David Parada Vázquez y Otros.
Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2021
Partes del expediente
- David Parada Vázquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como defensor particular de ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas. 2. Titular de la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General de Chiapas 3. Agente del Ministerio Público ***, Fiscal de la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General de Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 283/2021-4-B. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En la especie se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Los numerales 5° y 6° preinsertos, prevén las nociones de interés jurídico y legitimación. Al respecto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la diferencia entre ambos conceptos, al tenor de lo siguiente: Por interés jurídico -dijo- debe entenderse en forma abstracta y general, la facultad para el ejercicio de la acción constitucional derivada de la titularidad que al quejoso corresponde en relación con derechos o posesiones tutelados a través de normas de derecho objetivo, que resulten conculcados por los actos de autoridad contra los cuales se pide amparo. Mientras que la legitimación procesal, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Asertos que se encuentran recogidos en la tesis: "INTERES JURIDICO Y LEGITIMACION PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS." En esa tesitura, los preceptos jurídicos transcritos en párrafos precedentes, disponen que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del justiciable y, en ese sentido, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de una norma. Lo anterior, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y, por consecuencia, ese derecho protegido es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de amparo. En este contexto, se destaca que la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar -vía de amparo- algún acto, omisión o norma que estime violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma constitucional que se ve trasgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una disposición normativa, a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, o por el contrario, para que desaparezca, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley para que el gobernado exija determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizarla. Por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su acción u omisión. Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte física o jurídica a quien perjudique el acto o la ley que reclame; ese presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, requiere que el acto o ley reclamada cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, dicho numeral prevé que el quejoso podrá promover el juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido por la parte agraviada, por su representante legal, por su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. De ahí que, el concepto de legitimación procesal activa se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, la que se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer. Sirve de sustento a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO." Bajo el panorama expuesto, en el presente juicio constitucional la parte quejosa reclamó los actos que enseguida se transcriben: "1. La omisión de permitir consultar a la defensa del señor *** la carpeta de investigación ***, en cual tiene el carácter de imputado. 2. La omisión de permitir a la defensa aceptar y protestar el cargo conferido por *** la carpeta de investigación ***." Ahora bien, a efecto de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia invocada, se estima conveniente mencionar que quien acude a solicitar la tutela constitucional, se ostenta como defensor particular del ahora quejoso, por lo que es evidente que lo hace en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de l aLey de Amparo, mismo que a la letra dice: Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. [.]" Conforme a la disposición transcrita, se observa que el juicio de amparo en materia penal puede ser promovido por el defensor particular del quejoso, bastando que manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. Por tanto, para que el defensor particular promueva en nombre del directo quejoso es necesario que éste, bajo protesta de decir verdad, manifieste tener tal carácter, lo cual en el presente caso no se actualiza, aunado a que es evidente que no tiene reconocido el cargo de defensor, ya que precisamente uno de sus actos consiste en que aún no se le ha permitido protestar el cargo de defensor que le fue conferido por el ahora agraviado ***, en la carpeta de investigación ***. Además, en el apartado de antecedentes, específicamente en los puntos 27, 28 y 4, bajo protesta de decir verdad señaló lo siguiente: ".27. Derivado de lo anterior, es que en fecha 7 de mayo del presente año, se acudió ante la hoy responsable, Titular de la Fiscalía de la Homicidio y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a efecto de presentar escrito firmado por mi representado, *** dirigido a la carpeta de Investigación ***, en el cual entre otras cosas designaba como defensores, al suscrito y al señor ***, siendo que en específico en dicho escrito se estableció lo siguiente: "...Ahora bien, con fundamento en el artículo 1 párrafo tercero, 20 Apartado B fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vengo a designar como mis defensores a Ios Licenciados en Derecho ***, para que de manera conjunta o separada participen en mi defensa." 28. Escrito que fue recibido el mismo día 7 de mayo del presente año, señalando que personal que me recibió me informó de manera verbal, que no sería posible que se aceptara el cargo, ya que era una orden superior, pero que regresáramos el lunes (10 de mayo de 2021), a ver que nos volvían a decir. 4. En fecha 10 de mayo del presente año, es que la defensa del señor ***, acudió ante el Fiscal Lic. ***, FISCAL DE LA FISCALÍA DE HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE CHIAPAS, a efecto de solicitar acceso a la carpeta de investigación *** y para aceptar el cargo conferido por el Señor ***, sin embargo el servidor público ***, mencionó que por órdenes superiores no se podría aceptar el cargo, pero que regresáramos el próximo día miércoles 12 de mayo, a ver si ya le daban la indicación de que pudiéramos aceptar el cargo." De lo anterior, se evidencia que en el caso, si el escrito de demanda fue promovido por ***, quien se ostenta como defensor particular de ***, es dable advertir que al no haberse llevado la aceptación del cargo conferido por este último, no tiene el carácter de defensor particular de ***. En efecto, la manifestación de la parte quejosa en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que el promovente del amparo no tiene la calidad de defensor particular del quejoso ***, en la carpeta de investigación ***. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO." Aunado a lo anterior, no se advierte que el directo quejoso se encuentra imposibilitado para promover por propio derecho, o que el acto que reclama sea uno de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, en donde el amparo puede ser promovido por cualquier persona. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, quien se ostentó como defensor particular de ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ***, ya que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos del referido numeral a ***, ya que su cédula profesional no se encuentra registrada en el aludido sistema, así como a las demás personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Por otra parte, en atención a la solicitud que realiza el quejoso, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al quejoso ***, con los nombres de usuario *** y *** la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección Electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Respecto a la solicitud de que el juicio se tramite en línea, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena que las notificaciones a la parte quejosa en el presente expediente se realicen vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los fedatarios de la adscripción, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, de cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Por otra parte, respecto al número telefónico y correo electrónico que señala, no ha lugar a tenerlos como medios para oír y recibir notificaciones, ya que estos no se encuentran establecidos, ni reconocidos por la Ley de Amparo, para tales efectos; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de los mismos para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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