David Mejía Castro
Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- David Mejía Castro
- Pablo Guerra Damián, por conducto de su representante común David Mejía Castro . y Otros.
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Rey David Mejía Castro, Claudia Edith Fonseca Romero, Roberto Carreón Ruiz, María Magdalena Mazahua Lima, Pablo Guerra Damián, Dulce María Soria Hernández y Patricia González Jiménez por propio derecho, contra actos del Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 530/2018 que le corresponde. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común a Rey David Mejía Castro. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, en el particular, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. Los artículos y fracciones indicadas establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.) De la lectura de dichos artículos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda, entendidos esos como aquellos que no han surgido a la vida jurídica o aquellos futuros de realización incierta. Bajo lo premisa referida, se infiere que el juicio de amparo que se insta, es improcedente; y, para ello, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien este asunto estudia, considera pertinente establecer con precisión el acto que reclama la parte quejosa. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, abril de dos mil, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 192097, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, abril de dos mil cuatro, tomo XIX, con número de registro 181810, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En esa tesitura, si bien el precepto legal e interpretaciones judiciales citadas se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; por tanto, se advierte que el solicitante de amparo reclama: En el caso, los quejosos reclaman la omisión de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en dictar todas las medidas necesarias y efectivas para hacer cumplir el laudo de treinta y uno de octubre dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 522/III/2010-V, del índice de la responsable. Ahora, el acto que constituye el reclamado en este asunto, es posible afirmar que el mismo constituye una omisión genérica, porque del escrito de amparo no se deriva el acto concreto que la responsable omitió realizar. Respecto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, estableció que, tratándose de demandas de amparo en las que se reclamara la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo intentado era improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo anterior -61, fracción XXIII, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente-. En virtud que el procedimiento de ejecución forzosa establecido en la Ley Federal del Trabajo requería, no solamente la solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, al advertirse la necesaria participación de la parte vencedora en las diversas actuaciones para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección Constitucional, debían ceñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2771 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro lll (diciembre de 2011), con número de registro 2000011, de rubro: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. De igual modo, en relación con el tema, el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.L J/9 L (10ª), visible en la página 845, libro 22 (septiembre 2015), tomo ll, de la Gaceta del Semanario de la Federación, sostuvo como criterio que corresponde al ejecutante el inicio y prosecución del procedimiento de ejecución; lo cual se ve reflejado en la tesis con número de registro 2010031 de epígrafe: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO BUROCRÁTICO, CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. También, el Pleno de Circuito referido, sostuvo que el juicio de amparo indirecto debe sobreseerse cuando se reclama la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo. Criterio que sustenta en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), visible en la página 844, libro 22, septiembre de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010025, intitulada: AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Ahora, para que una omisión se considere concreta y no genérica como en el caso acontece, es necesaria la existencia de: a) La causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia. b) Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora. c) La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad. Lo que en el particular no se actualiza, pues, aunque respecto de la causa generadora del acto de autoridad, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte el señalamiento del laudo; dicho acto, por sí mismo no contiene la indicación concreta para que la autoridad responsable se pronuncie sobre la ejecución del mismo. Y si como se ha dicho, el procedimiento de ejecución es a petición del ejecutante; entonces, el laudo no puede considerarse como causa generadora del acto de autoridad esperado y exigirse que por la sola existencia de aquél, se proceda a su ejecución. Por lo que, se insiste, la omisión que se atribuye a la junta responsable de dictar todas las medidas necesarias y efectivas para hacer cumplir el laudo, resulta genérica; lo cual hace improcedente la vía biistancial. Ya que, como se explicó, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque el juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución. Pues éste, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudiera o no llegar a materializarse. De ahí, que si del líbelo de amparo se advierte que la parte quejosa se limitó a sostener como acto reclamado la omisión de la autoridad que señala como responsable, de dictar todas las medidas necesaria y efectivas para hacer cumplir el laudo, como se dijo en párrafos precedentes, el acto que mediante este juicio se combate, sea una omisión genérica. Sin que obste a lo anterior, que en el capítulo de Conceptos de violación del escrito de amparo, bajo protesta de decir verdad, los quejosos manifestaran que el día uno de junio de la presente anualidad, se apersonaron en las instalaciones que albergan las oficinas de la autoridad responsable para que se tuviera verificativo la diligencia de requerimiento del pago y embargo del laudo, sin que pudiera llevarse a cabo dicha diligencia debido a la inasistencia de los actuarios y que, a la fecha, la junta responsable no ha dictado las medidas de apremio necesarias y eficaces para obtener el cumplimiento del laudo. Pues tampoco se advierte que los quejosos hubieran solicitado ante la responsable que proveyera algo al respecto o solicitaran alguna medida sobre la que tuviera que proveer. Y si bien es cierto, en la etapa de ejecución, el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional a que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes. Y, de conformidad con en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. También lo es, que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en términos del diverso artículo 8, requiere, como se sostuvo, no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; al no constituir una fase que la autoridad jurisdiccional pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por lo que, en este escenario, al no combatirse un acto u omisión concreto de la autoridad en ejecución de laudo, sino una omisión genérica en la etapa de ejecución, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII y, 63, fracción IV, ambos de la Ley de la materia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Determinación que se robustece con el criterio adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, en sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, al resolver el toca 74/2017, relativo al juicio de amparo 1195/2016 del índice de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debe precisarse que con la resolución anterior no se soslaya la existencia de diversos criterios jurisprudenciales que establecen que, por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar la existencia o no del acto que se reclama para efectos del juicio constitucional; pues dichos criterios no excluyen la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como en el particular sucede. Ello, aunado a que al existir jurisprudencia específica sobre el tema, la cual es de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos el artículo 217, de la Ley de la materia, resultaría ocioso sustanciar el juicio de amparo si al momento de dictar sentencia se resolverá de la misma forma en la que en este auto se efectúa. Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17, Constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse incluso con el informe justificado de la autoridad y, por el contrario, ello permite a la parte quejosa tener pleno conocimiento que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rey David Mejía Pliego, Antonio de Jesús Olmedo Ramírez y Gerardo Escobedo Muñoz, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de este proveído a las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Ninfa Zavaleta Méndez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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