David Martínez Villatoro
Expediente 925/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 36 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- David Martínez Villatoro
- Oscar Granados Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte de oficio, que en relación con el acto reclamado del 8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXI, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en b) la omisión de poner a los quejosos a disposición de la autoridad ministerial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto que se combate. El artículo y la fracción invocada establecen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de trato tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Ahora bien, como se adelantó en líneas precedentes, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, el 8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXI, con residencia en Córdoba, Veracruz, puso a los detenidos a disposición de la Fiscalía, específicamente, a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la certificación respectiva.11 En ese entendido, es incuestionable que la omisión reclamada cesó, pues ya se actuó para el efecto pretendido por la parte quejosa; de tal forma que los efectos del acto reclamado desaparecieron de forma total e incondicional. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2...) Por otro lado, se estima que en relación con el acto reclamado del 5. Fiscal Cuarto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, con sede en Córdoba, Veracruz, y 8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXI, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en a) la detención de los quejosos, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Preceptos de los que deriva que para que se actualice la causal de improcedencia señalada, deben concurrir los supuestos siguientes. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el asunto que nos ocupa, los quejosos reclaman la detención que dio origen a la carpeta de investigación CRB/DXIV/4F/2121/2022, del índice de la Fiscalía Cuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, con residencia en Córdoba, Veracruz. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, particularmente las relativas al proceso penal 717/2022, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, en lo que trasciende, que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, se calificó de legal la detención del quejoso, ****, y se dictó auto de vinculación en contra del impetrante, *****, por su probable intervención en la comisión de los delitos: contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, daños y contra las instituciones de seguridad pública. Por tanto, cambió la situación jurídica en que se encontraban los quejosos con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la retención impugnada. Es así, pues no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica emanada de las resoluciones de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictadas en el citado proceso penal, en las que -respectivamente- se calificó de legal la detención del impetrante **** y se vinculó a proceso al quejoso, **** pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, se afectaría la nueva situación jurídica de los peticionarios. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Así, al no existir diversa causa de improcedencia que invoquen las partes o que se deba examinar de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del diverso acto reclamado, consistente en d) la falta de valoración médica de los inconformes con posterioridad a su detención. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia (...) SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Para justificar dicha postura, es pertinente tener en cuenta que los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen, en su parte conducente, lo siguiente. De lo expuesto deriva que el citado artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentado en el principio pro homine, tutela la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, los cuales el Estado está obligado a preservar atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo 4º, en su párrafo tercero, constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Directrices que retoma el numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que las autoridades competentes deben de adoptar las médicas a su alcance para que se brinde atención médica a los heridos si los hubiere. En el caso, los quejosos reclaman de las autoridades responsables, 5. Fiscal Cuarto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, y 8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXI, ambos con residencia en Córdoba, Veracruz, la falta de valoración médica con posterioridad a su detención. Ello, con motivo de las lesiones que se generaron durante la persecución. Ahora, del análisis de las copias certificadas del expediente clínico de los quejosos, remitidas por las autoridades responsables, las cuales cuentan con probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que no existió la omisión que se reclama de las responsables, toda vez que de dicho expediente, en lo esencial, se advierte: Así, del expediente clínico de los impetrantes deriva que, contrario a lo que sostienen, sí se les dio el seguimiento médico con posterioridad a sus detenciones, pues de las copias certificadas de las constancias médicas previamente relatadas se obtiene que fueron valorados por el personal médico para conocer su estado de salud, así como que se le prescribieron los medicamentos necesarios. De ahí que se estime que no existe violación alguna al derecho humano a la salud de los quejosos, en la medida que, de acuerdo con lo anterior, recibieron la atención médica que requirieron con posterioridad a su captura. En tales condiciones, al ser infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. No pasa inadvertido el pedimento formulado por el Ministerio Público adscrito; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia (...) OCTAVO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. R E S U E L V E. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***** considerandos tercero y quinto, por los motivos expuestos en éstos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a AMPARA *****, contra el acto reclamado del 5. Fiscal Cuarto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIV, y 8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXI, ambos con residencia en Córdoba, Veracruz, precisado en el considerando séptimo, por los motivos expuestos en éste. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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Córdoba, Veracruz, a diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control (sala 2), por sí y en representación de la Licenciada María Andrea García Zavaleta (sala 1), Licenciada Janet Pérez Caro (sala 3), y Juan Luis Mendoza Rosas (sala 4), todos en su carácter de Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; y con los recibidos en acuerdos de treinta y uno de enero y uno de febrero de dos mil veintitrés, signados por el citado Juez; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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Córdoba, Veracruz, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables 11. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, 12. Licenciada Janet Pérez Caro, y 14. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueces de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, no han rendido sus informes justificados solicitados en los oficios 32281/2022, 32282/2022 y 32284/2022 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a pesar de estar debidamente notificados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, remitan copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de la detención reclamada y de sus antecedentes; o bien, manifiesten la imposibilidad que tengan para dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia (...) Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículo 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con el citado numeral 257, fracción II, del Acuerdo General; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia. Con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", publicada con registro 2002576, no se enviarán a las autoridades comunicaciones respecto de los proveídos de mero trámite o en relación con los diferimientos de audiencia, los cuales pueden consultar en la lista de acuerdos que se publica en la página electrónica oficial https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTram ites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese.
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