David Miguel Zamora Bueno
Expediente 1832/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1832/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- David Miguel Zamora Bueno
- David Miguel Zamora Bueno y Otros.
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, David Miguel Zamora Bueno, por propio derecho y como Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las entidades y por los actos siguientes: "IV. AUTORIDAD o AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 2. COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. 3. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. 4. FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO 5. COMISARÍA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, JALISCO 6. COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 7. COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. 8. COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 9. COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 10. COMISARÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. V. ACTOS RECLAMADOS Reclamo de las autoridades responsables que en el ámbito de sus atribuciones y facultades hayan ordenado y/o pretendan ejecutar los actos que en seguida señalo: El acuerdo emitido el 7 de junio de 2019, notificado el 16 de agosto de 2019 en su integridad, y que fuera identificado bajo folio número 2913, en cuyo contenido obran esencialmente siguientes: La ORDEN DE ARRESTO por 36 horas, con el efecto de privarme o molestarme en mi libertad personal; La orden de dar VISTA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO a efecto de que haga efectivo el apercibimiento e inicie carpeta de investigación por los delitos que resulten; Las consecuencias jurídicas y materiales que deriven de los apercibimientos contenidos en dicho auto de 7 de junio de 2019, y que causalmente se sirvan de éste como sustento. Y su ejecución." SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 20 y 133 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 42 a 48), previo requerimiento, este órgano jurisdiccional determinó desechar la demanda de amparo respecto de los actos reclamados atinentes a la pretendida orden de inicio de la carpeta de investigación en contra del quejoso, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, y admitir la demanda promovida respecto de los diversos actos reclamados. Se pidió a las autoridades responsables el informe justificado, se reconoció el carácter de tercera interesada a Grupo Jalisco Constructor, sociedad anónima de capital varible, quien fue emplazada en términos de la constancia correspondiente (foja 89), se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Designación de secretario encargado del despacho. Mediante oficio CCJ/ST/6297/2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó al Maestro Rodrigo Torres Padilla, Titular de este juzgado de Distrito, que se le autorizó el segundo periodo vacacional comprendido del diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; asimismo, autorizó para quedar encargado del despacho al licenciado Gerardo Domínguez Espinoza. Por tanto, el suscribiente secretario encargado del despacho se encuentra autorizado para dictar la presente resolución; ello, en términos de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 716, registro 164525, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se controvierten actos de autoridades en materia administrativa con residencia en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en las materias de su competencia semi especializada. SEGUNDO Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso decir, no lo que en apariencia expresó, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado es: A la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco: El acuerdo de siete de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio 457/2014, en el que se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de dos de abril de dos mil diecinueve y se impone al quejoso arresto administrativo por treinta y seis horas. A la Coordinación General Estratégica de Seguridad, a la Secretaría de Seguridad, al Fiscal, a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, a la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de El Salto, todas del Estado de Jalisco, en su denominación correcta. La ejecución del arresto impuesto el siete de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio 457/2014. Lo así expuesto se precisa, además, atendiendo a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente, es aplicable la Tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la Coordinación General Estratégica de Seguridad, al Fiscal, a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, a la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de El Salto, todas del Estado de Jalisco, precisado en el considerando inmediato anterior, inciso b), toda vez que así lo manifestaron las responsables en el informe justificado (fojas 51, 54, 55, 57, 69, 71, 78 y 81). En la medida que las responsables negaron el acto reclamado, no debían expresar razonamiento alguno que justificara esa manifestación, ni demostrar con prueba alguna que lo que se les atribuye es inexistente, pues ello resultaría ilógico. