David Ocampo Villegas

Expediente 697/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
697/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • David Ocampo Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 697/2023, promovido por David Ocampo Villegas, por propio derecho, en contra del acto que reclama del Cabildo, Director de Administración y Comisión de Pensiones y Jubilación, todos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de petición. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, por medio del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el veinticuatro siguiente por razón de turno a este juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, David Ocampo Villegas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "1.- Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. 2.- Jefatura de Recursos del Ayuntamiento de Jojutla y/o Dirección de Administración del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, o, como se denomine.". ACTOS RECLAMADOS "1.- Del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. La falta de un acuerdo escrito de la responsable a mi derecho de petición, ejercido mediante mi escrito presentado ante ella el 16 de abril de 2019, en el que le solicité la tramitación de mi pensión.". 2.- De la Jefatura de Recursos del Ayuntamiento de Jojutla y/o Dirección de Administración del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, o, como se denomine.". SEGUNDO. Admisión, ampliación de demanda y audiencia constitucional. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 697/2023-II, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, el quejoso amplió su demanda, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado, en los términos siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE "1.- Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos.". ACTO RECLAMADO "La falta de un acuerdo escrito de la responsable a mi derecho de petición, ejercido mediante mi escrito presentado ante ella el 16 de abril de 2019, en el que le solicité la tramitación de mi pensión.". Mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y previos diferimientos de la audiencia constitucional, aquélla tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y el escrito de ampliación, se advierte que el acto efectivamente planteado como reclamado y las autoridades responsables son: Del Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, Director de Administración (en su denominación correcta) y Comisión de Pensiones y Jubilación, ambos de Jojutla, Morelos, se reclama la omisión de dar respuesta al escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Cabildo y Comisión de Pensiones y Jubilación, ambos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, al rendir su informe justificado expresamente negaron la existencia del acto que la parte quejosa les reclamó, consistente en la omisión de contestar el escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, negativas que no fueron desvirtuadas por la parte quejosa; de ahí que se tengan por inexistentes los actos reclamados. Tiene aplicación la tesis aislada sin número, con registro 804176, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, materia común, volumen XLIII, primera parte, pagina 181, con rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Lo anterior es así, pues con independencia de que las autoridades en mención Cabildo y Comisión de Pensiones y Jubilación, ambos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, sí tienen diversas facultades en relación al procedimiento tendente a establecer la procedencia o improcedencia del otorgamiento de pensiones a los trabajadores del municipio de Jojutla, Morelos, de conformidad con el Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, lo cierto es que las atribuciones a su cargo deben realizarse una vez que tienen conocimiento de existencia de los escritos por los que se solicita se analice la procedencia del otorgamiento de una pensión, lo que en el caso no se advierte, puesto no obra constancia que acredite que la diversa autoridad, aquí responsable, Director de Administración propio Ayuntamiento de Jojutla, Morelos hizo de su conocimiento el escrito cuya omisión se reclama. Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por los numerales 10, párrafo primero, 40 y 47, fracción II del Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, que establecen que la Comisión de Pensiones y Jubilación del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, entre otras cosas, solo sesionara a convocatoria del Secretario Técnico, es decir, del Titular de la Jefatura de Recursos Humanos, que corresponde a dicha Comisión, el conocimiento, estudio y dictamen de los asuntos en materia de pensiones solicitadas por los trabajadores al servicio del Ayuntamiento; que una vez elaborado el dictamen de acuerdo de pensión, deberá enviarlo a los integrantes del Ayuntamiento para ser resuelto, en sesión de Cabildo, el otorgamiento o negativa de las pensiones de los trabajadores de Ayuntamiento de Jojutla. "Artículo 10.- La Comisión sesionará únicamente a convocatoria del Secretario Técnico cuando tenga conocimiento de solicitudes de Pensión y/o Jubilación de un trabajador o interesado, conforme a las disposiciones del presente Reglamento. .". "Artículo 40.- Una vez validados los documentos que justifiquen los años de servicio, así como el salario o remuneración última percibido por el servidor público, la Comisión de Pensiones y Jubilaciones procederá a emitir declaratoria de convalidación de los documentos contenidos en el expediente de pensión respectivo y designar al encargado de la elaboración del Proyecto de Dictamen de Acuerdo de Pensión correspondiente, mismo que una vez terminado deberá enviarse a los integrantes del Ayuntamiento.". "Artículo 47.