David Martínez Osorio
Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- David Martínez Osorio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de garantías; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del Artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General conjunto, ahora bien, al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del citado acuerdo; la valoración del presente expediente deberá constar en la carátula del mismo en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la demanda de cuenta presentada por David Martínez Osorio, contra el acto del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 500/2021-V. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que conduce al desechamiento de plano de la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte promovente no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que en contra del acto que por esta vía reclama, consistente en la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, dentro del juicio civil 428/2020, en el que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, procede el recurso de apelación, en términos de los artículos 146 y 928, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. En relación con lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Desde ese punto de vista, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por los actos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le compete, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. Por ello, tenemos que el artículo 61, en su fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede verse, el texto del precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que contra resoluciones judiciales la ley de la materia conceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de Distrito, examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así las cosas, de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la parte promovente reclama básicamente el auto de veintiséis de marzo del año en curso, en el que declaró improcedente un incidente de falta de personalidad, dentro del expediente 428/2020; acto respecto del cual, como se dijo, procede el recurso de apelación, en términos de los artículos 146 y 928, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Se afirma lo anterior, pues los referidos artículos disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 146.- Los autos que decidan los incidentes so apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario." "ARTÍCULO 928. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: . II. Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este Código." De los dispositivos legales acabados de transcribir, claramente se advierte que el código adjetivo que rige al acto reclamado, establece en su artículo 928, fracción II, que podrán ser objeto de apelación, los autos cuando lo disponga dicho código, y en que se resuelva un incidente, procede el recurso de apelación. Como puede verse, es incuestionable que el Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, establece a favor de la parte aquí quejosa un medio de defensa (apelación) que puede interponer en contra del acto que aquí considera le causa un agravio. Máxime, si dicho ordenamiento señala que podrán ser objeto de apelación en primera instancia, los autos cuando resuelvan un incidente o expresamente se disponga de esa manera; además, de que el accionante de amparo es parte actora en dicho procedimiento, por lo que nada impide que impugne en la vía ordinaria el proveído que aquí reclama. Cobra mayor relevancia lo anterior, si tomamos en cuenta que el recurso de apelación a que se ha hecho referencia, tiene por objeto que se revoque o modifique el auto combatido, en términos del artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; lo que deja de manifiesto que, en su caso, la resolución que recaiga al recurso de apelación puede ser favorable a los intereses de quien se vio agraviado con el auto emitido en primera instancia, en este caso, la parte quejosa de la demanda de amparo, lo que haría innecesaria la promoción del juicio de amparo, siendo esta la finalidad que se persigue al contemplarse el principio de definitividad. Por tanto, al no haber agotado el promovente de amparo el recurso de apelación que establece el código procedimental ya indicado, es inconcuso que la demanda de amparo resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la misma en términos del artículo 113 de la invocada ley, toda vez que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio o, en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino que resulta ser obligatorio. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J./37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, visible en la página 902, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sentado lo anterior, cabe destacar que la parte quejosa no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción que refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la procedencia del recurso aludido no se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los diversos dispositivos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desecha de plano la demanda de garantías en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el numeral 61, fracción XVIII, de la ley invocada. Es aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechara de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." De igual manera, sirve de sustento a lo anterior, la determinación abordada en la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 2014, página 39, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Eduardo Olvera Gordillo, y en términos restringidos del citado numeral a Santa Esmeralda Negrete Cayetano, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, téngase a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos 833 343 3770 y 899 259 2500, así como el correo electrónico gji.colvera@gmail.com, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en los artículos 35, 36, 39 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y promoción del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas en el presente asunto, lo que podrá realizar en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, bajo el usuario "iusceog", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esa virtud, las subsecuentes notificaciones dirigidas a la parte quejosa, de carácter personal, realícense vía electrónica. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; sin embargo las partes pueden manifestar expresamente su conformidad con la publicación de sus datos personales, si así lo estiman conveniente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Marlene Landín Colle, Secretaria quien autoriza y da fe.
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