David Mosso López

Expediente 763/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
763/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • David Mosso López

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinte de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL MISMO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE....Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 763/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro del escrito de demanda, es factible para este Juzgador Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del escrito de mérito, se aprecia que el impetrante reclama en esta vía constitucional los siguientes actos: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: a) El acuerdo de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, por el que se inició en mi contra, la investigación administrativa número INV/042/2017. b) La medida cautelar decretada en mi contra, en el acuerdo de inicio de investigación, de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, dictado en el expediente administrativo número INV/042/2017; consistente en la SUSPENSIÓN DE FUNCIONES, Y DEL 70% DEL SALARIO Y DEMÁS PRESTACIONES QUE PERCIBÍA COMO ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL. B) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO: a) La ejecución de la medida cautelar de la SUSPENSIÓN DE FUNCIONES, Y DEL 70% DEL SALARIO Y DEMÁS PRESTACIONES QUE PERCIBÍA COMO ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL, emitida por las autoridades responsables ordenadoras. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que la demanda que ahora se intenta, deviene improcedente respecto del acto reclamado, al actualizarse la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la promoción de dicha demanda es extemporánea en virtud de que su presentación debió efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de del acuerdo que se tilda de inconstitucional. En efecto, el precitado numeral 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, disponen respectivamente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución..." De los artículos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que afecte sus garantías, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Luego, para computar el término para verificar la oportunidad de la presentación de la ampliación de demanda de amparo, se toma en consideración que ésta fue presentada el diecisiete de mayo del año vigente, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, de esta ciudad, y remitida a este órgano jurisdiccional en veinte del mismo mes y año; ahora bien de la lectura del escrito de cuenta, específicamente en el capítulo de antecedentes, se aprecia que la notificación del acuerdo impugnado fue practicada a la parte quejosa el trece de febrero de dos mil diecisiete, a través de la cual se hizo de su conocimiento el acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete; de lo que se obtiene que ésta le surtió sus efectos el catorce de mismo mes y año. En este contexto, el término de quince días para instar esta vía constitucional transcurrió del quince de febrero al siete de marzo de dos mil diecisiete, descontando de dicho término los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro y cinco de marzo ambos del dos mil diecisiete, por haber sido ser inhábiles; por lo que si el escrito de demanda fue presentada hasta el día diecisiete del presente mes y año, se advierte que se hizo fuera del término legal de quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; de ahí que la presentación de la aludida demanda resulte extemporáneo y por tanto improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, por consentimiento tácito de los actos reclamados. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 5, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De igual manera, se invoca el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del entonces Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Máxime que tal acto no se encuentra comprendido en alguna de las hipótesis de excepción del termino de quince días hábiles que para la interposición de la ampliación de la demanda de garantías que establece el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia, pues no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En mérito de lo expuesto es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la ampliación de la demanda de garantías que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de esté Juzgado Federal por así haberlo solicitado expresamente y como su autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a ******, toda vez que no cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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