David Ocampo Rodríguez

Expediente 1023/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1023/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • David Ocampo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintitrés junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por David Ocampo Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de control en Línea Especializado en Ordenes de Aprehensión y/o Cateos del Distrito Judicial de Tenancingo; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1023/2022-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión que se emita en contra del quejoso por el delito de desaparición forzada de personas. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es: la orden de aprehensión que se emita en contra del quejoso por el delito de desaparición forzada de personas. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza.". De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la orden de aprehensión que se emita en contra del quejoso por el delito de desaparición forzada de personas, sin que a la fecha se tenga indicio de que la autoridad responsable la haya dictado. Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del aquí quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues de la lectura de la demanda, no se advierte dato alguno en el sentido de que las autoridades que señala como responsables vayan a recabar su declaración preparatoria o bien, a emitir resolución alguna, ni de cómo o cuándo se enteró de la posible ejecución dichos mandamientos. Por ende, del acto señalado, se advierte que el quejoso promueve su demanda de amparo como una prevención -lo que no es permisible- dado que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es la existencia de un agravio personal y directo. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Lo enfatizado es propio Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución.". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el precepto legal 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por David Ocampo Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de control en Línea Especializado en Ordenes de Aprehensión y/o Cateos del Distrito Judicial de Tenancingo. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene por autorizados a los profesionistas que señala la quejosa en los términos que refiere, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil veintidós. VALORACIÓN CUMPLIDA. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído dictado el catorce de junio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la forma en que el Administrador Central de Amparo e Instancia Judiciales en suplencia por ausencia de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, aduce haber cumplido el fallo protector; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede analizar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. El acto reclamado consistió en: La aplicación del último párrafo del artículo 39 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta de la reforma publicada el once de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación que se hizo patente en la declaración anual del ejercicio 2019. Ahora, mediante sentencia de trece de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección constitucional, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Efectos de la concesión del amparo. Por los motivos y fundamentos expuestos, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Tollocan Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto de aplicación del precepto 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, consistente en la declaración del Impuesto Sobre la Renta relativa al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, llevada a cabo el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, para que, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: Se permita a la parte quejosa, únicamente respecto de la declaración anual de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de los elementos que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta tengan lugar en ejercicios distintos. Lo anterior, sin que la concesión alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital." Resolución que adquiriera firmeza procesal por determinación de trece de mayo de dos mil veintidós, en la que se requirió el cumplimiento a las responsables del fallo protector. En ese sentido, y en acatamiento al fallo protector, mediante oficio acordado el catorce de junio de dos mil veintidós, el Administrador Central de Amparo e Instancia Judiciales en suplencia por ausencia de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, hizo del conocimiento la forma en que dio cumplimiento al fallo protector. "Al respecto, y en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria en el ámbito de su competencia, se abstiene de aplicar a la quejosa Tollocan Motors, S.A. de C.V., conforme a los efectos de amparo contra el acto de aplicación del artículo 39, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, únicamente respecto de la declaración anual del impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019; permitiéndose a la causante el reconocimiento de los efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de los elementos que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores hasta el momento en que se lleve al enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitando a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta tengan lugar en ejercicios distintos. Lo anterior, sin que la concesión alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esta porción normativa es simétrica y valida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente, con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. (sic)" El diecisiete de los cursantes, el autorizado en términos amplios de la moral quejosa remitió escrito firmado electrónicamente al cual le recayó el número de promoción 11329, por medio del cual solicita que se declare cumplida la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, esto es, en cumplimiento a la vista otorgada. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables y el escrito remitido por el autorizado de la parte quejosa, se advierte que se ha dado cumplimiento al fallo protector. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese de forma personal a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de David Ruedas Moncivais, Secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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