David Moreno Navarrete

Expediente 1380/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1380/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • David Moreno Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica, ni jurídica, aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por David Moreno Navarrete, por propio derecho contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional con el número 1380/2018 y fórmese expediente físico y electrónico. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Analizada la demanda de amparo en su integridad, se advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, en términos de los artículos 6, 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". Lo anterior es así, toda vez que el quejoso en su escrito de demanda de amparo reclama: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a). . La demanda y la notificación dictada en mi contra fuera de todo procedimiento judicial. b) . El cumplimiento que pretende dar a dicha demanda de notificación." Asimismo en los antecedentes del mismo y conceptos de violación manifiesta: Soy empleado de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD y no he cometido incumplimiento alguno; ni tampoco me he separado de mi núcleo familiar, cumpliendo con mis obligaciones del gasto familiar, sin embargo, en días pasados y bajo protesta de decir verdad y de viva voz de mi señora esposa MARIA ELENA CASTRO SANCHEZ que me había demandado una pensión alimenticia y que la había interpuesto ante el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO con sede en esta ciudad Capital. Al enterarme de tan incierta situación, considero que se pretende cometer una arbitrariedad en mi contra fuera de todo procedimiento legal, por lo que acudí a usted en demanda de amparo para obtener la protección de la Justicia Federal. VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Las autoridades responsables tratan de darle entrada a una demanda de alimentos, no obstante que no dejado de cumplir con mis obligaciones económicas, y sin la intervención de la autoridad judicial competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y sin que medie juicio en que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento; por ello es cierto y fundado mi temor de que dicha orden verbal o escrita tenga por objeto la violación a mi derecho de igualdad en mí persona, es decir, dejarme en un estado de indefensión sin haberme notificado de tal demanda y viola en mi perjuicio en los artículos 4,14 y 16 de la Constitución Federal." De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° , fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que sea procedente debe demostrarse el interés jurídico del quejoso, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte agraviada le corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad que se reclama, entendiéndose por interés jurídico, el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En el presente caso la parte quejosa no acreditó fehacientemente la actualización de un perjuicio a un derecho que tenga jurídicamente tutelado, ya que únicamente manifiesta bajo protestad de decir verdad que su esposa María Elena Castro Sánchez le había demandado una pensión alimenticia y que la había interpuesto ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo y que las responsables tratan de darle entrada a una demanda de alimentos; sin embargo no acredita de modo alguno que dicha demanda se haya radicado, así, tampoco acredita que haya sido emplazado a dicho juicio, por parte del actuario responsable; por tanto, es inconcuso que no se materializa el interés jurídico, que es necesario como presupuesto fundamental para la procedencia del juicio de amparo, pues los actos aquí reclamados resultan futuros e inciertos, mismos que no se está en posibilidad de saber si habrán o no de llevarse a cabo. Esto es así, dado que el artículo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que implica que uno de los presupuestos indispensables que debe concurrir para la procedencia constitucional es la demostración de la afectación del interés jurídico de los quejosos, entendiéndose como interés jurídico, el derecho reconocido en favor de su titular por el ordenamiento jurídico vigente, que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior se sostiene, dado que la instauración del juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción federal tiene como requisito sine qua non, que el sujeto de derecho que promueve resienta en su perjuicio la aplicación del acto que estima inconstitucional, esto es, la legitimación para poder instar la protección constitucional respecto de actos que se vinculen directamente con él; es decir, la condición particular y concreta que se deriva del objeto del proceso en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la tesis IV.3°.A.T.29 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a página 1675, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.". En ese orden de ideas, los actos reclamados en la presente vía se traducen en actos futuros e inciertos, dado que su realización podría no acontecer, puesto que por el momento no se está en posibilidad de saber si el juez que señala como responsable dará inicio a la demanda de alimentos que dice se promovió en su contra y si se dará o no cumplimiento a la citada demanda; por tanto, como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia, por ello debe considerarse como futuro y de realización incierta, por lo que se concluye que el quejoso carece de interés jurídico para promover juicio de amparo en su contra, dado que dicho acto, al momento de presentación de la demanda de amparo, no le ocasiona un agravio personal y directo en su esfera jurídica de derechos. Es aplicable a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federal, página 2188, tomo LXXV, Quinta Época, que dice: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización". En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Noé Hernández Damián y Ma. Guadalupe Navarrete Bernal, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que relaciona, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

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