David Ortega Nuñez

Expediente 501/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
501/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • David Ortega Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    .... Téngase por recibido el oficio de cuenta que signa la Secretaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo de la misiva 3401/2021 con la que se le remitió el toca *** de su índice y constancias relativas al expediente ***. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre , así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: SE ACUERDA PROMOCIÓN Téngase por recibida la razón asentada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado, la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado en autos para tal efecto, por dicho tercero interesado, fue informado por la persona que le atendió que no conoce a la persona buscada e ignora dónde pueda ser localizada, razón por la cual, no recibiría documento alguno a nombre de la parte en comento. En esas condiciones, se ordena notificarle la sentencia de referencia, y los subsecuentes, aun las de carácter personal, mediante lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm? pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión... En cumplimiento a lo anterior se notifica al tercero interesado *** la sentencia de 11/12/2020, que en síntesis dice: ...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 44 y 65 de autos). Además, su existencia se corrobora con las constancias que acompañó la Magistrada de la Sala responsable, en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copias certificadas del expediente **********, así como el toca **********; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni de oficio se advierte la existencia de alguna, por ende, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: I. **********, demandó en la vía ordinaria civil a: 1.- **********, de quien reclamó la nulidad absoluta de la escritura pública **********, de veintidós de agosto de dos mi dieciocho; 2.- **********, a quien reclamó la cancelación de la citada escritura; 3.- **********, de quien reclamó la cancelación de la escritura pública en comento; y, 4.- **********, a quien atribuyó los movimientos catastrales realizados a la cuenta **********, con motivo de las operaciones de protocolización de las diligencias de información testimonial (fojas 2 a 6, cuaderno de pruebas II). II. Sumario que correspondió conocer a la Juez Primero Civil de Partido, de Silao, Guanajuato, quien, previa prevención y desahogo, en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho lo admitió a trámite, y ordenó el emplazamiento de los demandados, habiéndolo registrado con el número ********** (fojas 44 a 45, 47 y 48 a 50, tomo II de pruebas). III. En escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve, el aquí quejoso dio contestación a la demanda en la que controvirtió lo pretendido por el accionante; mediante escritos presentados el ocho y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, la **********, y el **********, con sede en la capital, dieron contestación a la demanda, ocursos en los que la primera solamente reconoció que derivado de una jurisdicción voluntaria se llevaron a cabo trámites en esa dependencia, sin negar o afirmar los demás hechos por no ser propios, y la segunda, refirió que en esa dependencia no existían los libros de protocolos del notario que emitió la escritura cuya nulidad se demandó pues se encuentran en custodia del fedatario, y en relación de los hechos refirió lo mismo que la autoridad anterior; luego, en acuerdo de cuatro de abril de dos mil veinte, se declaró confeso al codemandado ********** por no dar contestación a la demanda (fojas 51 a 58, 65 a 66, 70 a 72 y 76, del tomo II de pruebas). IV. Mediante escrito presentado por la parte actora original el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, ofreció la prueba pericial en topografía y construcción; en acuerdo de veintinueve siguiente se admitió ese medio de convicción y se requirió a la parte demandada para que en el término de tres días nombrara perito de su parte, apercibiéndola que de no hacerlo, el juzgado lo nombraría en su rebeldía; y, en proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, una vez transcurrido el citado plazo, la juez de origen nombró perito en rebeldía de la parte demandada a ********** (fojas 78 a 79, 80 y 142 a 143, tomo II de pruebas). V. El perito indicado en el punto anterior no realizó la aceptación del cargo conferido, por lo que, previa designación de diverso experto quien tampoco acudió a discernir dicho cargo, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se designó en rebeldía de la parte demandada al perito ********** (fojas 165 a 167, tomo II de pruebas). VI. Experto de referencia que, en data doce de noviembre de dos mil diecinueve aceptó y protesto el cargo conferido, y mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, presentó