- Corresponde a la Dirección de Administración a través de la Jefatura de Recursos Humanos: . II. Elaborar y presentar a la Comisión De Pensiones y Jubilaciones un programa de actividades para cada solicitud de beneficio de jubilación y/o pensión de trabajadores; .". Por tanto, si la diversa autoridad responsable Dirección de Administración no ha hecho del conocimiento de la Comisión de Pensiones y Jubilación del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, la existencia de solicitud de pensión presentada por el quejoso, es evidente que ni dicha autoridad (Comisión de Pensiones) ni el Cabildo han omitido ejercer las obligaciones que el Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, les impone, de ahí que la inexistencia apuntada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer respecto del acto y autoridades aquí precisados. CUARTO. Existencia del acto reclamado. En principio conviene precisar que el acto que se reclama, por su naturaleza, es omisivo, por lo que su existencia se analiza conforme a las facultades que la ley concede a las autoridades señaladas como responsables. Sentado lo anterior, se tiene que la autoridad responsable Director de Administración del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, (en su denominación correcta) al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuyó, esto es, la omisión de dar respuesta al escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve; sin embargo dicha negativa debe desvirtuase con base en el contenido de los artículos 33, 34, 42 y 47 del Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, que dicen: "Artículo 33.- Recibida la solicitud de pensión por la Jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento, ésta será turnada de inmediato a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones, la cual procederá a su revisión general, y en caso de no reunir los requisitos previstos por la Ley del Servicio Civil o la Ley de Prestaciones Sociales y este Reglamento en un término de 5 días hábiles a partir de la recepción de dicha solicitud, la Comisión de Pensiones y Jubilaciones notificará por escrito al solicitante a efecto de que subsane el requisito faltante u omitido, suspendiéndose el procedimiento respectivo. Una vez reunidos los requisitos documentales, se procederá de manera inmediata a la asignación de un número económico progresivo que le correspondiere de acuerdo al orden y año en que fue recibido para su identificación. El expediente se archivará en el lugar correspondiente a "Pensiones en Trámite", en el orden alfabético-numérico correspondiente y se iniciará la revisión detallada e investigación correspondiente.". "Artículo 34.- Para el desarrollo de la investigación para ratificar la certificación de los años de servicio y el monto del último salario o remuneración percibido por el servidor público o ex servidor público, la Comisión de Pensiones y Jubilaciones procederá de manera inmediata a emitir los oficios de solicitud a las dependencias u organismos de este régimen en los que hayan laborado, según sea el caso.". "Artículo 42.- El Ayuntamiento, en sesión de Cabildo votará y aprobará el Acuerdo Pensionatorio correspondiente, y una vez aprobado, el Presidente Municipal ordenará su promulgación y publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y en la Gaceta Municipal, atento a lo dispuesto en la fracción XXXVIII, del artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Asimismo, se notificará al interesado o peticionario, de la resolución recaída respecto de su solicitud de pensión. Igualmente se ordenará que dicho acuerdo se notifique para su ejecución a las áreas de Tesorería, Recursos Humanos y Secretaría, para la programación y control de los pagos de pensión una vez que se realice su publicación respectiva.". "Artículo 47.- Corresponde a la Dirección de Administración a través de la Jefatura de Recursos Humanos: I. Recibir las solicitudes de los beneficios de la seguridad social de sus trabajadores y de los elementos de seguridad pública municipal, en lo referente a pensiones por Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada, Invalidez, así como por Viudez, Orfandad y Ascendencia por causa de muerte del trabajador o pensionista; II. Elaborar y presentar a la Comisión De Pensiones y Jubilaciones un programa de actividades para cada solicitud de beneficio de jubilación y/o pensión de trabajadores; III. Otorgar al trabajador, al elemento de seguridad pública o a los deudos de ambos, la documentación referente a la carta de certificación del promedio salarial y/o de remuneración percibido los últimos cinco años por el trabajador y la constancia de servicios prestados por el trabajador en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal; IV. Dar contestación a las solicitudes de información proveniente del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, así como de los municipios, referente a la antigüedad de algún ex trabajador, o ex elemento de seguridad pública, con la finalidad de convalidar la antigüedad en el servicio público para la dependencia que requiere la información, remitiendo copias certificadas de las documentales que fehacientemente acrediten los periodos de servicio que hubieran prestado para el Ayuntamiento, y V. Las establecidas en el presente Reglamento, y demás previstas en las Leyes Federales, Estatales y Municipales aplicables.". De la reproducción de los artículos que anteceden se advierte, en lo que aquí interesa, que corresponde a la Dirección de Administración a través de la Jefatura de Recursos Humanos, entre otras cosas, recibir las solicitudes de los beneficios de la seguridad social de sus trabajadores, elaborar y presentar a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones un programa de actividades para cada solicitud de beneficio de jubilación o pensión de trabajadores. Recibida la solicitud de pensión será turnada de inmediato a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones, la cual procederá a su revisión general, de faltar algún requisito notificará por escrito al solicitante a efecto de que lo subsane, reunidos los requisitos, se procederá de manera inmediata a la asignación de un número de expediente. La Comisión de Pensiones y Jubilaciones procederá de manera inmediata a emitir los oficios de solicitud a las dependencias u organismos de este régimen en los que hayan laborado, según sea el caso. Por su parte, el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, votará y aprobará el acuerdo pensionatorio correspondiente y una vez aprobado, el Presidente Municipal ordenará su promulgación y publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y en la Gaceta Municipal, asimismo, se notificará al interesado o peticionario y a las áreas de Tesorería, Recursos Humanos y Secretaría, para la programación y control de los pagos de pensión una vez que se realice su publicación respectiva. