David Ordoñez Nava
Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- David Ordoñez Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto lo de cuenta, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el numeral 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia donde se sobreseyó el juicio, sin que se haya impugnado; consecuentemente, con fundamento en los ordinales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que remitió, sin que deba acusar recibo, pues el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello del oficio se asiente el número de tomos entregados. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 318/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde el quejoso ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, y al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los realizó y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 318/2022, promovido por ..., mandatario judicial de ..., contra actos de la Octava Sala y Juez Trigésimo Noveno de Proceso Escrito, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 8, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa declinación de competencia por parte del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, y el seis de abril de dos mil veintidós, se admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, puso a la vista de las partes el informe justificado de la Sala responsable, se requirió el del Juez y señaló a la parte tercera interesada. Dicha parte fue emplazada y notificada de la radicación del juicio, las autoridades responsables rindierpn su informe, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento legal, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un órgano con sede en el ámbito territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados son las resoluciones de quince de febrero de dos mil veintidós, emitidas por la Octava Sala Civil de esta ciudad, en los siguientes tocas: a) ..., donde revocó el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno emitido en la controversia de arrendamiento ... del índice del Juzgado Noveno Civil de la Ciudad de México; en su lugar, ordenó el llamamiento del litisconsorte ..., y reservó el pronunciamiento sobre la admisión de pruebas hasta en tanto se efectúe el emplazamiento. b) ..., en la que dejó insubsistente la sentencia definitiva, retrotrayendo los efectos al proveído mencionado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La certeza del acto reclamado quedó acreditada con los informes justificados en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural, remitidas en su apoyo; de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente pues los actos reclamados no son de imposible reparación, al tratarse de resoluciones que no afectan material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo . En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de la materia . Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el numeral 107 de la Ley invocada, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley citada . En el caso, los reclamos son las resoluciones de segunda instancia que en la primera, revocó un proveído y ordenó el llamamiento de la moral litisconsorte y como consecuencia la reposición del procedimiento; y en la segunda, dejó insubsistente la sentencia para retrotraer los efectos al proveído revocado. De ahí que sea dable afirmar que los reclamos únicamente envuelven cuestiones adjetivas o procedimentales, que inciden en la integración de la relación jurídico-procesal. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-. Conforme a ello, es dable afirmar que tal resolución es un acto reparable que afecta derechos adjetivos o procesales y sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, y una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Para demostrar lo anterior, y que quede plenamente evidenciado que con la reposición del procedimiento no se afectó ningún derecho sustantivo, es importante señalar que de las constancias allegadas del proceso natural, se advierte que en lo actuado previo a la emisión de la sentencia, únicamente destaca el desahogo de pruebas testimoniales y confesionales (ofrecidas por ambas partes), una pericial en materia de grafología, grafoscopía y documentoscopía (anunciadas por las codemandadas). Ello pone de manifiesto que los aspectos en que incide el acto reclamado son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, como se indicó, los derechos sustantivos de la parte quejosa quedan exentos de su alcance; pues no se deja insubsistente el desahogo de alguna prueba ofrecida por el quejoso, que sea imposible de obtener nuevamente, que pudiera ser de modo enunciativo uno de los supuestos que propiciarían una afectación irreparable. Se cita al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." En ese sentido, existe la posibilidad de que la sentencia definitiva que posteriormente se dicte en el proceso de origen sea favorable a los intereses del quejoso; y en caso contrario, estará en condiciones de hacer valer los recursos y/o medios de defensa que correspondan. No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se ordena reponer el procedimiento, pues lo jurídicamente relevante es que dicho criterio se emitió conforme a la Ley de Amparo anterior, en la cual, era posible equiparar la imposible reparación con actos que fueran de "grado predominante o superior", situación que ya no es así conforme al nuevo texto de la ley; aspecto analizado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), citada en esta resolución. Así, no habiendo una regla general para la procedencia de la acción de amparo por casos de reposición, debe hacerse, como aquí se hizo, un análisis casuístico integral sobre los alcances de cada fallo, lo que aquí se demostró que nada de orden sustantivo quedó sin efectos con motivo del acto reclamado. Similares consideraciones se sostuvieron en el recurso de queja civil 111/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , donde determinó: "No es óbice a lo anterior que el acto reclamado tenga la orden de reponer el procedimiento, dado que esa orden no deja sin efectos más que la prueba de confesión a cargo del demandado, hoy quejoso. Por lo tanto, para reponer el procedimiento en términos del acto reclamado será necesario únicamente desahogar la prueba de preguntas directas al peticionario del amparo; cerrar la etapa probatoria: permitir a las partes formulen sus alegatos y nuevamente dictar sentencia definitiva de primera instancia a efecto de que se valore también la probanza que se ordenó desahogar en el acto reclamado. Como se ve ninguna de esas actuaciones implica que pueda transgredirse derechos sustantivos del peticionario de amparo ya que no se están dejando sin efectos probanzas que pudieran no de volver a desahogarse, ni implica la posibilidad de que el quejoso que las se le impusiera algún medio de apremio. Por tanto, a pesar de que se está reponiendo el procedimiento no existe derecho sustantivo que pueda ponerse en riesgo con esta reposición." Consecuentemente al actualizarse la improcedencia del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, debe SOBRESEERSE el presente asunto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., mandatario judicial de ..., contra actos de la Octava Sala y Juez Trigésimo Noveno de Proceso Escrito, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy fecha en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal, se advierte que no obra constancia de notificación del quejoso respecto del proveído de seis de abril de este año, donde se radicó el juicio de amparo. Tal circunstancia amerita una regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y en salvaguarda del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 Constitucional. En congruencia con lo anterior, sin dejar insubsistente actuación alguna -por no ser necesario para subsanar la irregularidad advertida- se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio señalado por el quejoso y le notifique la radicación del juicio, así como el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, donde se recibió el informe justificado del juez responsable. Para dar margen a lo ordenado en este auto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Considerando que la presente determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición particular para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto específico del artículo 26 de la Ley de Amparo; por ende, se colige que es dispensable realizarles notificación por oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificar por lista a las responsables el contenido de este auto. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, intitulada: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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