David Ortega Velez

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • David Ortega Velez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, once de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras. Regístrese con el número de juicio 753/2022-I Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis Del escrito que se atiende se desprende que el quejoso reclama: "El Aseguramiento y o congelamiento de la cuenta a mi nombre.". Incompetencia Visto el acto que se reclama, el suscrito determina carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el principio de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir de plano, con los anexos, al juez competente sin decidir sobre la admisión ni respecto a la suspensión del acto reclamado. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto al citado acto reclamado, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: i. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; ii. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. iii. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y iv. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. v. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el acto combatido no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, pues no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, ni mucho menos se trate de una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general en materia penal. Ahora bien, el numeral 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones de los Jueces de Distrito en Materia de Administrativa, se encuentran los supuestos en los que se ha seguido un procedimiento seguido por autoridad administrativa en los que deba decidirse sobre su legalidad o subsistencia de los actos reclamados. En ese sentido, de la revisión integral de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: "El aseguramiento y o congelamiento de la cuenta a mi nombre.". Tal acto se lo atribuye a las autoridades responsables: Banco Inbursa S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. Directora General de Atención a Autoridades, dependiente de Dirección General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos, Preventivo de la Comisión Nacional y de Valores. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señaló: "(.) AHORA BIEN DESPUÉS DE VARIOS REQUERIMIENTO ES QUE EN FECHA 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, FUI INFORMADO POR LA EJECUTORA DE MANERA VERBAL QUE LA CUENTA HABÍA SIDO CONGELADA POR UN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MISMO QUE FUE GESTIONADO MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. Es por lo anterior que no he tendido requerimiento alguno de alguna autoridad penal o administrativa donde se me haga del conocimiento del porque (sic) se encuentra congelada y/o asegurada mi cuenta de la cual no he podido disponer de los recursos. (.).". En ese sentido, si el acto reclamado se hace consistir en el aseguramiento o congelamiento de la cuenta bancaría a nombre del aquí quejoso, y se lo atribuye a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es claro que por su esencia es de naturaleza administrativa, pues no se advierte la intervención de algún Ministerio Público en la integración de alguna carpeta de investigación o que el acto reclamado derive de algún proceso penal. En soporte de esa conclusión, no debemos soslayar que un acto administrativo descansa en la manifestación unilateral y externa de la voluntad, que expresa la decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. En esa tesitura, toda vez que el quejoso señaló como responsable a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras, existe una determinación de la potestad hacendaria para inmovilizar las cuentas del aquí quejoso e impedir que realice mayores trámites financieros, sin intervención de alguna autoridad ministerial o judicial, por lo que sin duda, constituye un acto administrativo reflejado en una declaración unilateral y concreta de autoridad que produce efectos jurídicos inmediatos, en razón de que impide que el particular despliegue todas las operaciones financieras que estime pertinente, esto es, disponer materialmente de sus recursos económicos. En ese orden de ideas, puede estimarse como un factor determinante para considerar que no corresponde a este juzgado de Distrito la competencia, pues una circunstancia es que el quejoso señala que no tiene conocimiento de que se haya iniciado alguna carpeta de investigación, que verse sobre dichas cuentas bancarias. Ahora, con la finalidad de evidenciar que el acto combatido en esta instancia constitucional fue emitido por autoridades de índole administrativa, se impone destacar que el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado. La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley. El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.". De la porción normativa transcrita, se desprende que la Administración Pública Federal presenta dos formas de existencia: la centralizada y la paraestatal. La administración pública centralizada se presenta como una estructura de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relación de jerarquía presidida por su jefe máximo, que en el nivel federal corresponde al Presidente de la República y, en el local, a los gobernadores de los Estados. Así, centralizar desde el punto de vista del Derecho Administrativo implica reunir todas las atribuciones estatales en el único órgano supremo central, mientras que descentralizar se traduce en conferir esas mismas atribuciones estatales con todas sus características de derecho público a órgano separados jerárquicamente del poder central -pero pertenecientes a la administración pública-. En la práctica, la disposición reglamentaria del artículo 90 constitucional, es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuerpo normativo, donde se prevé que tal administración se divide en centralizada y paraestatal. Por lo que respecta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte integrante de la administración centralizada en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene como funciones establecidas por el numeral 31, del citado cuerpo normativo, entre otras: "Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (.) VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende el Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito; (.).". Dentro de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes tienen entre sus principales funciones, supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, amén de mantener y fomentar el sano desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. Bajo esa perspectiva, es incuestionable que las autoridades responsables, señaladas por el quejoso, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, constituyen autoridades que desarrollan actividades materiales y formalmente administrativas. En esa línea de pensamiento, es incuestionable que la naturaleza del acto reclamado y autoridad responsable, es de tipo administrativo, y por ello, corresponde conocer y resolver este asunto a un órgano especializado en esa materia. Por lo que es inconcuso que no se justifica la actualización de alguna de las hipótesis que establece el citado artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, al tratarse de un acto administrativo, es incuestionable que la competencia le corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. De los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 15 y 15-E del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009, y de la Resolución que reforma, adiciona y deroga dichas Disposiciones, publicitada el 25 de abril de 2014 en el indicado medio de difusión oficial, se advierte que las facultades otorgadas al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para establecer medidas y procedimientos, a fin de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos que involucren recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional o internacional y su financiamiento, son de naturaleza formal y materialmente administrativa; de ahí que el juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de aseguramiento y bloqueo de una cuenta bancaria dictada por el titular de esa Unidad, sin que previamente exista una investigación del Ministerio Público, es de la competencia del Juez de Distrito en Materia Administrativa, en términos del artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque en los actos mencionados no tiene injerencia alguna la facultad punitiva del Estado, ya que sólo forman parte de la regulación de un sistema preventivo y protector del sistema financiero nacional.". Por tanto, este Juzgador estima que por razón de materia compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad de México, en turno, conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata. En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo (artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para tomar impresiones fotográficas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo; con excepción de las grabadoras, toda vez que no son el medio idóneo para imponerse de los autos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a la parte promovente para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transite y continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, solicite expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Notifíquese personalmente.

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