David Munguia Aguilar
Expediente 909/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2018
Partes del expediente
- David Munguia Aguilar
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula....IV
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por ******************* contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Tolimán, Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 909/2018-IV, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Ante todo, independientemente de que se advierte una irregularidad de la demanda de amparo que nos ocupa, ya que no se vierten los antecedentes del acto reclamado, en vez de prevenir al promovente para que la subsane, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia en estricto acatamiento de lo consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se procede a proveer sobre la demanda planteada; y, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo: El anterior precepto normativo, establece que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: 1.- El auto en el cual se admite el medio preparatorio a juicio ordinario civil 51/2018 sobre acción de posesión o publicana interpuesto por el aquí tercero interesado, en el cual se requiere al aquí quejoso *******************, a efecto de que en el plazo de cinco días, entregue documentos de su propiedad. 2.- El apercibimiento que, en caso de no cumplir con lo antes requerido, se le aplicará una multa por el equivalente a la cantidad de quince días de salario mínimo vigente en la zona. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedente del acto reclamado: El Juez Mixto de Primera Instancia de Tolimán, Querétaro, admitió el medio preparatorio a juicio ordinario civil sobre acción de posesión o publicana, en el cual se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del citado auto, exhiba diversos documentos, bajo apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a las medidas de apremio de conformidad con el artículo 193 de la Ley Adjetiva Civil. Señalado lo anterior, en el caso se advierte que, respecto del acto reclamado identificado como 1, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]". De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha establecido que la causal de improcedencia mencionada se agota en los casos en los que en la anterior ejecutoria de amparo se haya examinado y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado que es materia del posterior juicio de amparo, así como en los casos en que se haya determinado la inatacabilidad del acto, con motivo de la actualización de ciertas causales de improcedencia. En este último supuesto, se determinó que para que el sobreseimiento decretado en un anterior juicio de amparo pueda tener efectos de cosa juzgada, se requiere la convergencia de razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, que han cesado sus efectos, que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa; pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de amparo. La premisa de la que parte la actualización de la causal de improcedencia de cosa juzgada, derivada del sobreseimiento decretado en un anterior juicio de amparo (o como en el caso acontece de una demanda que fue desechada), es la absoluta inatacabilidad del mismo acto en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hacen inejercitable la acción de amparo. Atento a lo anterior, para que se configure la causal de improcedencia de mérito se requiere la actualización de una de las dos condiciones siguientes: a) Que en el anterior juicio de amparo se haya analizado y resuelto, en el fondo, la constitucionalidad del acto reclamado materia del posterior juicio de garantías. b) Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo. De no cumplirse alguna de las condiciones apuntadas, no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Sustenta lo anterior, la tesis CCLXXVIII/2012 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia aludida, en virtud de las copias certificadas de cuenta relativas a diversas constancias que integran el juicio de amparo 192/2018 del índice de este juzgado, las cuales constituyen un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la materia. Asimismo, orienta sobre el particular, la tesis XIII.3°.4K, Tribunales Colegiados de Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible a página 2679, tomo XXII, diciembre de 2005, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable con el número de registro 175644, Novena Época con el rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo". En principio cabe destacar que de las referidas constancias se desprende que el hoy quejoso, señaló como acto reclamado, el auto en el cual se admite el medio preparatorio a juicio ordinario civil 51/2018 sobre acción de posesión o publicana interpuesto por el aquí tercero interesado, en el cual se requiere al aquí quejoso David Munguía Águilar, a efecto de que en el plazo de tres días, entregue documentos de su propiedad; confesión realizada por la parte quejosa que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". Sentado lo anterior, en el caso se está en presencia del supuesto supracitado en el inciso b), pues en el primer juicio de amparo 192/2018 del índice de este juzgado, la parte quejosa designó los mismos actos y autoridad responsable que ahora señala, el cual fue desechado al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5º., fracción I, y 6º., de la Ley de Amparo, determinación que causó estado el cinco de marzo de dos mil dieciocho, por no haber interpuesto la parte quejosa recuso alguno; por tanto, es evidente que la presente demanda ya fue materia de una ejecutoria anterior, recaída en un juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, determinación que si bien no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad de los actos reclamados, sí constituye cosa juzgada para efectos de la improcedencia de un nuevo juicio de amparo en contra de esos mismos actos, tanto más que como se aprecia de lo antes reseñado no fue recurrida en la temporalidad prevista por la ley de la materia, esto es, existe un pronunciamiento firme e inamovible en torno a su improcedencia, cuyo contenido no puede desconocerse. Apoya al o dicho la tesis I.5o.P.