David Ojeda Castillo
Expediente 539/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2015
Partes del expediente
- David Ojeda Castillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso David Ojeda Castillo, mediante el cual desahoga la prevención realizada por este Juzgado de Distrito en proveído de cinco de noviembre de dos mil quince. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, a fin determinar si ésta resulta procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII XIV y XVIII, todos de la Ley de Amparo, mismo que a la letra disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Realizando una interpretación del artículo 63, fracción XIV, del citado ordenamiento tenemos que el juicio de amparo no procede contra actos consentidos tácitamente, los cuales, para efectos del juicio constitucional, se reputan como tales, aquéllos en los que no se promueva el juicio de amparo en los términos a que alude el artículo 17, de la ley de la materia; asimismo, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, lo cual se ha corroborado con la jurisprudencia emitida por los Tribunales de la Federación. Ahora, dicho consentimiento se deriva de la omisión de ejercitar el derecho de impugnación encaminado a modificar, revocar o nulificar un acto emitido por una autoridad, es decir, por la falta de interposición de los recursos o medios de defensa previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, por lo cual, con la sola la interposición de dichos recursos o medios de defensa, se traducirá una inconformidad por parte del recurrente. Por su parte, el multicitado artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece el principio de definitividad al cual todo quejoso debe atender previó a la interposición del juicio constitucional, el hace referencia a que el juicio de amparo sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa que pueda dar lugar a la modificación, revocación, o anulación del acto impugnado. Ello, derivado del autonomía procesal por la que se rige el juicio de amparo, por lo cual no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Establecido lo anterior, y analizada la demanda en su integridad, así como el escrito aclaratorio de la misma, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "DE LA ORDENADORA; Consistente en la negatividad con que se conduce la responsable en relación al escrito que presente el día 06 de Octubre del 2015 dentro de la Toca Civil No. 98/15 respecto de un incidente de nulidad de actuaciones por notificaciones deficientes desde el auto de radicación de mi escrito de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de Mayo del 2014 dictada en el expediente 45/09 pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de esta Ciudad en adelante, al cual le recayó el acuerdo de fecha 14 de Octubre del 2015 resolviendo que no ha lugar a tenerme por interponiendo el incidente ya que debí hacerlo en la actuación subsecuente." ".así como reclamo el auto admisorio de mi recurso dictado por la ordenadora el día 21 de Enero del 2015 donde se tienen por expresados mis agravios, donde se debió ordenar notificarme dicho auto en forma personal en esta Ciudad de Ensenada B.C. todo lo anterior porque se omite aplicar correctamente los artículos 112, 114 fracción IV, V, VIII, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles, en vez de notificar por boletín judicial el auto de radicación, al no haberse señalado domicilio se debió requerir a las partes para que señalaran domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se les harían por boletín judicial, lo que no se realizó." "Aclaro que de la EJECUTORA: Reclamo el auto de fecha 28 de Septiembre del 2015 dictado por el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad dentro del expediente No. 45/09, mismo que me fue notificado el día 9 de Octubre del 2015." Ahora bien, respecto a los actos reclamado consistente en el auto admisorio del recurso de apelación, así como el proveído de catorce de octubre de dos mil quince, mediante el cual se acordó que no ha lugar a tenerle por promovido incidente de nulidad de actuaciones dictados por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, esta Juzgadora determina que en el caso, no se cumplió con el principio de definitividad que debe agotarse previo a la interposición del juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que en contra de dichos autos, resulta procedente el recurso de reposición, previsto por el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, respecto del cual el aquí quejoso no realiza ninguna manifestación en relación con la interposición de recurso alguno en contra del auto aquí reclamado. Por ello, como ya se dijo, el aquí quejoso estaba obligado a interponer el recurso en cuestión en contra del auto admisorio del recurso de apelación, así como del auto catorce de octubre de dos mil quince, en el cual se le tuvo por no interpuesto su incidente de nulidad, a fin de agotar el principio de definitividad y con ello dar procedibilidad al juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1214, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en el auto de fecha veintiocho de dos mil quince, dictado por el Juez Primero de lo Civil, con residencia en Ensenada Baja California, se actualiza la diversa causal de improcedencia establecida en las fracciones XIII y XIV, en virtud de ser un acto de autoridad derivado de un diverso acto que fuera previamente consentido por el aquí impetrante. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso al no haber promovido juicio de amparo directo, en contra de la resolución que decretó la caducidad en segunda instancia y que confirmó la primer grado, da lugar a interpretar un consentidos tácitamente, respecto del mismo, ya que al haber contado con un terminó legal para manifestar su inconformidad respecto de dicho acto, con la interposición del juicio antes citado y no haberlo hecho así, pone de manifiesto que el acto reclamado en cuestión es derivado de un acto consentido. Funda lo anterior, la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 408, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, Semanario Judicial de la Federación, materia común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. Si el quejoso tuvo intervención en el juicio de origen, y a pesar de que le fue notificada la sentencia no la recurrió, los actos reclamados consecuencia de aquélla, no son más que actos derivados de otro consentido". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracciones XIII, XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda. Sin que obste a lo anterior, que el diverso acto reclamado consistente en el auto admisorio del recurso de apelación, quedó substituido procesalmente por el diverso auto en cual se decretó la caducidad de la instancia, razón por la cual corre la misma suerte éste
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de once de noviembre de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de noviembre de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso David Ojeda Castillo, mediante el cual desahoga la prevención realizada por este Juzgado de Distrito en proveído de cinco de noviembre de dos mil quince. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, a fin determinar si ésta resulta procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII XIV y XVIII, todos de la Ley de Amparo, mismo que a la letra disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Realizando una interpretación del artículo 63, fracción XIV, del citado ordenamiento tenemos que el juicio de amparo no procede contra actos consentidos tácitamente, los cuales, para efectos del juicio constitucional, se reputan como tales, aquéllos en los que no se promueva el juicio de amparo en los términos a que alude el artículo 17, de la ley de la materia; asimismo, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, lo cual se ha corroborado con la jurisprudencia emitida por los Tribunales de la Federación. Ahora, dicho consentimiento se deriva de la omisión de ejercitar el derecho de impugnación encaminado a modificar, revocar o nulificar un acto emitido por una autoridad, es decir, por la falta de interposición de los recursos o medios de defensa previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, por lo cual, con la sola la interposición de dichos recursos o medios de defensa, se traducirá una inconformidad por parte del recurrente. Por su parte, el multicitado artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece el principio de definitividad al cual todo quejoso debe atender previó a la interposición del juicio constitucional, el hace referencia a que el juicio de amparo sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa que pueda dar lugar a la modificación, revocación, o anulación del acto impugnado. Ello, derivado del autonomía procesal por la que se rige el juicio de amparo, por lo cual no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Establecido lo anterior, y analizada la demanda en su integridad, así como el escrito aclaratorio de la misma, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "DE LA ORDENADORA; Consistente en la negatividad con que se conduce la responsable en relación al escrito que presente el día 06 de Octubre del 2015 dentro de la Toca Civil No. 98/15 respecto de un incidente de nulidad de actuaciones por notificaciones deficientes desde el auto de radicación de mi escrito de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de Mayo del 2014 dictada en el expediente 45/09 pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de esta Ciudad en adelante, al cual le recayó el acuerdo de fecha 14 de Octubre del 2015 resolviendo que no ha lugar a tenerme por interponiendo el incidente ya que debí hacerlo en la actuación subsecuente." ".así como reclamo el auto admisorio de mi recurso dictado por la ordenadora el día 21 de Enero del 2015 donde se tienen por expresados mis agravios, donde se debió ordenar notificarme dicho auto en forma personal en esta Ciudad de Ensenada B.C. todo lo anterior porque se omite aplicar correctamente los artículos 112, 114 fracción IV, V, VIII, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles, en vez de notificar por boletín judicial el auto de radicación, al no haberse señalado domicilio se debió requerir a las partes para que señalaran domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se les harían por boletín judicial, lo que no se realizó." "Aclaro que de la EJECUTORA: Reclamo el auto de fecha 28 de Septiembre del 2015 dictado por el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad dentro del expediente No. 45/09, mismo que me fue notificado el día 9 de Octubre del 2015." Ahora bien, respecto a los actos reclamado consistente en el auto admisorio del recurso de apelación, así como el proveído de catorce de octubre de dos mil