David Peñas Londoño
Expediente 1409/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- David Peñas Londoño
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Mérida, Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Sin que sea obstáculo para declarar destruible este expediente, que en el presente asunto SE HAYA DECRETADO DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados, toda vez que dicha suspensión no se ubica en alguno de los supuestos que establece el referido Acuerdo General sin número, para calificar como depurable este expediente. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1409/2021-II-B, promovido por DAVID PEÑAS LONDOÑO, en contra del acto que reclama al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Mérida, Yucatán, y otras autoridades; y, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por DAVID PEÑAS LONDOÑO, en contra de los actos que reclamó al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Mérida, Yucatán, Subdirector de Regulación Migratoria y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de cinco de octubre del presente año, mediante el cual se desechó de plano la ampliación de demanda. En mérito de lo anterior, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por el quejoso DAVID PEÑAS LODOÑO, por medio del cual promueve ampliación de demanda, y señala como autoridades responsables y actos que les reclama, los siguientes: Del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Yucatán y de la Subdirectora de la Estación Migratoria de la Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Yucatán. Actos reclamados: a). La detención del quejoso por parte de agentes migratorios de la Delegación Federal en Mérida, Yucatán y la puesta a disposición ante la autoridad a efecto de sujetarlo al procedimiento administrativo correspondiente en términos del artículo 98 de la Ley de Migración y 200 de su Reglamento. b) La emisión del acuerdo de puesta a disposición de cinco de agosto del año en curso y sus consecuencias. c) La apertura del procedimiento administrativo migratorio número ********************. d) La privación de la libertad del quejoso en la estación migratoria. De la Jefa de Departamento adscrito a la Subdirección de Control y Verificación de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Yucatán. (Juana Elizabeth Ayala Funes) y del Agente Migratorio adscrito a la Subdirección de Control y Verificación de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Yucatán. (David Renán Gil Sánchez): Actos reclamados: a). La detención del quejoso por parte de agentes migratorios de la Delegación Federal en Mérida, Yucatán y la puesta a disposición ante la autoridad a efecto de sujetarlo al procedimiento administrativo correspondiente en términos del artículo 98 de la Ley de Migración y 200 de su Reglamento. b) La emisión del acuerdo de puesta a disposición de cinco de agosto del año en curso y sus consecuencias. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Actos reclamados: La expedición, aprobación y publicación de los artículos 98, 99, 100 y 101 de la Ley Migratoria. Al respecto se procede a realizar el siguiente análisis. Los artículos 111 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación de estas disposiciones legales, se desprende por una parte, que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando no hubiesen transcurrido los plazos para su presentación. O bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, en el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Subdirectora de la Estación Migratoria de la Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Yucatán, se advierte que desde el cinco de agosto de dos mil veintiuno, el directo quejoso fue notificado de la puesta a disposición ante la autoridad a efecto de sujetarlo al procedimiento administrativo correspondiente en términos del artículo 98 de la Ley de Migración y 200 de su Reglamento, notificándole en la misma fecha el acuerdo de puesta a disposición y de la apertura y/o inicio del procedimiento administrativo migratorio número ********************, que se sigue en su contra. Por tanto, es claro que los actos que plantea el quejoso vía ampliación de demanda, resultan extemporáneos. Ya que aplicando la primera regla establecida por el artículo 18 de la Ley de Amparo, resulta que el término de quince días para el ejercicio del juicio de amparo, empezó a contarse, a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto, esto es, el cinco de agosto de dos mil veintiuno, y feneció el veintiséis del mismo mes y año. Por lo que al haber sido presentada la ampliación de demanda hasta el uno de octubre del presente año, es inconcuso que ha transcurrido en exceso el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por ende, se han consentido tácitamente los actos que vía ampliación de demanda intentó reclamar el quejoso, por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto no nos encontramos en alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 20 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, ni de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyo caso la demanda puedo promoverse en cualquier tiempo. Por tanto, si la ampliación de demanda de amparo en estudio fue presentada ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el uno de octubre del año en curso, según se desprende del sello de recibido, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, el acto reclamado se considera como tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia analizada procede desechar de plano la ampliación de demanda de amparo promovida por el quejoso ********************Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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