David Montes Rosales
Expediente 1896/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1896/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- David Montes Rosales
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por David Montes Rosales, contra actos de la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Desechamiento de la demanda. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud que de su análisis este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, conforme al numeral invocado, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar, con todo detenimiento el escrito de demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Por las razones expuestas a continuación, se considera que, con relación a los actos reclamados en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio de amparo sea procedente, es necesario que se enderece contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos otorgados por la Constitución, pues por su naturaleza jurídica, los derechos fundamentales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, y no a los particulares, motivo por el cual no se pueden violentar dichos derechos, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control. Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (normas generales) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, del análisis del escrito de demanda, se desprende que lo que el quejoso reclama, en esencia, es la probable presentación ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de una iniciativa para reformar la Constitución y echar abajo la municipalización del pueblo de Hueyapan, pues refiere que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, recibió una llamada de una persona que decía ser asistente de la Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien le informó tal situación; de lo que se desprende que a la fecha dicho acto de molestia reviste el carácter de futuro, cuya realización no es inminente. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. De ahí que se consideren los actos que reclama la parte quejosa como futuros de realización eventual, pues no existe una certeza clara y fundada de que puedan llegar a existir, sino el simple temor con motivo de la llamada que recibió de una persona que dijo ser asistente de la Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." También se invoca, por las razones jurídicas que informa, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de 1988, página 56, que reza: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." Sin que obste a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Sin embargo, se estima que en el caso no es aplicable dicho criterio, pues en la especie sí se cuenta con elementos suficientes para dilucidar lo futuro e incierto de la realización del acto reclamado, dado que lo que se reclama consiste en el presente asunto, en esencia es la probable presentación ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de una iniciativa para reformar la Constitución y echar abajo la municipalización del pueblo de Hueyapan, pues refiere que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, recibió una llamada de una persona que decía ser asistente de la Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien le informó tal situación. Como se advierte de lo anotado, resulta inconcuso que los actos que se reclaman no pueden estimarse inminentes, sino por el contrario, resultan ser inciertos, y no el simple temor que se trata de combatir y suspender en esta instancia, pues resulta evidente que la quejosa no tiene certeza de su existencia, refiriendo en esencia únicamente como la probable presentación de la iniciativa de referencia. En esas condiciones, es concluyente que los actos reclamados revisten el carácter de futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que dada su naturaleza, no es susceptible de afectar de manera inmediata los derechos subjetivos tutelados por la ley a favor del gobernado y en todo caso, emitido y notificado que sea del mismo, en su caso, se encontrará en condiciones de combatirlo en la vía correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por David Montes Rosales, contra los actos de la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. Domicilio procesal En términos del artículo 29 de la ley reglamentaria, téngase por señalados los estrados de este Juzgado Federal para oír y recibir notificaciones; por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere, toda vez que no tienen acreditado ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, estar autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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