarles de recursos y a la postre considerarlos pagadores de las contribuciones en trato, a su vez implica un costo operativo, en relación con el tiempo e inversión de insumos operativos que ello requiere, sin poderse disponer efectivamente de los recursos para la apremiante atención que demandan las necesidades colectivas que se exige de tales órganos; aunado a la pérdida de rendimientos que la dosificación planeada de tales recursos es susceptible de generar desde un origen; gravación que de exigirse su pago sin el estímulo, de entrada estorbaría en la agilidad con que se deben atender las necesidades del gasto; es por ello que se considera oportuna y necesaria la inclusión de tal estímulo fiscal, al compartir todos los entes públicos ahí mencionados la responsabilidad de enfocarse en la eficiencia recaudatoria, con respecto a la cual, resulta opuesta y distractora la remisión y reenvío de recursos de un patrimonio oficial a otro, a los fines por tal eficiencia perseguidos. ********************En tal contexto, conviene aclarar que el estímulo fiscal en trato, es tal, y por ende no constituye una exención, puesto que la causación de cada contribución se configurará, pero no se recaudará el pago a que hubiere lugar, implicando que al derogarse el estímulo, de ser el caso, automáticamente se ingresarán las contribuciones causadas a partir de ese ulterior momento, como se ingresan las de cualquier otro contribuyente que no participe de las características de que participan los sujetos del estímulo en trato. ********************Por consiguiente, el comentado estímulo permite enfocar de manera objetiva, razonable y con mayor precisión, los esfuerzos y recursos correspondientes a cada sujeto del estímulo, desde su origen en la planeación presupuestaria, para resolver las necesidades colectivas, acorde con los retos que se desprenden del plan estatal de desarrollo aplicable, lo que a su vez justifica constitucionalmente el trato fiscal derivado del comentado estímulo. ********************En tal tesitura, las consideraciones que preceden sobre la situación de las finanzas públicas locales y el contexto macroeconómico internacional, justifican el estímulo fiscal en trato, especialmente, considerando que tal estímulo en específico, permite que las entidades públicas avancen en la consecución de los objetivos que les atañen, como lo son, respectivamente: destinar mayores recursos a mejorar la infraestructura en salud, combate a la pobreza, obras públicas o desarrollo social, entre otros; por lo que, como se apuntó, de estarse distrayendo recursos asignados para cubrir su gasto público, para que el Estado nuevamente los ingrese vía recaudación y posteriormente los destine al gasto, ello genera de momento un retraso no acorde con la apremiante meta a mediano plazo en que está inmersa la Entidad Federativa. ********************Por lo que a raíz de la competencia de cada ente de derecho público, sujeto del estímulo, es que éstos forman parte de los órganos responsables de abatir de manera global las necesidades colectivas que el Estado enfrenta, por lo que es de crucial importancia esta etapa o ejercicio fiscal en que se sugiere incluir el estímulo en comento, a fin de eslabonar adecuadamente el proceso de mejora continua visualizado para el Estado. ********************Adicionalmente, considerando la situación objetiva de los contribuyentes u órganos oficiales sujetos del estímulo fiscal, cabe añadir, que es justificado el trato diferenciado entre estos sujetos de derecho público y el resto de los contribuyentes; en virtud de que la norma es producto de razones vinculadas con intereses sociales y económicos que no poseen el resto de los contribuyentes, al estar éstas directamente relacionadas con las actividades y funciones públicas a cargo de cada uno de dichos sujetos del estímulo, a fin de cumplir con los objetivos que les corresponden en el marco normativo estatal, según su respectivo ramo competencial; elementos que son válidamente susceptibles de considerarse en el ejercicio de la potestad tributaria, dentro de la cual se pueden ponderar tanto los elementos de cada contribución como los estímulos fiscales que se consideren aplicables, como en el caso acontece, por tratarse de sujetos de derecho público beneficiados con la norma, que por ese sólo hecho, de entrada, no están en condiciones iguales frente al resto de los contribuyentes. ********************Por ende, al perseguir el gasto público como meta sustancial, el brindar atención a las demandas ciudadanas; y considerando que la estimación de ingresos continúa considerablemente condicionada por el vigente proceso de restauración a mediano plazo en que aún se encuentra el Estado; subsistiendo compromisos financieros y especialmente, en el rubro que nos ocupa, en cuanto a la necesidad de apoyo a los organismos y dependencias que buscan como parte de la estrategia integral, hacer frente en el ramo que les compete, a las necesidades colectivas, en beneficio de mantener y propulsar la operación óptima del gobierno; es por lo que se considera de suma importancia la inclusión de este estímulo fiscal en la Ley de Ingresos en trato."