quince, mediante el cual se acordó que no ha lugar a tenerle por promovido incidente de nulidad de actuaciones dictados por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, esta Juzgadora determina que en el caso, no se cumplió con el principio de definitividad que debe agotarse previo a la interposición del juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que en contra de dichos autos, resulta procedente el recurso de reposición, previsto por el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, respecto del cual el aquí quejoso no realiza ninguna manifestación en relación con la interposición de recurso alguno en contra del auto aquí reclamado. Por ello, como ya se dijo, el aquí quejoso estaba obligado a interponer el recurso en cuestión en contra del auto admisorio del recurso de apelación, así como del auto catorce de octubre de dos mil quince, en el cual se le tuvo por no interpuesto su incidente de nulidad, a fin de agotar el principio de definitividad y con ello dar procedibilidad al juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1214, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en el auto de fecha veintiocho de dos mil quince, dictado por el Juez Primero de lo Civil, con residencia en Ensenada Baja California, se actualiza la diversa causal de improcedencia establecida en las fracciones XIII y XIV, en virtud de ser un acto de autoridad derivado de un diverso acto que fuera previamente consentido por el aquí impetrante. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso al no haber promovido juicio de amparo directo, en contra de la resolución que decretó la caducidad en segunda instancia y que confirmó la primer grado, da lugar a interpretar un consentidos tácitamente, respecto del mismo, ya que al haber contado con un terminó legal para manifestar su inconformidad respecto de dicho acto, con la interposición del juicio antes citado y no haberlo hecho así, pone de manifiesto que el acto reclamado en cuestión es derivado de un acto consentido. Funda lo anterior, la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 408, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, Semanario Judicial de la Federación, materia común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. Si el quejoso tuvo intervención en el juicio de origen, y a pesar de que le fue notificada la sentencia no la recurrió, los actos reclamados consecuencia de aquélla, no son más que actos derivados de otro consentido". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracciones XIII, XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda. Sin que obste a lo anterior, que el diverso acto reclamado consistente en el auto admisorio del recurso de apelación, quedó substituido procesalmente por el diverso auto en cual se decretó la caducidad de la instancia, razón por la cual corre la misma suerte éste.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de cinco de noviembre de dos mil quince, que dice: "Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, contra actos de: Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California. Juzgado Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 539/2015-II-C. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 114 fracción IV, 108 fracción IV, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, realice una aclaración respecto del acto reclamado consistente en la notificación realizada en fecha nueve de octubre de dos mil quince, toda vez que de su escrito de demanda se advierte que en el apartado respectivo señaló lo siguiente: ". DE LA EJECUTORA; La notificación que me hizo con fecha 9 de Octubre del 2015 respecto del auto de fecha 28 de Septiembre del 2015 dictado por el Juez Primero de lo Civil de esta Ciudad dentro del expediente No. 45/09 donde se me notifica que ha operado la caducidad en segunda instancia quedando firme la sentencia definitiva de fecha 13 de Mayo del 2014, (esto sin que la ordenadora haya entrado al estudio de mis alegatos presentados en el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha sentencia para que el suscrito este en aptitud de defender sus derechos, omisión que afecta y lesionan la esfera jurídica y mis intereses personales públicos subjetivos, conculcándose con ello mis garantías constitucionales, solicitando en consecuencia a este órgano del poder judicial de la federación que se les requiera para que se cumplan con las formalidades del procedimiento en su etapa procesal, pasando a describir decidida y pormenorizadamente los eventos supra citados y que considero, son transgresiones a mis derechos en el capítulo que corresponde." En este orden de ideas, se requiere a la parte quejosa para que, por lo que hace a dicho acto, manifieste si únicamente reclama la notificación de fecha nueve de octubre de dos mil quince, a través del cual se le notificó el auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, o bien señale si el acto reclamado también lo hace consistir en el contenido del acuerdo materia de la notificación; pues es evidente que no existe claridad en lo que señala como acto reclamado. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en avenida Gastelum y boulevard Costero, número 120-7 Plaza Galicia en esta ciudad. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Miriam Dupox Beltrán y Daniel Torres Uribe, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente"
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