David Mondragón Saucedo

Expediente 66/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
66/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
30/03/2016

Partes del expediente

  • David Mondragón Saucedo
  • Judith Cova Castillo Juez Quinto Civil En el Distrito Federal Actualmente Juez 10° Civil del Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    MESA "9" Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta, únicamente como constancia legal, en virtud de que mediante auto de veintinueve de febrero del presente año, se resolvió el presente juicio de amparo (fojas 174 a 179). Notifíquese.

  3. Principal

    mesa "9" se notifica por medio de lista a la tercera interesada Barbara Alejandra Aguilar Morales. Ciudad de México, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que en el libro de gobierno de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, existe el juicio de amparo número 1171/2015-9, promovido por DAVID MONDRAGÓ SAUCEDO, contra actos del Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en el cual reclama la resolución de once de enero de dos mil dieciséis que determinó procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de denegación de justicia, retardo de justicia y prevaricación, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09, el cual a la presente fecha, se encuentra pendiente de resolución. En principio, debe destacarse que por cuestión de técnica del juicio de amparo, la improcedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI2o. J/323 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, visible en la página ochenta y siete, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."; así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 209, visible en la página 51, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 55, julio de 1992, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como prescribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachan de inconstitucionales". La figura de la improcedencia, es una institución jurídica por medio de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para estudiar y, por tanto, determinar si el acto o actos reclamados por el quejoso son o no inconstitucionales, es decir, la improcedencia motiva que el órgano jurisdiccional de amparo no dirima la controversia constitucional que le ha sido planteada, cuyas hipótesis se encuentran previstas en la Constitución, la Ley de Amparo y en la jurisprudencia formada por el más alto Tribunal del País y por los Tribunales Colegiados. Asimismo, dicha institución es de estudio preferente e incluso, de oficio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado a través de sus criterios jurisprudenciales que tanto los jueces como los tribunales federales de amparo tienen el deber de estudiar en principio si se actualiza o no alguna causa de improcedencia y, en caso de que determina al inicio debe desechar la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia; o bien, de actualizarse con posterioridad se decreta el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, en relación con el 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 3/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época, visible en la página trece, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En la especie, y toda vez que en el presente juicio de garantías se reclama idéntico acto reclamado que en el juicio 1171/2015-9, del índice de este órgano de control constitucional de conformidad con la certificación que antecede, sobreviene actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ". X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos se aplicación distintos .". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, porque se está en presencia de dos juicios de amparo relacionados entre sí, porque se trata de idéntico quejoso (David Mondragón Saucedo), iguales terceros interesados Judith Cova Castillo (foja 173), Bárbara Alejandra Aguilar Morales (foja 167) y Petra Quezada Guzmán (foja 168) y mismo acto reclamado -la resolución de once de enero de dos mil dieciséis que determinó procedente el no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09-. . Por lo que respecta del último 66/2016-9 es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, visible en la página 1999, que literalmente señala: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Bajo ese contexto, constituye un hecho notorio para este Órgano Jurisdiccional: a) Que en este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, se tramita juicio de garantías número 1171/2015-9, promovido por DAVID MONDRAGÓN SAUCEDO, en el que con motivo de ampliación, se tuvo como acto reclamado: la resolución de once de enero de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09. b) En la demanda de amparo que da origen al presente juicio de garantías, (66/2016-9) la parte quejosa DAVID MONDRAGÓN SAUCEDO, reclama la resolución de once de enero de dos mil dieciséis que determinó procedente el no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09. En esas consideraciones, es evidente, la interposición de dos juicios de amparo e idéntico acto reclamado: "la resolución de once de enero de dos mil dieciséis en la que determinó que es procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de denegación de justicia, retardo de justicia y prevaricación, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09". Finalmente el juicio de amparo 1171/2015-9, del índice de este Juzgado de Distrito, aún no ha sido resuelto, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, de ahí que sea procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. Se invoca en apoyo la Jurisprudencia 287, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, visible en la página: 193, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 81, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese tenor, por las razones expuestas se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso y terceros interesados.

  4. Principal

    mesa "9" Ciudad de México, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que en el libro de gobierno de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, existe el juicio de amparo número 1171/2015-9, promovido por DAVID MONDRAGÓ SAUCEDO, contra actos del Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en el cual reclama la resolución de once de enero de dos mil dieciséis que determinó procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de denegación de justicia, retardo de justicia y prevaricación, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09, el cual a la presente fecha, se encuentra pendiente de resolución. En principio, debe destacarse que por cuestión de técnica del juicio de amparo, la improcedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI2o. J/323 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, visible en la página ochenta y siete, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."; así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 209, visible en la página 51, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 55, julio de 1992, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como prescribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachan de inconstitucionales". La figura de la improcedencia, es una institución jurídica por medio de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para estudiar y, por tanto, determinar si el acto o actos reclamados por el quejoso son o no inconstitucionales, es decir, la improcedencia motiva que el órgano jurisdiccional de amparo no dirima la controversia constitucional que le ha sido planteada, cuyas hipótesis se encuentran previstas en la Constitución, la Ley de Amparo y en la jurisprudencia formada por el más alto Tribunal del País y por los Tribunales Colegiados. Asimismo, dicha institución es de estudio preferente e incluso, de oficio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado a través de sus criterios jurisprudenciales que tanto los jueces como los tribunales federales de amparo tienen el deber de estudiar en principio si se actualiza o no alguna causa de improcedencia y, en caso de que determina al inicio debe desechar la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia; o bien, de actualizarse con posterioridad se decreta el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, en relación con el 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 3/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época, visible en la página trece, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En la especie, y toda vez que en el presente juicio de garantías se reclama idéntico acto reclamado que en el juicio 1171/2015-9, del índice de este órgano de control constitucional de conformidad con la certificación que antecede, sobreviene actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ". X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos se aplicación distintos .". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, porque se está en presencia de dos juicios de amparo relacionados entre sí, porque se trata de idéntico quejoso (David Mondragón Saucedo), iguales terceros interesados Judith Cova Castillo (foja 173), Bárbara Alejandra Aguilar Morales (foja 167) y Petra Quezada Guzmán (foja 168) y mismo acto reclamado -la resolución de once de enero de dos mil dieciséis que determinó procedente el no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09-. . Por lo que respecta del último 66/2016-9 es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, visible en la página 1999, que literalmente señala: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Bajo ese contexto, constituye un hecho notorio para este Órgano Jurisdiccional: a) Que en este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, se tramita juicio de garantías número 1171/2015-9, promovido por DAVID MONDRAGÓN SAUCEDO, en el que con motivo de ampliación, se tuvo como acto reclamado: la resolución de once de enero de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09. b) En la demanda de amparo que da origen al presente juicio de garantías, (66/2016-9) la parte quejosa DAVID MONDRAGÓN SAUCEDO, reclama la resolución de once de enero de dos mil dieciséis que determinó procedente el no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09. En esas consideraciones, es evidente, la interposición de dos juicios de amparo e idéntico acto reclamado: "la resolución de once de enero de dos mil dieciséis en la que determinó que es procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de denegación de justicia, retardo de justicia y prevaricación, en la averiguación previa FSP/BT1/1938/09-09". Finalmente el juicio de amparo 1171/2015-9, del índice de este Juzgado de Distrito, aún no ha sido resuelto, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, de ahí que sea procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. Se invoca en apoyo la Jurisprudencia 287, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, visible en la página: 193, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 81, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese tenor, por las razones expuestas se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso y terceros interesados.

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