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado al Director de Administración del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos (en su denominación correcta). QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". De la lectura de los informes justificados se advierte que aquéllas afirman que este juicio de amparo es improcedente al manifestar que la parte quejosa carece de interés jurídico y ellas no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. En primer lugar se precisa que contrario a lo afirmado por las autoridades responsables, la parte quejosa sí tiene interés jurídico pues adjuntó a su demanda de amparo la copia del acuse del escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, documental con la que demuestra su interés pues justifica la exhibición de una petición, en términos de lo previsto por el artículo 8º Constitucional, de solicitar el otorgamiento de una pensión. Se precisa que aun cuando dicha documental se exhibió en copia simple la misma se encuentra corroborada con la confesión expresa de las autoridades responsables Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y el Director de Administración del propio Ayuntamiento, respecto a la existencia de dicho escrito y con las copias certificadas que adjuntaron a su informe, pruebas que se valoran de conformidad con los artículos 95, 96, 129, 197, 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En razón de lo anterior, la causa de inejercitabilidad citada es infundada. Ahora bien, en relación a la diversa causa de improcedencia, consistente en la ausencia de la calidad de autoridad responsables, se impone precisar que en el caso la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta al escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, lo que implica la violación directa al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Director de Administración del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, sí tiene la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues al reclamarse un acto que atenta de manera directa contra un artículo de la Constitución como lo es el derecho de petición, la citada autoridad sí tienen la calidad de responsable. Además, como se precisó en el considerando tercero, de conformidad con los artículos 33, 34, 42 y 47 del Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, corresponde, entre otros, al Director de Administración del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos recibir y analizar, en primera instancia, la documentación, previo a la discusión, aprobación y elaboración del proyecto atinente al procedencia o no de la pensión solicitada. Por otra parte, las autoridades responsables Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y Director de Administración del propio Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, manifestaron que este juicio de amparo es improcedente en razón de que mediante oficio sin número, correspondiente al "EXP.- NUM.- RH/PENS/13/2019", se comunicó al aquí quejoso que en relación al escrito de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, por el que solicitó el otorgamiento de pensión por jubilación, su petición se encuentra en trámite, por lo que si no estaba de acuerdo con dicha respuesta debió de haberla combatido y, al no hacerlo, es claro que consintió de manera tácita dicha respuesta, por lo que afirma que este amparo es improcedente. La causa de inejercitabilidad es infundada debido a que de la revisión a la documental de referencia con base en la cual las autoridades responsables en mención manifiestan dieron "contestación" al escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, no se advierte fecha alguna para efecto de establecer a partir de cuándo deberá hacerse el cómputo de quince días para efecto de establecer si la presentación de la demanda de amparo fue o no oportuna. Aunado a lo anterior, la improcedencia aducida (consentimiento tácito) está relacionada con el fondo del asunto, de ahí que su contestación no forme parte de la procedencia del juicio sino del estudio de fondo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con registro digital 187973, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, materia común, página 5, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". Al no advertirse diversa causa de improcedencia que deba ser examinada a petición de parte o de oficio, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En este punto, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos en sus términos en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia, Novena Época, de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página 830, de rubro y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Ahora bien, es importante señalar la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, de registro 191384, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Se precisa que el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se realizará de manera conjunta dada su estrecha relación y debido a que ello no es contrario al artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), con registro 2011406, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, que es del siguiente tenor literal: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." La parte quejosa David Ocampo Villegas aduce substancialmente en su concepto de violación que las autoridades responsables han