el dictamen correspondiente, así como su regulación de pago de honorarios (fojas 179 y 193 a 209, tomo de pruebas II). VII. En auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte demandada con la indicada regulación de honorarios; en ocurso presentado el seis de enero de dos mil veinte, el aquí quejoso (codemandado) desahogó la vista; y, en resolución de veintiuno de enero siguiente, se autorizó la cantidad de ********** como honorarios de perito, condenándose solamente al aquí quejoso al pago de esa suma, aduciendo la juez responsable que los diversos codemandados, uno no controvirtió los hechos y dos no contestaron demanda (fojas 210, 215 a 216 y 219 a 223, tomo de pruebas II). VIII. Inconforme con tal determinación, el codemando aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, quien, mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en el toca **********, confirmó la sentencia impugnada (fojas 4 a 11 y 14 a 19, tomo de pruebas III). Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo . En ese sentido, la parte quejosa argumenta, que la resolución reclamada le causa agravio, pues carece de una correcta fundamentación y motivación, ya que la autoridad realiza una errónea interpretación y aplicación del artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad al referir que para el caso de que todos los codemandados tuvieran la obligación de responder por los honorarios del perito en rebeldía era necesario que actuaran bajo una representación en común, lo que no aconteció en el caso, por lo que no pueden ser condenados a dicho pago; cuestión que aduce el quejoso, no es correcta, pues el hecho de que se haya emplazado a los codemandados, cada uno asumió una postura propia, con independencia de contestar o no la demanda; por lo que resulta inaplicable ese precepto, el cual no expresa lo manifestado por la responsable. Además, refiere el quejoso, es incorrecta la aplicación del diverso artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que la responsable sustente su determinación de que solamente él y nadie más, tiene la obligación de cubrir los honorarios del perito, llegando a la conclusión de que los demás codemandados tienen diversas pretensiones y por ello él es el único que debe pagar. Asimismo, alude el inconforme, que es incorrecto el hecho de que, aunque la juez de origen en acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve haya nombrado perito en rebeldía de los demandados, solamente se le finque a él la obligación de pagar sus honorarios; pues ese acuerdo demuestra que cuatro tienen el carácter de demandados, y por ende, todos tienen la obligación de responder por los honorarios del citado perito. Argumentos que resultan infundados por las siguientes consideraciones. Lo anterior es así, en virtud de que, contrario a lo manifestado por el quejoso, es correcta la determinación asumida por la Ad quem, pues si bien en el juicio de origen figuran cuatro codemandados, lo cierto es que tomó en consideración la postura asumida por cada uno de ellos en la relación con la controversia suscitada en dicho sumario. Esto es, arribó a su conclusión partiendo de que solamente el quejoso (codemandado) fue quien controvirtió los hechos, y por ende, fue el único que requería del auxilio de un de experto para acreditar sus excepciones y defensas; y en cambio, los diversos codemandados **********y el **********, con sede en la capital, al dar contestación a la demanda, la primera solamente reconoció que derivado de una jurisdicción voluntaria se llevaron a cabo trámites en esa dependencia, sin negar o afirmar los demás hechos por no ser propios, y la segunda, refirió que en esa dependencia no existían los libros de protocolos del notario que emitió la escritura cuya nulidad se demandó los cuales están en resguardo del fedatario, y en relación de los hechos refirió lo mismo que la autoridad anterior; asimismo, al codemandado **********, en acuerdo de cuatro de abril de dos mil veinte, se le tuvo por confeso por no dar contestación a la demanda. En esas condiciones, el codemandado aquí quejoso fue el único que al contestar la demanda controvirtió los hechos y pretensiones del actor (fojas 51 a 58 tomo II de pruebas), requiriendo entonces del desahogo de la prueba pericial para justificar tal controversia; tan es así que, mediante ocurso presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve ante la juez responsable, el quejoso también ofreció la prueba pericial en materia de topografía (fojas 82 a 83, tomo II de pruebas). Entonces, se encuentra justificada la resolución reclamada al establecer que para el caso de que todos los codemandados tuvieran la obligación de responder por los honorarios del perito en rebeldía era necesario que actuaran bajo una representación en común, lo que no aconteció en el caso, como se advierte de lo antes narrado; y, que al ahora quejoso es al único que le corresponde responder por los honorarios del perito nombrado en rebeldía. Se afirma lo anterior, pues al efecto, los artículos 148, 149 y 162, del referido Código procesal establecen lo siguiente: "Artículo 148. