David Mendieta Montes
Expediente 1102/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- David Mendieta Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días, sin que las partes hubieren recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, se declara que dicho auto que determinó que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este juzgado estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 15 de dicho acuerdo. Por tanto, dicho expediente es susceptible de depuración; por haberse concedido la protección constitucional, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo antes citado. Por otra parte, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse concedido tanto la medida cautelar provisional como la definitiva, de conformidad con el inciso a), del citado artículo 18, fracción I, del referido acuerdo, es susceptible de depuración. Asimismo, por lo que respecta al duplicado del referido incidente, es susceptible de destrucción, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Finalmente, se destaca que proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que comparezca a recoger el billete de depósito ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de ***, dentro del plazo de dos años.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ***, en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada. Asimismo, téngasele señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados para tal efecto a los profesionistas que menciona, por así solicitarlo expresamente. De igual manera, ofrece como pruebas de su parte diversas documentales y formula alegatos. Ténganse como pruebas de su parte las documentales a que hace alusión en su escrito de cuenta, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza; y por formulados los alegatos que refiere, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior, en la audiencia constitucional. Por otra parte, respecto a la solicitud consistente en dar vista al Ministerio Público para la investigación de presuntos actos constitutivos de delito realizados por el quejoso ***, se provee: El Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ***, determinó que los jueces de la materia están obligados a ordenar dar vista al Ministerio Público de la Federación ante la posible comisión de alguno de los delitos especiales tipificados en la Ley de Amparo, esto, a pesar de que la representación social sea parte en dichos juicios. Así lo sostuvo, pues adujo que conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien en ejercicio de funciones públicas -como es el caso de los juzgadores de amparo- tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al ministerio público, proporcionándole todos los datos que tuviere. Consecuentemente, concluyó que los juzgadores de amparo no solo están en aptitud, sino que se encuentran obligados a hacer del conocimiento del ministerio público, en cuanto se percaten de hechos presumiblemente comisivos de alguno de los delitos especiales previstos en la Ley de Amparo, cualquiera que sea el trámite, la incidencia o el estado procesal del mismo, a fin de que la representación social, de manera inmediata, proceda a la realización de la investigación respectiva. En ese orden de ideas, debe decirse que si bien es cierto que es obligación de los juzgadores de amparo dar vista al agente del ministerio público de la federación cuando se percaten de la posible comisión de hechos de naturaleza delictuosa, tal deber se actualiza únicamente cuando dicho juzgador estime la realización de ilícito alguno, y no por simple petición de las partes. Se afirma lo anterior, pues es evidente que el juzgador de amparo, a diferencia de las partes contendientes (quejosa, tercero interesado, autoridades responsables no jurisdiccionales), carece de interés en los asuntos que ante él se ventilan, por lo que es él quien objetivamente debe de valorar si se está ante la presencia o no de hechos delictivos, pues de otra manera, si solo bastara la petición de cualquiera de las partes para ordenar dicha vista, se podría incurrir en abusos que derivarían en una excesiva tramitación de indagatorias ante el órgano técnico investigador con resultados infructuosos. De ahí que, no ha lugar a proveer de conformidad la petición de la tercera interesada; no obstante, quedan expeditos sus derechos para promover lo que a su interés convenga ante la instancia correspondiente. Por otra parte, en relación a la solicitud de la promovente en el sentido de que se gire oficio al Instituto Nacional Electoral, para que informe la fecha en que el quejoso ***, cambio su domicilio, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición. Lo anterior, de conformidad con el numeral de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días (.)" De la anterior transcripción se desprende que el citado numeral impone tres cargas a la parte quejosa, a saber: 1). Acreditar haber hecho ante la responsable la solicitud de las constancias que pretende hacer valer como medios probatorios en un juicio de amparo. 2). Solicitar al órgano de control constitucional requiera a los omisos las aludidas constancias, y; 3). Que dicha solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Razones por las cuales, resulta inconcuso que en el caso específico es aplicable la carga procesal a la tercera interesada ***, en relación a acreditar haber hecho ante la responsable la solicitud de la información que pretende hacer valer como medio probatorio en el presente juicio de amparo, en virtud de que el mencionado de la ley de la materia, se refiere a la posibilidad real y efectiva de ofrecer la prueba documental en comento, es decir, de presentarla (presupuesto necesario para que posteriormente se esté en condiciones de examinarla y decidir su admisión o rechazo). Por tanto, al no haber acreditado la tercerea interesada ***, haber hecho ante la responsable la solicitud de la información que pretende hacer valer como medio probatorio, en consecuencia, como se adelantó, no ha lugar a proveer de conformidad su petición.
- Incidental
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en resolución de doce de diciembre del presente año, se reservó la notificación de la interlocutoria de esa misma data, a la tercera interesada ***, hasta en tanto obrara en autos del expediente principal del que deriva el presente incidente, la constancia de emplazamiento respectiva; circunstancia que ya aconteció. En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en el domicilio ubicado en ***, y notifique a la citada tercera interesada la interlocutoria de mérito, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Dese vista a las partes con el informe justificado y anexo que rinde la autoridad referida, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Téngase como prueba del juez responsable la documental que remite, consistente en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil **, de su índice, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. Con las constancias remitidas por la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de pruebas por separado debidamente identificado como tomo I. Por otra parte, en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se reservó proveer respecto al emplazamiento de la tercera interesada ***, hasta en tanto obrara en autos del presente juicio el expediente generador del acto reclamado, y en virtud de que dicha circunstancia ya aconteció, se provee al respecto. De las actuaciones que integran el expediente generador del acto reclamado se advierte que obra copia de la credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a favor de la citada tercera interesada, de la cual se aprecia que tiene como su domicilio el ubicado en ***. Se faculta al actuario adscrito a este juzgado a fin de que se constituya en cualquiera de los domicilios indicados y previo cercioramiento, proceda a emplazar al presente juicio a la citada tercera interesada.
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