sido omisas en dar contestación al escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, omisión con la que afirma se viola su derecho humano de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal argumento es fundado y suficiente para conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Una apreciación íntegra de las constancias procesales que conforman el juicio de amparo en estudio lleva a quien resuelve a considerar que en contra de la parte quejosa existe una violación al derecho fundamental previsto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". El precepto transcrito, establece cómo deberán realizarse las peticiones que los particulares dirijan a las autoridades, a saber: Por escrito. De forma pacífica. De manera respetuosa, lo que implica que el particular se debe dirigir a la autoridad con toda atención y miramiento. De igual forma, la disposición constitucional en comento señala que las autoridades a quienes se dirigen las peticiones deben: Emitir un acuerdo por escrito. 2) Dar a conocer debidamente al peticionario, en breve tiempo, la respuesta. Del dispositivo de referencia se deduce que para que se dé lugar a la existencia del derecho de petición debe haber una relación de supra a subordinación, es decir, que la solicitud la haga un gobernado, por escrito, de manera pacífica, respetuosa y que la misma se eleve a un servidor público, en su calidad de autoridad, quien está obligada a emitir una respuesta a dicha petición, por escrito, hacerla del conocimiento del interesado en breve término, debiéndose entender como tal aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 126, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189914, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Así, sobre la observancia del derecho de petición las autoridades deben dar contestación sin mayores presupuestos o exigencias legales, ya que si la petición fue realizada de manera respetuosa, pacífica y por escrito, la autoridad a la cual fue dirigida queda obligada a dar contestación, en los términos señalados por el artículo 8 constitucional, de tal forma que la protección constitucional al derecho de petición se debe dar de manera directa y en breve término. En efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 8 constitucional y atento a la solicitud del gobernado, la autoridad debe emitir un acuerdo por escrito y en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo pedido. Además, la autoridad responsable debe notificar el acuerdo o resolución recaído a la petición del gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 79, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 89, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, registro 1001604, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario.". Así como, la tesis aislada XXI.1o.P.A.36 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1897, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162603, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.". Con base en lo precisado, de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo el acuse de recibo del escrito de solicitud de pensión por jubilación, presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Petición realizada por escrito, de manera pacífica, respetuosa, la cual fue dirigida y recibida por el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, lo que cumple con las formalidades establecidas en el artículo 8º constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que las autoridades responsables no han dado respuesta a la solicitud de pensión por jubilación; sin embargo, como ya se dijo, de acuerdo con los artículos 33, 34, 42 y 47 del Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, corresponde al Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, Director de Administración y Comisión de Pensiones y Jubilación, ambos del propio Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, entre otras autoridades, proveer sobre el otorgamiento o negativa de las pensiones de los trabajadores de su ayuntamiento, previa recepción, análisis y discusión de la documentación correspondiente y elaboración de anteproyecto. La circunstancia de referencia hace evidente la denegación respecto a la petición de pensión por jubilación solicitada por la parte quejosa, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de mayo de dos mil veintitrés) han pasado más de cuatro año y siete días en los que las responsables no han proveído sobre el escrito de la parte quejosa. En efecto, resulta importante destacar que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional la autoridad responsable no acreditó haber dado contestación a la petición elevada por la parte aquí quejosa, no obstante que contó con tiempo suficiente para hacerlo, omisión que indudablemente transgrede en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que el concepto de violación sea fundado. Cabe precisar que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece el tiempo en que debe darse contestación al peticionario; sin embargo, la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto en cita, debe entenderse como el que razonablemente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla, a menos de que exista regulación expresa que precise el plazo en que debe producirle la respuesta. Además, la expresión "breve término" a que se refiere el precepto constitucional invocado para que la autoridad emita respuesta a la solicitud presentada por el gobernado, si bien debe comprender el plazo relativo a las gestiones administrativas de rigor que en su caso se deban realizar, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios a los que se les turnan, lo cierto es que aun así, el tiempo que ha transcurrido desde la presentación de su escrito (dieciséis de abril de dos mil diecinueve) a la fecha del dictado de esta sentencia, ha sido tiempo suficiente para que la autoridad señalada como responsable diera contestación a la solicitud que formuló la parte quejosa; es decir, para que emitiera la respuesta a lo