******************** De lo anterior, se desprenden las razones por las que se restableció el estímulo fiscal en el artículo noveno de la legislación impugnada, las cuales son las siguientes: ********************1. La situación financiera era un elemento determinante para la toma de decisiones. ********************2. Evitar obstaculizar la agilidad con la que la Administración Pública Estatal y Municipal, debe coadyuvar en el fortalecimiento económico estatal, para atender las necesidades colectivas. ********************3. Evitar que los sujetos de derecho público beneficiarios del estímulo tengan una mayor carga administrativa y financiera, evitando que los recursos asignados deban luego revertirse vía pago de contribuciones, pues ello se contrapone al trazo de metas emergentes que las necesidades colectivas les están demandado para regularizar la funcionalidad del Estado y de los Municipios. ********************4. Enfocar de manera objetiva, razonable y con mayor precisión los esfuerzos y recursos correspondientes a cada sujeto del estímulo desde su origen en la planeación presupuestaria, para resolver las necesidades colectivas, acorde con los retos que se desprenden del Plan Estatal de Desarrollo en vigor, lo que a su vez justifica su establecimiento. ********************5. Finalmente, se señala que los estímulos otorgados no constituyen una exención, puesto que la causación de cada contribución se configurará, pero no se recaudará el pago a que hubiere lugar, implicando que al derogarse el estímulo, de ser el caso, automáticamente se ingresarán las contribuciones causadas a partir de ese ulterior momento, como se ingresan las de cualquier otro contribuyente que no participe de las características de que participan los sujetos del estímulo en trato. ********************Así las cosas, no obstante las razones antes señaladas, este órgano jurisdiccional estima que la exención contenida en el artículo noveno de la Ley de Ingresos, respecto del pago de impuestos estatales, contribuciones extraordinarias o especiales, derechos y aprovechamientos establecidos en las disposiciones fiscales del Estado, en favor del Estado y sus municipios, así como de sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, no descansan en una base objetiva y razonable, es decir, en una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. ********************Ello ya que lo hacen depender de la circunstancia de que los mencionados entes se encuentran financiados con recursos públicos presupuestados anualmente. En ese sentido, analizar la procedencia del pago del impuesto sobre nóminas atendiendo a la actividad realizada por el contribuyente o a la fuente de la que provienen los recursos con que paga la nómina o con que hace frente a la obligación tributaria, implicaría una solución específica atinente a las circunstancias particulares del caso, las cuales, no son idóneas para justificar la violación o inobservancia de los principios constitucionales.********************Aunado a lo anterior, se estima que la exención en cita resulta contraria a los fines pretendidos, pues exentar del pago a las entidades públicas en comento impide al estado avanzar en la consecución de los objetivos propuestos, como lo son: destinar mayores recursos a mejorar la infraestructura en salud, combate a la pobreza, obras públicas o desarrollo social, entre otros. ********************Ello de conformidad con lo que los mismos legisladores expusieron en la transcrita exposición de motivos, al señalar que "el estímulo fiscal en trato, es tal, y por ende no constituye una exención, puesto que la causación de cada contribución se configurará, pero no se recaudará el pago a que hubiere lugar". ********************En ese sentido, si dicha exención debe ser absorbida por el Estado y como consecuencia aceptar la disminución del ingreso por el concepto de dicha contribución, ello implica la disminución a su vez de la capacidad del Estado de presupuestar dichos recursos a los fines colectivos que persiguen, como son las necesidades colectivas, acorde con los retos que se desprenden del Plan Estatal de Desarrollo. ********************Por tales consideraciones, se concluye que el artículo noveno de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, resulta violatorio del principio de equidad, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ********************En esa tesitura, al resultar fundado el concepto de violación en estudio procede otorgar la protección constitucional, a los quejosos, ********************, ********************, y ********************, respecto del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, específicamente, su artículo noveno.********************En esas condiciones, al ser fundado el concepto de violación de que se trata, es innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación, porque aun cuando lo argumentado resultara fundado, no reportaría un mayor beneficio al obtenido con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo noveno del mismo ordenamiento legal.********************Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia mil trescientos treinta y cinco, sustentada por la extinta Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, visible en la página mil cuatrocientos noventa y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección, que dice así:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."