David Martínez Gómez

Expediente 1101/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 45 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1101/2020
Año
2020
Actuaciones
45
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • David Martínez Gómez
  • Agente del Ministerio Publico Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Sexual y de Genero con sede en Texcoco, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 27 fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes desde el tres de abril de dos mil trece, se le notifica por medio de listas fijadas en los estrados de este juzgado de distrito, en virtud de no haber comparecido a oír la notificación personal en este órgano Jurisdiccional al quejoso del auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés que dice: Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que tanto el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para que compareciera a recoger los edictos ordenados en el mismo, a fin de emplazar al presente juicio de amparo a la tercero interesada, así como el de veinte días, previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, transcurrieron en su totalidad, sin que haya comparecido para recogerlos y proceder a su publicación, no obstante de estar legal y oportunamente notificado del citado proveído, el tres de julio de dos mil veintitrés. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto del suscrito, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante. Por tal motivo, y dado que en el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídico procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Así, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado con relación al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al no haber comparecido la parte quejosa a recoger los edictos y proceder a su publicación para emplazar a la tercero interesada, queda paralizado el juicio constitucional, contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, habida cuenta que con la falta de emplazamiento de la citada tercero interesada, se impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente del amparo. Así, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación que se generó a cargo de la parte quejosa y su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventar el gasto para publicación de los edictos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por el artículo 17 constitucional. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Citatorio

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que tanto el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para que compareciera a recoger los edictos ordenados en el mismo, a fin de emplazar al presente juicio de amparo a la tercero interesada *****************, así como el de veinte días, previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, transcurrieron en su totalidad, sin que haya comparecido para recogerlos y proceder a su publicación, no obstante de estar legal y oportunamente notificado del citado proveído, el tres de julio de dos mil veintitrés. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto del suscrito, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante. Por tal motivo, y dado que en el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídico procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Así, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado con relación al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al no haber comparecido la parte quejosa a recoger los edictos y proceder a su publicación para emplazar a la tercero interesada ****************, queda paralizado el juicio constitucional, contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, habida cuenta que con la falta de emplazamiento de la citada tercero interesada, se impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente del amparo. Así, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación que se generó a cargo de la parte quejosa y su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventar el gasto para publicación de los edictos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por el artículo 17 constitucional. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Norma criterio, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, Materia Común, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que se encuentra transcurriendo el término a la parte quejosa para recoger los edictos ordenados en autos. Por lo anterior, a efecto de no transgredir normas de carácter procesal, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  4. Principal

    Visto el estado procesal y la certificación que antecede, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días, concedido por auto del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para que la parte quejosa comparezca a recibir los edictos ordenados para emplazar a la tercera interesada En consecuencia; a efecto de no transgredir normas de carácter procesal, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

Quedan 41 actuaciones en este expediente

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