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no ofreció medios probatorios idóneos que logren desvirtuar dicha negativa. Al respecto, tiene aplicación el criterio jurisprudencial VI.2o. J/308, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Así como la tesis aislada identificada con el número VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados en cita debe decretarse el sobreseimiento en el juicio por lo que ve a dicho actos y entidades, según lo impone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en el audiencia constitucional". En cambio, es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, no obstante manifestó lo contrario al rendir informe justificado (foja 75). Dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas de las actuaciones relativas al expediente 457/2014, remitidas por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, documentales con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de las que se advierte que el siete de junio de dos mil diecinueve, se dictó un acuerdo en el que se hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de dos de abril de dos mil diecinueve y se impuso al quejoso arresto administrativo por treinta y seis horas, ordenándose girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, para que haga efectivo dicho arresto. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, es cierto el acto reclamado a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó el Magistrado al rendir el informe justificado (foja 80). Certeza que se corrobora con las constancias que aportó la autoridad responsable, documentales previamente valoradas. Así, el acto reclamado se tiene como plenamente probado en términos de la Jurisprudencia que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." CUARTO. Causas de improcedencia. Aunque procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Uno de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, resulta fundado por las siguientes consideraciones. En la especie, el derecho fundamental de legalidad dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; así, conforme a tal principio, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de su actuación está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Como otra vertiente del derecho fundamental de legalidad, se tiene que la parte relativa a la debida fundamentación y motivación reviste dos aspectos, a saber: el formal, el cual exige que en el documento en donde se contenga el acto de autoridad conste una exposición de las circunstancias de hecho y las normas o principios de derecho que condujeron a la autoridad a inferir dicho acto y, el material, el cual requiere que las circunstancias de hecho encuentren sustento en las hipótesis de los preceptos invocados conforme a su recta interpretación. Ahora, para que pueda considerarse que un acto de autoridad cumple con el requisito de la suficiente y debida fundamentación y motivación, que establece el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad señale con precisión el precepto o preceptos legales exactamente aplicables al caso, así como las fracciones o incisos correspondientes a fin de que el gobernado conozca las disposiciones legales en que la autoridad basa su actuación; asimismo, debe razonar clara y suficientemente las causas que la llevan a tal conclusión, expresando los motivos determinantes, estableciendo comparativamente lo que ordena el precepto legal, la situación concreta en que se encuentra el gobernado y la conclusión a que se llega; es decir, su resolución en cuanto al caso concreto que se le plantea, permitiendo de esta manera que los gobernados sepan las causas de la actuación de la autoridad a efecto de que conozcan si ésta se encuentra ajustada a derecho y de considerar que le afecta en su esfera jurídica, impugnarla por los medios legales establecidos. Ello es así, pues en nuestro régimen constitucional las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley, por lo que toda autoridad deberá citar en el cuerpo de sus resoluciones la ley, los preceptos y motivos en que se apoya con el fin de justificar legalmente sus determinaciones, evidenciando así que no son arbitrarias. Por tanto, no basta que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo fáctico para que ésta actúe, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y razones del procedimiento para que el particular al conocer la norma legal y los motivos en que sustenta la autoridad el acto de molestia en su caso, pueda controvertir tal actuación si considera que la misma no se encuentra ajustada a derecho. Es aplicable, por su idea central, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Tal obligación evidentemente debe quedar plasmada en el acto de autoridad, pues sólo así se ofrece al gobernado la oportunidad de conocer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tengan para su emisión, y en su caso, para que pueda ser combatida adecuadamente. En la especie, de la lectura del acuerdo reclamado se advierte que la Sala responsable decretó en contra del quejoso como una medida de apremio arresto administrativo por treinta y seis horas, ahora bien, en términos del artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, indica, del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, su Presidente o las Salas, para hacer cumplir sus determinaciones y para mantener el orden en las diligencias que ante dicho tribunal se promuevan, podrán hacer uso de medios de apremio y medidas disciplinarias, en lo que interesa, un arresto hasta por treinta y seis horas. Ahora bien, de una interpretación al artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se estima que la intención del legislador no fue fijar una sanción rígida, en el sentido de que el arresto fuera por el término exacto y preciso de treinta y seis horas, sino que dispuso que la medida de apremio de que se trata, sería por ese número específico de horas, al haber empleado