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, materia común, número de registro 2005580, visible en el la página 2306, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia 8 sustentada por la Segunda Sala del Máximo tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 181-186, tercera parte, página 91, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías" (el subrayado y resaltado no es de origen). De igual modo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIII.3º.3K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que se comparte, visible a página 2380, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA UN ACTO QUE YA FUE RECLAMADO EN UNO ANTERIOR EN EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA Y CAUSÓ ESTADO TAL DETERMINACIÓN. Tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, consultable a fojas ciento veinticinco del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA.", estableció el criterio de que el juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda se concluye que su desechamiento implica que se da por concluido al causar estado la determinación que al efecto se emita -pues se está ya en presencia de una ejecutoria de amparo- de tal forma que cuando el quejoso promovió con anterioridad al juicio de amparo uno diverso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado y el Juez de Distrito del conocimiento determinó desechar la demanda y contra tal determinación no se interpuso recurso alguno, resulta evidente que contra tal determinación no puede ejercerse nuevamente la acción de amparo, al configurarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia contemplado en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo". Por otra parte, por cuanto ve al diverso acto reclamado señalado con el número 2, se evidencia que éste no tiene una ejecución inminente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: De la anterior (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de esta resolutora, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso; y, por otro lado el acto de que se duele no es real y actual, esto es se trata de un acto futuro e incierto, como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado no afecta a la parte quejosa, en su esfera de derechos. En efecto, el apercibimiento hecho a la parte quejosa en los autos del juicio ordinario civil del índice del Juzgado responsable, a criterio de esta resolutora, no afecta a la parte quejosa, pues su efectividad depende de su actuar, esto es, que cumpla o no con lo requerido por el juez responsable, pues cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de esas mismas diligencias, ello ya que de cumplir con lo solicitado de ninguna manera le afectara a sus derechos sustantivos el auto que combate. Por lo cual, no puede acudir al amparo hasta en tanto el mismo no cumpla con el requerimiento decretado en dicho auto, y se haga efectivo el apercibimiento. De ahí que se insiste, que el acto que ahora se analiza, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. Apoya a lo dicho la tesis I.7o.C.14 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XIX, Junio de 2004, materia común, número de registro 181326, visible en el la página 1445, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE LAS DILIGENCIAS DE MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. De conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, es también aplicable dicha disposición legal, en ese sentido, cuando el acto reclamado lo constituye el auto que únicamente admite a trámite las diligencias de medios preparatorios a juicio, mediante el cual se ordene notificar personalmente a la parte inconforme para que comparezca al juzgado a absolver posiciones, con el apercibimiento de declararla confesa de las que previamente sean calificadas de legales, en caso de no comparecer, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por las garantías constitucionales, y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de esas mismas diligencias." Es aplicable tesis PC.I.L. J/14 L (10a.), Décima Época, con número de registro 2010813, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Enero de 2016, visible en la página 2321, que a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Al margen de lo anterior, también se estima que el auto del que se duele la parte quejosa no constituye la última resolución en los medios preparatorios subyacentes, es decir, únicamente se trata de un auto que inicia con los mismos, situación que, también torna improcedente el presente juicio de amparo. Orienta a lo anterior la tesis VI.2o.C.18 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, materia común, número de registro 2007389, visible en el la página 2461, que dice: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia ya precisadas, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juzgados de Distrito, a Edgar Montes Benítez, toda vez que acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y al diverso que menciona en términos restringidos de dicho numeral hasta en tanto acredite ser licenciado en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro... np
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