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados. Artículo 149. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o extraordinario, en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo. El tribunal concederá a las demás partes el término de tres días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndoles que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. Si pasados los tres días no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición de un perito tercero, el tribunal, de oficio, nombrará al uno y al otro, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 148, en su caso. Artículo 162. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, y, los del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas." Como se aprecia de los numerales apenas transcritos, al ofrecerse la prueba pericial en un juicio de naturaleza civil, cada parte nombrará su perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan; y, si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados. Al admitirse ese medio de convicción, el tribunal concederá a las demás partes el término de tres días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndoles que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. Si pasados los tres días no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición de un perito tercero, el tribunal, de oficio, nombrará al uno y al otro, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 148, en su caso. Al haberse designado experto, los honorarios de éste serán pagados por cada una de las partes que los nombró o, en cuya rebeldía se le hubiera designado por el tribunal y tratándose del tercero en discordia dispone que serán pagados por ambas partes. Ahora, en el caso que nos ocupa, de las constancias que conforman el juicio de origen, se advierte que **********, demandó en la vía ordinaria civil a: 1.- ********** de quien reclamó la nulidad absoluta de la escritura pública **********, de veintidós de agosto de dos mi dieciocho; 2.- **********, a quien reclamó la cancelación de la citada escritura; 3.- **********, de quien reclamó la cancelación de la escritura pública en comento; y, 4.- **********, a quien atribuyó los movimientos catastrales realizados a la cuenta **********, con motivo de las operaciones de protocolización de las diligencias de información testimonial (fojas 2 a 6, cuaderno de pruebas II). Luego, al respecto, los citados codemandados tomaron las siguientes posturas: el aquí quejoso dio contestación a la demanda en la que controvirtió lo pretendido por el accionante; la ********** y el **********, al contestar la demanda, la primera solamente reconoció que derivado de una jurisdicción voluntaria se llevaron a cabo trámites en esa dependencia, sin negar o afirmar los demás hechos por no ser propios, y la segunda, refirió que en esa dependencia no existían los libros de protocolos del notario que emitió la escritura cuya nulidad se demandó, dado que están custodia del fedatario y en relación de los hechos refirió lo mismo que la autoridad anterior; sin que el codemandado ********** haya dado contestación a la demanda, y por ende, en auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se le tuvo por confeso de la demanda entablada en su contra (fojas 51 a 58, 65 a 67, 70 a 72 y 76, del tomo II de pruebas). Mediante escrito presentado por la parte actora original el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, ofreció la prueba pericial en topografía y construcción; en acuerdo de veintinueve siguiente se admitió ese medio de convicción y se requirió a la parte demandada para que en el término de tres días nombrara perito de su parte, apercibiéndola que de no hacerlo, el juzgado lo nombraría en su rebeldía; y, en proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, una vez transcurrido el citado plazo, la juez de origen nombró perito en rebeldía de la parte demandada, quien, no acudió a aceptar el cargo y posteriormente nombró como tal a ********** (fojas 78 a 79, 80, 142 a 143 y 166, tomo II de pruebas). Perito que, en data doce de noviembre de dos mil diecinueve aceptó y protesto el cargo conferido, y mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, presentó el dictamen correspondiente, así como su regulación de pago de honorarios (fojas 179 y 193 a 209, tomo de pruebas II); y, previa vista a la parte demandada con la indicada regulación de honorarios, en resolución de veintiuno de enero siguiente, se autorizó la cantidad de ********** como honorarios de perito, condenándose solamente al aquí quejoso a pago de esa suma, aduciéndose en esencia, que fue el único que controvirtió los hechos (fojas 210, 215 a 216 y 219 a 223, tomo de pruebas II); determinación que confirmó la Sala responsable en la resolución