********************Octavo. Conforme al numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos para los quejosos ********************, ********************, y ********************, a los que se concede la protección de la Justicia Federal, son los siguientes: ********************a) La autoridad exactora deberá hacer extensivo a ********************, ********************, y ********************, el beneficio contenido en el artículo noveno de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés (norma reclamada), única y exclusivamente en relación con el impuesto sobre nóminas, contribución extraordinaria del 10% (diez por ciento), contribución extraordinaria del 5% (cinco por ciento), únicamente por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en las jurisprudencias siguientes:******************** "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 183828); y ********************"EXENCIÓN PARCIAL DE UN IMPUESTO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS PRECEPTOS QUE LA PREVÉN, AUN CUANDO NO SE IMPUGNEN LOS QUE REGULAN EL MECANISMO ESENCIAL DE TRIBUTACIÓN." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 181334). ********************b) Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 188/2004 y tesis 2a. XXXII/2008, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad recaudadora deberá devolver a los quejosos, ********************, ********************, y ********************, las cantidades que pagó por concepto de impuesto sobre nómina, del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, contribuciones extraordinarias que gravan el mismo, a razón de diez y cinco por ciento, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en los preceptos normativos señalados como acto reclamado, es inválido el pago efectuado. ********************c) De igual forma, por ser el impuesto universitario un aspecto accesorio a las contribuciones citadas, debe devolverse a los quejosos, ********************, ********************, y ********************, la parte proporcional del mismo, conforme a las razones antes precisadas. ********************d) De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de dar su valor real al momento en que se efectuó y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ********************En consecuencia, tomando en cuenta que es a la autoridad exactora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. ********************Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 92, la cual contiene el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en las páginas 122 y 123 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, Tomo I, Parte SCJN, la cual transcribe a continuación:********************"AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." ********************De igual forma, apoya lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 251 del Semanario Judicial de la Federación 181-186 Primera Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto a la letra dicen: ********************"LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." ********************En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de las leyes censuradas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. ********************Apoya la consideración anterior, la tesis P.CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto a la letra indican: ********************"LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." ********************En virtud de lo anterior y, de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, la ejecución de la presente sentencia se ordenará hasta en tanto transcurra el término para la interposición del recurso de revisión, previsto por el numeral 86, del ordenamiento legal en cita, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. ********************Finalmente, debe precisarse que la cita de las jurisprudencias llevada a cabo, se realizó con sustento en los artículos transitorios sexto y décimo de la Ley de Amparo, este último en relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en vigor al día siguiente. ********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 217 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; se, ********************R E S U E L V E :********************Primero. Se sobresee en el presente juicio, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.********************Segundo. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, ********************, y ********************, respecto de los actos de autoridad precisados, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos indicados en el considerando último de esta sentencia. ********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.********************Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy once de agosto de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa DITMAR S. de R.L de C.V, David Pérez Alcantar y Mónica Patricia Mayen Virgen mediante su representante Jesús Alberto Salcedo Meraz la sentencia de once de agosto de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

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