pedido, lo que no ha llevado a cabo. Es aplicable al caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Sexta Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 266302, que expresa: "PETICIÓN, DERECHO DE. Aunque la garantía constitucional de petición sea tal que no libre a los particulares de las exigencias de la legislación secundaria en cada caso, la verdad es que ocurre también que a pesar de ello las autoridades, conforme al artículo 8o. constitucional estén siempre obligadas a respetar el derecho de petición cuando el mismo se ejercite por escrito, de modo pacífico y respetuoso, y que por obra de esa garantía a toda petición del particular debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido el escrito de solicitud, acuerdo que deberá ser congruente con lo pedido y debiendo la respectiva autoridad hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Con la circunstancia de que si por demora suya, la responsable se viere obligada a dictar su acuerdo respectivo con mayor premura, ello no es obstáculo para que se cumpla con la repetida garantía.". También, resulta aplicable en la especie, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro 237232, que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones.". No obsta a lo anterior, el que la autoridad responsable Director de Administración del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, al rendir su informe justificado manifestara que mediante oficio sin número, correspondiente al "EXP.- NUM.- RH/PENS/13/2019", se comunicó al aquí quejoso que su escrito de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, por el que solicitó el otorgamiento de pensión por jubilación, se encontraba en trámite; toda vez que dicha contestación no constituye una respuesta, debido a que el objeto de la solicitud realizada a la autoridad responsable constituye en determinar si es o no procedente el otorgamiento de una pensión de jubilación y no si se ha iniciado el trámite respectivo, por lo que al no atender de manera directa o frontal con lo solicitado, no puede estimarse que aquélla constituye una respuesta, en términos de lo ordenado por el artículo 8º Constitucional, a la petición formulada por la parte quejosa en el escrito presentado ante la Jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, en el caso se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinaran con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades o particulares deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho humano que se consideró infringido. Ahora, si bien es cierto en el considerando tercero de esta sentencia se determinó la inexistencia del acto reclamado al Cabildo y la Comisión de Pensiones y Jubilación, ambos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, también lo es que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 a 44 del Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, se establece el procedimiento para proveer sobre el otorgamiento o negativa de las pensiones de los trabajadores de su ayuntamiento, previa recepción, análisis y discusión de la documentación correspondiente y elaboración de anteproyecto, se impone, desde este momento, vincular al procedimiento de cumplimiento de sentencia a dichas autoridades, a efecto de cumplir con la sentencia en los términos siguientes. En consecuencia, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la quejosa para el efecto de que el Director de Administración, el Cabildo y la Comisión de Pensiones y Jubilación, todas del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, las dos últimas en su carácter de autoridades vinculadas, en el respectivo ámbito de su competencia, de forma inmediata: Dicten la contestación al escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, por el que la parte quejosa solicitó se dictaminara la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación; y, Notifique, en términos de la ley que rija su actuar, la respuesta a la parte quejosa en el domicilio que se señaló para tal efecto. En el entendido de que lo resuelto en la presente sentencia no obliga a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido, ello en virtud de que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° constitucional tiende a asegurar la emisión de una respuesta que sea congruente, completa, rápida y sobre todo, fundada y motivada, no así a que necesariamente se resuelva en los términos solicitados por el peticionario. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por David Ocampo Villegas, en contra de lo acto reclamado y las autoridades responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerandos tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a David Ocampo Villegas, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando sexto y para los efectos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para efecto de rendir el informe justificado correspondiente, respecto a la ampliación de demanda por cuanto hace a los conceptos de violación expresados en el escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo únicamente por cuanto a la autoridad y acto que precisó la parte quejosa, no así por los conceptos de violación; sin embargo se omitió precisar que también era procedente la ampliación por aquéllos. En consecuencia, a fin de no violentar los derechos de las partes, se impone regularizar dicha omisión y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo presentada por la parte quejosa también por cuanto hace a los conceptos de violación expresados en el escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, para hacer saber lo aquí precisado a las partes quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y autoridad responsable Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, se impone diferir la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado electrónicamente por el autorizado en términos amplios del quejoso, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, los cuales se relacionarán al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano