David Ortiz Valdez
Expediente 1049/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- David Ortiz Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el suscrito Jaime Santillán Chávez, secretario de juzgado, certifico que: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del siete al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de dos de septiembre del año en curso dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión por separado, en el que se concedió la suspensión provisional, sin que se haya exhibido garantía alguna; No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que transcurrió para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión provisional, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El dos de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con folio 16176 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta y anexos que remite la Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Capital de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante la cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso e informa que la liberación del vehículo marca Dodge línea Dakota, tipo Pick Up, color azul, modelo 1995, con número de serie 1B7FL26G9SW951265, fue realizado con motivo de la determinación de levantamiento de aseguramiento; circunstancia de la cual este Juzgador se hace sabedor. Asimismo; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remite, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En esta instancia constitucional, el acto reclamado consiste en la retención y aseguramiento del vehículo marca Dodge línea Dakota, tipo Pick Up, color azul, modelo 1995, con número de serie 1B7FL26G9SW951265, propiedad del aquí quejoso; sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que de las constancias que anexó la Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Capital de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, a su informe justificado recibido el veinticuatro de agosto del año en curso, indicó que el veinte de agosto de la presente anualidad le entregó al quejoso el oficio de liberación del vehículo automotor de su propiedad. Asimismo remitió copia cotejada del oficio 990/2022, emitido dentro de la Carpeta de Investigación número 7500/2022-8 y recibido en la misma fecha por el quejoso, del cual se advierte que autoriza al aquí quejoso para que reciba el vehículo marca Dodge línea Dakota, tipo Pick Up, color azul, modelo 1995, con número de serie 1B7FL26G9SW951265. Por su parte, en el oficio que se acuerda, la Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Capital de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, informa que la liberación del vehículo descrito en líneas precedentes, fue realizada con motivo de la determinación de levantamiento de aseguramiento y al efecto remite copia compulsada de la determinación de levantamiento de aseguramiento de fecha veinte de agosto del año en curso. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Así, los actos de los que se dolía el quejoso han quedado subsanado con la liberación y levantamiento de aseguramiento del vehículo automotor propiedad del quejoso. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta y cinco minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior; no obstante que mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso se le haya dado vista al quejoso respecto de la diversa autoridad Fiscal del Ministerio Público número dos de la Unidad de Recepción de Detenidos del distrito judicial de la capital; pues a ningún fin práctico conduciría la ampliación de la demanda respecto a dicha autoridad si los actos de los que se dolía el quejoso han desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El treinta de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con folio 15986. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos la promoción de cuenta que remite la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Capital mediante la cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por auto de veinticuatro de agosto del año en curso y al efecto remite diversas documentales. No obstante; no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento, toda vez que en el mismo le fue solicitado que informara si la liberación realizada mediante oficio 990/2022 al vehículo marca Dodge línea Dakota, tipo Pick Up, color azul, modelo 1995, con número de serie 1B7FL26G9SW951265, fue realizada o no, con motivo del levantamiento de su aseguramiento. Sin embargo; en el oficio que se provee, la autoridad responsable se limita a informar nuevamente que el vehículo descrito en el párrafo precedente fue liberado mediante oficio 990/2022; lo anterior pasando desapercibido el requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional. En tales condiciones; mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase nuevamente a la Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Capital para que dentro del término de tres días informe lo solicitado mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en dicho proveído. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones con folio 15643, 15659, 15661 y 15662. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta y anexos, signados por la Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia, Suboficial y Policías adscritos a la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública; todos con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su INFORME JUSTIFICADO. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas de las autoridades oficiantes, las documentales que anexan, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de su relación en la etapa procesal oportuna. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia se advierte que el vehículo marca Dodge línea Dakota, tipo Pick Up, color azul, modelo 1995, con número de serie 1B7FL26G9SW951265 fue liberado mediante oficio 990/2022, de veinte de agosto del año en curso. En tales condiciones, requiérase a dicha autoridad para que en el término de tres días informe a este Juzgado Federal si la liberación realizada al vehículo descrito en el párrafo precedente fue realizada o no, con motivo del levantamiento de su aseguramiento. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento en el término señalado o informar el impedimento que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. En otro aspecto, del mismo informe justificado rendido por la Fiscal del Ministerio Público Orientador del Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia se desprende que, el aseguramiento del vehículo de motor propiedad del aquí quejoso fue realizado por elementos de la Policía Metropolitana del Estado ante el Fiscal del Ministerio Público número dos de la Unidad de Recepción de Detenidos del distrito judicial de la capital, dando origen a la carpeta de investigación marcada con el número 7500/2022-8. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 111, fracción II, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, se determina requerir a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles legalmente computados, manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Fiscal del Ministerio Público número dos de la Unidad de Recepción de Detenidos del distrito judicial de la capital, y de ser así, deberá ampliar su demanda de derechos dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 108 y 110, de la Ley de Amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuará el procedimiento en este juicio de amparo únicamente por los actos reclamados a las autoridades que ya se tienen como responsables. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia 2ª./J. 112/2003, publicada en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.". Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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