la palabra "hasta". Sin embargo, al haber incluido dicha preposición, es evidente que lo que se pretendió con esa redacción, es precisamente que la sanción máxima comprendiera treinta y seis horas, de manera que es igualmente indiscutible que se dejó abierta la posibilidad de que la pena también pudiera ser menor de ese lapso, siendo que el mínimo resulta ser una hora, toda vez que la hora corresponde a la unidad de medida, empleada para establecer la multicitada disposición de apremio. Se llega pues a la conclusión, en el sentido de que la preposición en cita, implica que el arresto no podrá exceder de las treinta y seis horas que ahí se establecen, lo cual también conlleva a que la medida de apremio podrá decretarse por un tiempo menor, dependiendo de las circunstancias particulares de la desobediencia y sus consecuencias. Por lo anterior, se estima que en todo caso, la autoridad jurisdiccional correspondiente, al imponer un arresto mayor al mínimo, que en ese caso sería de una hora, debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta los elementos objetivos que corresponden a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor, para así determinar legalmente el tiempo de arresto que le corresponde al sujeto sancionado. Lo anterior es así, porque no obstante que no es de naturaleza penal la medida de apremio a la que se refiere el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al no emanar de un procedimiento instruido con motivo de la investigación de un delito, presupone el incumplimiento de una determinación judicial, es decir, se decreta a fin de obligar a la parte a acatar las determinaciones de la autoridad jurisdiccional, la medida de apremio sí importa la afectación de un derecho sustantivo, que en este caso es la libertad de la persona sancionada, de lo que se sigue que para que sea legal el auto que la decreta, por lo que la autoridad correspondiente debe atender a los principios de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República. En efecto, la privación de la libertad de las personas, derivada de una medida de apremio, constituye un derecho sustantivo que, por su naturaleza, no tiene trascendencia al resultado del fallo, pero sí implica una ejecución de imposible reparación, ya que afecta de manera directa e inmediata la libertad personal del sujeto sancionado; de tal forma, esa afectación no es susceptible de repararse ni aun en el caso de obtenerse una sentencia favorable en el negocio principal, pues para entonces se habría consumado, irreparablemente, la violación en el disfrute de la garantía individual en comento. En ese orden de ideas, se reitera que cuando la autoridad jurisdiccional imponga una medida de apremio que se haga consistir en el arresto, debe ajustarse a los principios de legalidad y seguridad jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional, pues de lo contrario, la fijación genérica e imprecisa de la medida de apremio, conculcaría la garantía de seguridad jurídica del quejoso y se le dejaría en estado de indefensión, al no conocer, en forma precisa, la temporalidad de su arresto ante su contumacia. En ese tenor, se considera que la Sala responsable fue omisa en indicar, el motivo por el cual ordenó el arresto administrativo por treinta y seis horas, pues únicamente se hace referencia a que la entidad demandada aún no ha dado cumplimiento a la cosa juzgada (interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia relativo al juicio 457/2014), y en consecuencia, hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de dos de abril de dos mil diecinueve, atento a lo previsto por el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado del Jalisco, que rige el acto destacado; sin embargo, fue omisa en dar las razones para individualizar las horas del arresto administrativo impuesto. En otras palabras, no expresó las razones, motivos o circunstancias que debidamente le llevaron a la convicción de que la autoridad demandada debía ser acreedora al arresto administrativo por las horas impuestas, lo que, coloca al promovente un estado de indefensión total; impidiéndole que esté en condiciones de cuestionar y controvertir la decisión, de lo que se sigue que no basta que el acto de autoridad observe una motivación imprecisa e incongruente -acuerdo de apercibimiento-, que impida la defensa del gobernado, sino que se deben expresar los motivos suficientes y necesarios para explicar y justificar la determinación adoptada. Tiene sustento por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece que para hacer cumplir sus determinaciones, los Magistrados y los Jueces pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por 36 horas, entendiéndose dicho lapso como el límite máximo que debe imponerse, pues la preposición "hasta" se emplea para expresar el término de tiempo, y si bien el mencionado precepto no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio. Además, para determinar el tiempo de arresto que corresponde al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor." Ante lo fundado del concepto de violación en estudio, resulta innecesario realizar pronunciamiento alguno respecto a los diversos motivos de inconformidad planteados. Se invoca la tesis de jurisprudencia 107, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 2000, Séptima Época, tomo VI, Jurisprudencia SCJN, página 85, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos y garantías individuales vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal, para los efectos que enseguida se precisan. