David Nicolás Santos García
Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- David Nicolás Santos García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el nueve de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por si y en representación de dicha Junta y anexo que acompaña al mismo. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de dar entrada al incidente de liquidación de laudo promovido en el juicio laboral 881/2010, el once de agosto de dos mil veinte, así como su notificación. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de once de agosto del año pasado, la parte actora -aquí quejosa- solicitó la apertura del incidente de liquidación ordenado en el laudo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. 2. A la fecha en que se presentó la demanda -veintisiete de enero de dos mil veintiuno-, aún no se daba entrada al incidente de liquidación solicitado. 3. Finalmente, mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 881/2010 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se acordó el escrito de once de agosto del año pasado, por el cual la parte actora-aquí quejosa- solicitó la apertura del incidente de liquidación ordenado en el laudo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, y dio vista al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, con copia del citado escrito y de dicho proveído, para que en el término de tres días manifieste lo que considere necesario, apercibiéndole que no hacerlo en el término concedido se le tendrá por no haciendo manifestación alguna y se acordará lo que en derecho corresponda y ordenó su notificación. Sin embargo, el Presidente responsable niega que se le estén violando los derechos humanos del quejoso y que debido al exceso de las cargas de trabajo existentes en ese Tribunal Laboral, así como la falta de personal, no ha sido posible notificar a las partes, por lo que refiere que el mismo, fue turnado al actuario adscrito para que realice la notificación correspondiente Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de tres de marzo del presente año, en el que se acordó el escrito de once de agosto del año pasado, presentado por la parte actora -aquí quejosa- en el que solicitó la apertura del incidente de liquidación ordenado en el laudo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe remitido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de la constancia que el Presidente de la citada Junta allegó a este asunto, se advierte la omisión de notificación a la parte quejosa tal circunstancia; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el laudo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a fin de que las autoridades responsables Junta Especial Treinta cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Presidente adscrito a la citada Junta, rindan su informe justificado correspondiente. En estas condiciones, para dar margen a que las responsables rindan su informe justificado, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las doce horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Agréguense los sobres devueltos por la Oficina de Correos de esta ciudad, relativos a los oficios 24090/2020, 24091/2020, 28443/2020 y 28444/2020 dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de su representante la Secretaría de Salud y al Secretario de Salud, ambos en la Ciudad de México, mismos que contienen la anotación "cerrado por covid". En estas condiciones, a efecto de que dichas autoridades responsables queden notificadas de los contenidos de la resolución incidental y sentencia dictadas en el incidente de suspensión y juicio de amparo 391/2020-IV, respectivamente, remítanse nuevamente los oficios señalados. Asimismo el sobre devuelto, relativo al oficio 19879/2020, dirigido a la Secretaría de Bienestar, por el cual se le remitió copia simple del escrito inicial de demanda y del acuerdo de tres de julio de dos mil veinte; sin que haya lugar a reenviar dicho oficio toda vez que el quince de enero del presente año, se ordenó el archivo de este juicio como asunto concluido y se giró oficio a la referida autoridad con transcripción de ese acuerdo. Archivo. Finalmente, hecho lo anterior, como está ordenado en auto de quince de enero del año en curso, envíese el presente expediente al archivo correspondiente.
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