reclamada (fojas 14 a 19, tomo de pruebas III). En ese orden de ideas, como se aprecia de lo antes narrado, en el asunto que nos ocupa se advierte la existencia de varios litigantes, por ende, acorde al artículo 148 transcrito con antelación, al haberse admitido la prueba pericial en el juicio de origen, los codemandados que tuvieren las mismas pretensiones nombrarán un perito en común, y otro los que las contradigan. Luego, en el caso, solamente el aquí quejoso generó controversia al contestar la demanda, por lo que, se aprecia que tenía distintas pretensiones que el resto de los codemandados, y por ende, era el único que requería de la designación de perito para desahogar la prueba pericial ofrecida por la parte actora. Por lo que, una vez que la juez de origen admitió dicha prueba y concedió término para que las demás partes adicionaran el cuestionario con lo que les interesara, y nombraran el perito que les corresponda, se entiende que dicho término se concedió a la parte que generó la controversia, quien tenía interés en refutar las pretensiones de la parte accionante. Así, si el quejoso fue el único codemandado que suscitó controversia, era al único que le correspondía designar perito de su parte; de ahí que, pasado el plazo concedido por el juzgado primigenio y al no haber realizado el nombramiento de perito que le correspondía, el tribunal le nombró uno en rebeldía. En ese sentido, es correcta la resolución reclamada, pese a existir pluralidad de demandados (cuatro), como se ha visto, el aquí quejoso no tenía la misma pretensión que los demás codemandados (quienes no generaron controversia) para sostener que el mismo perito se les fuera nombrado a todos. Por lo que, si como dice el quejoso, la juez de origen, en acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve nombró perito en rebeldía de los demandados, esa cuestión debe entenderse solamente referente a los que generaron controversia en dicho sumario y no a la totalidad de éstos; y si como se ha visto, los diversos codemandados (la **********) no lo hicieron, no tenían la obligación de probar en contrario y por ende, de responder por los honorarios del perito designado en rebeldía. En tal virtud, el perito nombrado en rebeldía fue solamente en favor del aquí quejoso, dado que, se insiste, fue el único que suscitó controversia en el juicio de origen, por lo que, es inconcuso que es al único que le corresponde cubrir los honorarios del citado perito, como lo dispone el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad. Tanto más que, de las actuaciones del sumario natural, no se advierte que el codemandado (quejoso), haya repelido la designación del perito designado por la juez en rebeldía, por ser a quien le correspondía hacerlo en caso de inconformidad; por lo que, puede entenderse que estuvo conforme con tal designación, y por ende, es a quien le corresponde el pago por el dictamen emitido en favor de esa parte procesal, pues dada la controversia generada únicamente por él en cuanto a la demanda de origen, debe cumplir con su carga procesal de pagar los honorarios ya generados. Así, opuesto a lo argumentado por el quejoso, la resolución reclamada se encentra fundada y motivada, pues en ella se asentaron los preceptos jurídicos que permitieron emitirla, pues si bien, citó el numeral 149 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Guanajuato, cierto es que, ese numeral la remite al diverso 148 del mismo ordenamiento legal, para la designación de los peritos en rebeldía; además, se estableció la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso . Bajo ese contexto, esta juzgadora federal estima que lo resuelto por la Sala responsable en el acto reclamado, resulta objetivamente correcto, siendo además evidente que no resultó violentada ninguna garantía en perjuicio del doliente; por tal razón, la resolución que se reclama debe subsistir en sus términos. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los motivos de inconformidad hechos valer, procede negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad responsable ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios. En este punto es aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Octava Época Registro: 210140 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/12 Página: 41 "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1709/88. Julio Díaz Olguín. 11 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco. Amparo directo 157/89. Catarino Hernández Ramos. 6 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 109/89. María Candelaria Castillo Gomora. 13 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 629/92. José Domínguez Rosales. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 893/92. Román Ortega Albino y otro. 25 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO Ampara ni Protege a **********, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en la presente sentencia...

  3. Principal

    TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 44 y 65 de autos). Además, su existencia se corrobora con las constancias que acompañó la Magistrada de la Sala responsable, en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copias certificadas del expediente **********, así como el toca **********; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni de oficio se advierte la existencia de alguna, por ende, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: I. **********, demandó en la vía ordinaria civil a: 1.- **********, de quien reclamó la nulidad absoluta de la escritura pública **********, de veintidós de agosto de dos mi dieciocho; 2.- **********, a quien reclamó la cancelación de la citada escritura; 3.- **********, de quien reclamó la cancelación de la escritura pública en comento; y, 4.- **********, a quien atribuyó los movimientos catastrales realizados a la cuenta **********, con motivo de las operaciones de protocolización de las diligencias de información testimonial (fojas 2 a 6, cuaderno de pruebas II). II. Sumario que correspondió conocer a la Juez Primero Civil de Partido, de Silao, Guanajuato, quien, previa prevención y desahogo, en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho lo admitió a trámite, y ordenó el emplazamiento de los demandados, habiéndolo registrado con el número ********** (fojas 44 a 45, 47 y 48 a 50, tomo II de pruebas). III. En escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve, el aquí quejoso dio contestación a la demanda en la que controvirtió lo pretendido por el accionante; mediante escritos presentados el ocho y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, la **********, y el **********, con sede en la capital, dieron contestación a la demanda, ocursos en los que la primera solamente reconoció que derivado de una jurisdicción voluntaria se llevaron a cabo trámites en esa dependencia, sin negar o afirmar los demás hechos por no ser propios, y la segunda, refirió que en esa dependencia no existían los libros de protocolos del notario que emitió la escritura cuya nulidad se demandó pues se encuentran en custodia del fedatario, y en relación de los hechos refirió lo mismo que la autoridad anterior; luego, en acuerdo de cuatro de abril de dos mil veinte, se declaró confeso al codemandado ********** por no dar contestación a la demanda (fojas 51 a 58, 65 a 66, 70 a 72 y 76, del tomo II de pruebas). IV. Mediante escrito presentado por la parte actora original el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, ofreció la prueba pericial en topografía y construcción; en acuerdo de veintinueve siguiente se admitió ese medio de convicción y se requirió a la parte demandada para que en el término de tres días nombrara perito de su parte, apercibiéndola que de no hacerlo, el juzgado lo nombraría en su rebeldía; y, en proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, una vez transcurrido el citado plazo, la juez de origen nombró perito en rebeldía de la parte demandada a ********** (fojas 78 a 79, 80 y 142 a 143, tomo II de pruebas). V. El perito indicado en el punto anterior no realizó la aceptación del cargo conferido, por lo que, previa designación de diverso experto quien tampoco acudió a discernir dicho cargo, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se designó en rebeldía de la parte demandada al perito ********** (fojas 165 a 167, tomo II de pruebas). VI. Experto de referencia que, en data doce de noviembre de dos mil diecinueve aceptó y protesto el cargo conferido, y mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, presentó el dictamen correspondiente, así como su regulación de pago de honorarios (fojas 179 y 193 a 209, tomo de pruebas II). VII. En auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte demandada con la indicada regulación de honorarios; en ocurso presentado el seis de enero de dos mil veinte, el aquí quejoso (codemandado) desahogó la vista; y, en resolución de veintiuno de enero siguiente, se autorizó la cantidad de ********** como honorarios de perito, condenándose solamente al aquí quejoso al pago de esa suma, aduciendo la juez responsable que los diversos codemandados, uno no controvirtió los hechos y dos no contestaron demanda (fojas 210, 215 a 216 y 219 a 223, tomo de pruebas II). VIII. Inconforme con tal determinación, el codemando aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, quien, mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en el toca **********, confirmó la sentencia impugnada (fojas 4 a 11 y 14 a 19, tomo de pruebas III). Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo . En ese sentido, la parte quejosa argumenta, que la resolución reclamada le causa agravio, pues carece de una correcta fundamentación y motivación, ya que la autoridad realiza una errónea interpretación y aplicación del artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad al referir que para el caso de que todos los codemandados tuvieran la obligación de responder por los honorarios del perito en rebeldía era necesario que actuaran bajo una representación en común, lo que no aconteció en el caso, por lo que no pueden ser condenados a dicho pago; cuestión que aduce el quejoso, no es correcta, pues el hecho de que se haya emplazado a los codemandados, cada uno asumió una postura propia, con independencia de contestar o no la demanda; por lo que resulta inaplicable ese precepto, el cual no expresa lo manifestado por la responsable. Además, refiere el quejoso, es incorrecta la aplicación del diverso artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que la responsable sustente su determinación de que solamente él y nadie más, tiene la obligación de cubrir los honorarios del perito, llegando a la conclusión de que los demás codemandados tienen diversas pretensiones y por ello él es el único que debe pagar. Asimismo, alude el inconforme, que es incorrecto el hecho de que, aunque la juez de origen en acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve haya nombrado perito en rebeldía de los demandados, solamente se le finque a él la obligación de pagar sus honorarios; pues ese acuerdo demuestra que cuatro tienen el carácter de demandados, y por ende, todos tienen la obligación de responder por los honorarios del citado perito. Argumentos que resultan infundados por las siguientes consideraciones. Lo anterior es así, en virtud de que, contrario a lo manifestado por el quejoso, es correcta la determinación asumida por la Ad quem, pues si bien en el juicio de origen figuran cuatro codemandados, lo cierto es que tomó en consideración la postura asumida por cada uno de ellos en la relación con la controversia suscitada en dicho sumario. Esto es, arribó a su conclusión partiendo de que solamente el quejoso (codemandado) fue quien controvirtió los hechos, y por ende, fue el único que requería del auxilio de un de experto para acreditar sus excepciones y defensas; y en cambio, los diversos codemandados **********y el **********, con sede en la capital, al dar contestación a la demanda, la primera solamente reconoció que derivado de una jurisdicción voluntaria se llevaron a cabo trámites en esa dependencia, sin negar o afirmar los demás hechos por no ser propios, y la segunda, refirió que en esa dependencia no existían los libros de protocolos del notario que emitió la escritura cuya nulidad se demandó los cuales están en resguardo del fedatario, y en relación de los hechos refirió lo mismo que la autoridad anterior; asimismo, al codemandado **********, en acuerdo de cuatro de abril de dos mil veinte, se le tuvo por confeso por no dar contestación a la demanda. En esas condiciones, el codemandado aquí quejoso fue el único que al contestar la demanda controvirtió los hechos y pretensiones del actor (fojas 51 a 58 tomo II de pruebas), requiriendo entonces del desahogo de la prueba pericial para justificar tal controversia; tan es así que, mediante ocurso presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve ante la juez responsable, el quejoso también ofreció la prueba pericial en materia de topografía (fojas 82 a 83, tomo II de pruebas). Entonces, se encuentra justificada la resolución reclamada al establecer que para el caso de que todos los codemandados tuvieran la obligación de responder por los honorarios del perito en rebeldía era necesario que actuaran bajo una representación en común, lo que no aconteció en el caso, como se advierte de lo antes narrado; y, que al ahora quejoso es al único que le corresponde responder por los honorarios del perito nombrado en rebeldía. Se afirma lo anterior, pues al efecto, los artículos 148, 149 y 162, del referido Código procesal establecen lo siguiente: "Artículo 148. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados. Artículo 149. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o extraordinario, en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo. El tribunal concederá a las demás partes el término de tres días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndoles que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. Si pasados los tres días no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición de un perito tercero, el tribunal, de oficio, nombrará al uno y al otro, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 148, en su caso. Artículo 162. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, y, los del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas." Como se aprecia de los numerales apenas transcritos, al ofrecerse la prueba pericial en un juicio de naturaleza civil, cada parte nombrará su perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan; y, si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados. Al admitirse ese medio de convicción, el tribunal concederá a las demás partes el término de tres días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndoles que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. Si pasados los tres días no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición de un perito tercero, el tribunal, de oficio, nombrará al uno y al otro, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 148, en su caso. Al haberse designado experto, los honorarios de éste serán pagados por cada una de las partes que los nombró o, en cuya rebeldía se le hubiera designado por el tribunal y tratándose del tercero en discordia dispone que serán pagados por ambas partes. Ahora, en el caso que nos ocupa, de las constancias que conforman el juicio de origen, se advierte que **********, demandó en la vía ordinaria civil a: 1.- ********** de quien reclamó la nulidad absoluta de la escritura pública **********, de veintidós de agosto de dos mi dieciocho; 2.- **********, a quien reclamó la cancelación de la citada escritura; 3.- **********, de quien reclamó la cancelación de la escritura pública en comento; y, 4.- **********, a quien atribuyó los movimientos catastrales realizados a la cuenta **********, con motivo de las operaciones de protocolización de las diligencias de información testimonial (fojas 2 a 6, cuaderno de pruebas II). Luego, al respecto, los citados codemandados tomaron las siguientes posturas: el aquí quejoso dio contestación a la demanda en la que controvirtió lo pretendido por el accionante; la ********** y el **********, al contestar la demanda, la primera solamente reconoció que derivado de una jurisdicción voluntaria se llevaron a cabo trámites en esa dependencia, sin negar o afirmar los demás hechos por no ser propios, y la segunda, refirió que en esa dependencia no existían los libros de protocolos del notario que emitió la escritura cuya nulidad se demandó, dado que están custodia del fedatario y en relación de los hechos refirió lo mismo que la autoridad anterior; sin que el codemandado ********** haya dado contestación a la demanda, y por ende, en auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se le tuvo por confeso de la demanda entablada en su contra (fojas 51 a 58, 65 a 67, 70 a 72 y 76, del tomo II de pruebas). Mediante escrito presentado por la parte actora original el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, ofreció la prueba pericial en topografía y construcción; en acuerdo de veintinueve siguiente se admitió ese medio de convicción y se requirió a la parte demandada para que en el término de tres días nombrara perito de su parte, apercibiéndola que de no hacerlo, el juzgado lo nombraría en su rebeldía; y, en proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, una vez transcurrido el citado plazo, la juez de origen nombró perito en rebeldía de la parte demandada, quien, no acudió a aceptar el cargo y posteriormente nombró como tal a ********** (fojas 78 a 79, 80, 142 a 143 y 166, tomo II de pruebas). Perito que, en data doce de noviembre de dos mil diecinueve aceptó y protesto el cargo conferido, y mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, presentó el dictamen correspondiente, así como su regulación de pago de honorarios (fojas 179 y 193 a 209, tomo de pruebas II); y, previa vista a la parte demandada con la indicada regulación de honorarios, en resolución de veintiuno de enero siguiente, se autorizó la cantidad de ********** como honorarios de perito, condenándose solamente al aquí quejoso a pago de esa suma, aduciéndose en esencia, que fue el único que controvirtió los hechos (fojas 210, 215 a 216 y 219 a 223, tomo de pruebas II); determinación que confirmó la Sala responsable en la resolución reclamada (fojas 14 a 19, tomo de pruebas III). En ese orden de ideas, como se aprecia de lo antes narrado, en el asunto que nos ocupa se advierte la existencia de varios litigantes, por ende, acorde al artículo 148 transcrito con antelación, al haberse admitido la prueba pericial en el juicio de origen, los codemandados que tuvieren las mismas pretensiones nombrarán un perito en común, y otro los que las contradigan. Luego, en el caso, solamente el aquí quejoso generó controversia al contestar la demanda, por lo que, se aprecia que tenía distintas pretensiones que el resto de los codemandados, y por ende, era el único que requería de la designación de perito para desahogar la prueba pericial ofrecida por la parte actora. Por lo que, una vez que la juez de origen admitió dicha prueba y concedió término para que las demás partes adicionaran el cuestionario con lo que les interesara, y nombraran el perito que les corresponda, se entiende que dicho término se concedió a la parte que generó la controversia, quien tenía interés en refutar las pretensiones de la parte accionante. Así, si el quejoso fue el único codemandado que suscitó controversia, era al único que le correspondía designar perito de su parte; de ahí que, pasado el plazo concedido por el juzgado primigenio y al no haber realizado el nombramiento de perito que le correspondía, el tribunal le nombró uno en rebeldía. En ese sentido, es correcta la resolución reclamada, pese a existir pluralidad de demandados (cuatro), como se ha visto, el aquí quejoso no tenía la misma pretensión que los demás codemandados (quienes no generaron controversia) para sostener que el mismo perito se les fuera nombrado a todos. Por lo que, si como dice el quejoso, la juez de origen, en acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve nombró perito en rebeldía de los demandados, esa cuestión debe entenderse solamente referente a los que generaron controversia en dicho sumario y no a la totalidad de éstos; y si como se ha visto, los diversos codemandados (la **********) no lo hicieron, no tenían la obligación de probar en contrario y por ende, de responder por los honorarios del perito designado en rebeldía. En tal virtud, el perito nombrado en rebeldía fue solamente en favor del aquí quejoso, dado que, se insiste, fue el único que suscitó controversia en el juicio de origen, por lo que, es inconcuso que es al único que le corresponde cubrir los honorarios del citado perito, como lo dispone el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad. Tanto más que, de las actuaciones del sumario natural, no se advierte que el codemandado (quejoso), haya repelido la designación del perito designado por la juez en rebeldía, por ser a quien le correspondía hacerlo en caso de inconformidad; por lo que, puede entenderse que estuvo conforme con tal designación, y por ende, es a quien le corresponde el pago por el dictamen emitido en favor de esa parte procesal, pues dada la controversia generada únicamente por él en cuanto a la demanda de origen, debe cumplir con su carga procesal de pagar los honorarios ya generados. Así, opuesto a lo argumentado por el quejoso, la resolución reclamada se encentra fundada y motivada, pues en ella se asentaron los preceptos jurídicos que permitieron emitirla, pues si bien, citó el numeral 149 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Guanajuato, cierto es que, ese numeral la remite al diverso 148 del mismo ordenamiento legal, para la designación de los peritos en rebeldía; además, se estableció la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso . Bajo ese contexto, esta juzgadora federal estima que lo resuelto por la Sala responsable en el acto reclamado, resulta objetivamente correcto, siendo además evidente que no resultó violentada ninguna garantía en perjuicio del doliente; por tal razón, la resolución que se reclama debe subsistir en sus términos. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los motivos de inconformidad hechos valer, procede negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad responsable ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios. En este punto es aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Octava Época Registro: 210140 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/12 Página: 41 "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1709/88. Julio Díaz Olguín. 11 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco. Amparo directo 157/89. Catarino Hernández Ramos. 6 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 109/89. María Candelaria Castillo Gomora. 13 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 629/92. José Domínguez Rosales. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 893/92. Román Ortega Albino y otro. 25 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO Ampara ni Protege a **********, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en la presente sentencia.

  4. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...

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