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados; lo anterior, para que la autoridad responsable efectúe lo siguiente: El Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, deje insubsistente el acuerdo dictado el siete de junio de dos mil diecinueve, en los autos del juicio administrativo 457/2014, únicamente en la parte en que impone a la parte quejosa el arresto administrativo por treinta y seis horas, y de persistir en aplicarle a ésta un arresto mayor al mínimo, motive las razones por las cuales impone el mismo. Asimismo, deberán quedar insubsistentes todas las determinaciones referentes a las consecuencias del acuerdo citado, por lo que hace a la orden de arresto por treinta y seis horas, pues dependen necesariamente del mismo, el que como se indicó, resultó inconstitucional. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal." (Séptima Época, Registro: 252103, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia(s): Común, Página: 280) Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por XXXXXXXXXXX, por propio derecho y como Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, contra los actos reclamados a la Coordinación General Estratégica de Seguridad, al Fiscal, a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, a la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de El Salto, todas del Estado de Jalisco, precisados en el inciso b) del considerando por los motivos y fundamentos invocados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a XXXXXXXXXXX, por propio derecho y como Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, contra los actos reclamados a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos invocados en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta resolución. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió Gerardo Domínguez Espinoza, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por gozar el Titular Maestro Rodrigo Torres Padilla del segundo periodo vacacional, según información contenida en el oficio CCJ/ST/6297/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa y firma con la licenciada Janet de Lourdes González Santos, Secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por XXXXXXXXXXX, por propio derecho y como Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, contra los actos reclamados a la Coordinación General Estratégica de Seguridad, al Fiscal, a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, a la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de El Salto, todas del Estado de Jalisco, precisados en el inciso b) del considerando por los motivos y fundamentos invocados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a XXXXXXXXXXX, por propio derecho y como Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, contra los actos reclamados a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos invocados en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta resolución. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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CITATORIO PRINCIPAL.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA CON EFECTOS DE EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LOS AUTOS DE VEINTISÉIS DE AGOSTO Y TRECE DE NOVIEMBRE, TODOS DEL DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICEN: Zapopan, Jalisco, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se desahoga prevención. Se tiene a David Miguel Zamora Bueno, cumpliendo con la prevención formulada en auto veintiuno de agosto de dos mil diecinueve; ello tomando en consideración que cumple con lo requerido; asimismo, allega las copias requeridas del escrito aclaratorio, para ser distribuidas entre las partes. Decisión sobre la acción constitucional. Con fundamento en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 113 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE DESECHA PARCIALMENTE la demanda de amparo respecto del acto consistente en la pretendida orden de inicio de carpeta de investigación en contra del quejoso, al operar una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Esto se explica a continuación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador debe examinar el escrito de demanda y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, aun cuando, como en el caso. Del precepto reproducido, se advierte que el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en contra del pretendido inicio de una carpeta de investigación en su contra, pues resulta ser un acto futuro e incierto. Es así, pues ?en primer término? de la copia certificada que el propio amparista acompañó del acto reclamado, se advierte que no existe la pretendida orden de que se aperturara la citada carpeta en su contra. Además, el inicio de tal carpeta tampoco es consecuencia legal y necesaria de que se le haya hecho efectivo un apercibimiento de arresto en el juicio de origen. Luego, como se dijo, al ser un acto futuro e incierto, no le irroga perjuicio alguno y, por ende, debe desecharse la presente demanda, por lo que hace al referido acto. A mayor abundamiento, aun cuando se considerara que efectivamente es inminente la apertura de una carpeta de investigación en contra del quejoso, lo cierto es que igualmente operaría la causal de trato, dado que ello tampoco le irroga perjuicio alguno. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 151/2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el amparo indirecto es improcedente en contra de las determinaciones que permitan la continuación de una averiguación previa (actualmente carpeta de investigación), pues "ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad". Criterio que se plasmó en la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, la cual es del tenor: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica". En las relatadas condiciones, lo procedente en el caso a estudio es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo el acto y autoridades que se mencionan en este apartado. Admisión parcial. En mérito a lo anterior, se tiene a David Miguel Zamora Bueno, promoviendo demanda de amparo contra actos de las autoridades que denominó: 1 Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 2 Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco. 3 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 4 Fiscal del Estado de Jalisco. 5 Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco. 6 Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan. 7 Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco. 8 Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 9 Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 10 Comisaría de la Policía Municipal del Salto, Jalisco. Decisión sobre la acción constitucional. Con fundamento en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, por no advertirse en este momento causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento, ni de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda se admite parcialmente a trámite la misma. Incidente de suspensión. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 125 y 128, ambos de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles. Pruebas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tienen por desahogadas las documentales exhibidas con el escrito inicial, así como la presuncional en su doble aspecto (legal y humana), las que se ordenan relacionar al celebrarse la audiencia constitucional. Con lo anterior dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en la inteligencia de que los autos quedan a disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Cotejo y compulsa. Con apoyo en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, realícese el cotejo, certificación y compulsa únicamente de las documentales, que en original y/o copia certificada se ofrecen, para que obren como prueba en el incidente de suspensión; lo anterior, debido a que se exhibieron copias simples de las mismas, de modo que se actualiza el supuesto al que se refiere la Jurisprudencia P./J. 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". Intervención a las partes del juicio de amparo. Autoridad(es) responsable(s). Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) mencionada(s) con antelación, para que en el plazo de quince días rinda(n) informe justificado. Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe de ley, deberá(n) citar el número de oficio con el cual se les notifica la admisión de la demanda. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso de que tenga(n) conocimiento o que con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple(n) con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a TREINTA unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por treinta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto a partir del laudo dictado en dicho juicio (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resultan necesarios para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Consideraciones respecto de las notificaciones a la(s) autoridad(es) responsable(s). De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido de que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir el respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a CIEN días unidades de medida de actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Tercero Interesado. Dada la naturaleza de los actos reclamados, por el momento, no se señala como tercero interesado a persona alguna; sin perjuicio de lo que pueda determinarse con posterioridad. Representación Social. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, y artículo 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el trámite del presente asunto; debiendo asentar en el acta respectiva que queda a su disposición copia autorizada de la demanda en la secretaría de este juzgado de distrito. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Finalmente, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se omitió respecto a la autorización de la consulta del expediente electrónico vía internet con el usuario "KRISTALRUIZ; en consecuencia, de conformidad con el artículo 3º de Ley de Amparo, autorícese la consulta del expediente electrónico con el usuario que proporciona, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que el usuario que señala corresponde a Kristal Ruiz Ledesma autorizada de en amplios términos de la parte quejosa . Notifíquese por lista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s). .. Zapopan, Jalisco, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que que a la fecha en que se actúa, no ha sido emplazado el tercero interesado. En consecuencia, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se reconoce el carácter de tercero interesado a * quien puede ser emplazado en la calle *. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, emplace al tercero interesado en el domicilio mencionado en el párrafo que antecede, a quien deberá entregarle copia autorizada de la demanda, de su respectivo escrito aclaratorio, admisión y del presente acuerdo. Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicho tercero. Así las cosas, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado.
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