David Ortiz Hernández
Expediente 1128/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- David Ortiz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la 2. Actuaria Judicial con Categoría de 7, adscrita al Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar (anteriormente Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial), con sede en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Ahora, si bien la autoridad arriba antes citada, anexa un legajo de copias, sin embargo de éstas se advierte que carecen de folio completo, así como también de la certificación de la totalidad de las constancias, por lo que no se advierte de cuántas fojas está integrado dicho legajo, de ahí, que no ha lugar a tenerlo como prueba de su parte en el presente asunto; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el legajo de copias, para efectos de que remita copia certificada integral, legible y ordenada, debidamente foliadas, entre selladas, rubricadas y que en la certificación se advierta de cuantas fojas comprende el legajo de copias. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo de veinticuatro horas, se le impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Cruz María Mejía Casillas, en su carácter de apoderado legal del aquí tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y anexo que acompaña, cuya personalidad acredita en términos del instrumento notarial que acompaña; a través del cual se apersona al presente juicio de amparo. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como sus delegados a las personas que cita. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales consistentes en el juicio civil 1711/2022, del índice de la autoridad ordenadora, ya que las hace suyas, sin que sea necesario requerirlas, ya que la autoridad las remitirá una vez que rinda su informe justificado, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, conforme al artículo 124 de la ley de la materia. Con la salvedad que si la autoridad no remite ninguna constancia por no existir el acto, no habrá necesidad de hacer relación de dicha probanza. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1128/2023, promovido por David Ortiz Hernández, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1128/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. David Ortiz Hernández, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO1. Juez Cuarto de Primera Instancia 50Cierto 2. Actuaria Judicial Secretario 7, adscrita al Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar (anteriormente Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial) 51 Cierto Veracruz, Veracruz. De las que reclama: El emplazamiento de veinte de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio especial hipotecario 1711/2022-V del índice de la autoridad responsable, así como todo lo actuado en el mismo. En acuerdo del pasado seis de noviembre, este Juzgado por una parte negó y por la otra concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 140 y 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa junto con su escrito de demanda, en virtud de haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor de prueba plena. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental privada exhibida por el quejoso, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, y la 2. Actuaria Judicial Secretario 7, adscrita al Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, ambas con sede en Veracruz, Veracruz, reconocieron la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su respectivo informe previo. QUINTO. Procedencia de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, puesto que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, el suscrito, con base en los elementos que de la demanda se advierte, procede a acordar: Con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados consistentes en el emplazamiento realizado dentro del juicio especial hipotecario 1711/2022-V del índice del juzgado responsable. Lo anterior es así, pues del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que dicha actuación ya fue realizada, lo que la traduce en un acto consumado, en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad del referido acto que por esta vía se reclama, ni se advierte que con su sólo pronunciamiento sea inconstitucional, para en su caso, darle un efecto restitutorio a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en la fracción X, del artículo 107 de la Constitución Federal, así como en los artículos 138 y 147 párrafo segundo de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión que solicita. SEXTO. Pronunciamiento de la suspensión. Por otra parte, con fundamento en los invocados artículos 128, 138 y 139 de la ley de la materia, en concordancia con el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de las consecuencias del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y sin paralizase el procedimiento de origen, y en caso de existir fallo en el juicio de origen, no sea ejecutado, hasta en tanto se notifique el acuerdo en que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente. En la inteligencia que la presente medida no suspende la continuación del procedimiento, por ser éste de orden público, ni surtirá efectos legales si los actos reclamados ya fueron consumados, dado que tal circunstancia sería materia de la resolución definitiva que se dicte en el juicio principal de donde deriva este incidente. La anterior medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la ley le concede al suscrito, ya que la misma reúne los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, fue solicitada por la parte que le perjudica, al ser el demandado en el juicio de génesis, de lo que se advierte su interés suspensional, no afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y, además de negarse, se ocasionarían perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, por lo que dicha suspensión debe concederse para preservar la materia del juicio de amparo, pues cuando se concede la suspensión del acto, la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación del juicio constitucional. Además que observando los requisitos exigidos por el artículo 129 de la Ley de Amparo, no se advierte la afectación al interés social con la concesión de la anterior medida cautelar, ni entra en contravención a las disposiciones de orden público, ya que esta suspensión no tiene por efecto paralizar el procedimiento de ejecución de sentencia; y por el contrario, de ejecutarse el acto, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, por lo que se trata de salvaguardar los derechos sustanciales de la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, así como también los de la parte tercera interesada a quien puede perjudicar la suspensión, para lo cual, como se verá más adelante, se exige la garantía respectiva. Lo anterior no significa que tenga efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo, ya que el acto sigue existiendo, pues al ser un inmueble continuara bajo el litigio de origen mientras se resuelve el fondo del asunto, ya que los efectos de la suspensión son que la parte quejosa continúe con la posesión sobre el inmueble respectivo, lo que se traduce en que podrá disfrutar de él pero no disponer del mismo. MEDIDAS DE SEGURIDAD El artículo 132 de la Ley de Amparo, establece que para que surta efectos la suspensión definitiva de los actos aquí, reclamados deben tomarse en consideración dos aspectos que son: daños y perjuicios. Así, por cuanto al rubro de daños, se estima que el transcurso del tiempo que tenga vigencia la medida cautelar decretada no disminuye el valor del bien inmueble, además constituye un hecho notorio que los bienes raíces aumentan su valor con el paso del tiempo, por lo que no se fija garantía en ese aspecto. Ahora bien, en lo que se refiere al rubro de perjuicios, si bien de la demanda de amparo no existen elementos que determinen a cuánto asciende el valor del inmueble materia del juicio de amparo; lo cierto es que para hacer una estimación de su monto, de conformidad con el artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es posible apoyarse en la información generada en las páginas de internet, a fin de conocer la rentabilidad del bien inmueble en cuestión. Así, al consultar la página web: https://www.icasas.mx/renta/habitacionales-casas-veracruz-veracruz-costa-dorada-2_5_30_0_2275_2519; se encontraron diversos anuncios de bienes inmuebles ubicados en el Fraccionamiento Costa Dorada, de Veracruz, Veracruz, que corresponde a la zona en el que se ubica el bien raíz objeto del juicio de origen, cuyos precios de arrendamiento oscilan entre los $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 moneda nacional) como se advierte de la imagen que a continuación se inserta: / En esas condiciones, y ya que no se cuentan con mayores datos de los que se pueda advertir la rentabilidad del bien inmueble objeto de la presente suspensión, se toma como monto probable al que podría ascender la renta de dicho bien cuyo límite inferior corresponde a la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) tomando en cuenta la zona en que se ubica, es la misma a la del ejemplo descrito en líneas precedentes. En ese contexto, para fijar el monto de la garantía, debe estimarse el tiempo aproximado que surtirá efectos la suspensión definitiva concedida, el cual sería de 292.34 días naturales, tomando en consideración el trámite del juicio de amparo indirecto en un órgano jurisdiccional del Séptimo Circuito (por ser durante todo este tiempo que estará vigente la medida cautelar) conforme a los datos estadísticos más recientes emitidos por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según la información que aparece en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx, relativa a los indicadores estadísticos judiciales de productividad de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados en el Séptimo Circuito, duraría un promedio de 125.7 días, y que el plazo que duraría la substanciación de la segunda instancia equivale a 166.64 días adicionales, lo que da como resultado una suma de 292.34 días. Por tanto, para que la medida cautelar continúe surtiendo efectos, se fija como garantía la cantidad de $48,721.38 (cuarenta y ocho mil setecientos veintiún pesos 38/100 moneda nacional) la cual deberá exhibir la parte quejosa dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a fin de reparar los posibles perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada, si la parte promovente no llegare a obtener sentencia favorable en el juicio principal a que este incidente se refiere. Dicha cantidad anterior que resulta de dividir entre treinta (días) la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por ser el valor estimado a una renta mensual; lo que da como resultado el monto de $166.66 (ciento sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) mismo que se multiplica por los 292.34 días en los que eventualmente tendrá vigencia la suspensión definitiva, lo que da como resultado los $48,721.38 (cuarenta y ocho mil setecientos veintiún pesos 38/100 moneda nacional) que corresponde al porcentaje respecto del cual le asiste el derecho de propiedad que defienden en esta vía constitucional, ello sobre la cantidad de $48,721.38 (cuarenta y ocho mil setecientos veintiún pesos 38/100 moneda nacional) que corresponde a la reparación de los posibles perjuicios. En la inteligencia que de no exhibir la cantidad mencionada dentro del plazo concedido, dejará de surtir sus efectos la medida cautelar decretada. La medida decretada no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por los mismos quejosos o por otra persona a su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y las autoridades responsables. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1166 sustenta por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos noventa y siete, Tomo VI, Parte HO, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SUSPENSION, FIANZA CUANDO EXISTE ASEGURAMIENTO DE BIENES. Cuando hay bienes secuestrados que alcancen a cubrir la suerte principal en un negocio, la fianza que se fije al otorgar la suspensión sólo debe responder de los perjuicios que ésta pueda causar, los que deben calcularse por los intereses respectivos al tipo legal y durante el tiempo probable dentro del cual se ha supuesto que debe resolverse el fondo del principal." REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos."; en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso, también por separado respecto de cada uno de los quejosos. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso), concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número del expediente correspondiente), y precisando como autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a David Ortiz Hernández, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. SEGUNDO. Se CONCEDE a David Ortiz Hernández, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando sexto. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios signados por el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, y la 2. Actuaria Judicial Secretario 7, adscrita al Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar (anteriormente Actuaria Judicial adscrita a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial), con sede en Veracruz, Veracruz; atento a sus contenidos, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus INFORMES PREVIOS; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, así como su relación al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Notifíquese en términos de ley.
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