David Martinez Diaz
Expediente 242/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- David Martinez Diaz
- Ministerio Publico Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, mediante el cual informa el desistimiento de la parte quejosa respecto del recurso de revocación (acto reclamado); y para tal efecto remite copia certificada de dicha solicitud de desistimiento, así como disco compacto certificado en formado digital, donde consta la celebración de la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo, llevada a cabo el veintinueve de septiembre del año en curso. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y la documental anexa, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".[1] Deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, por medio del cual se desechó de plano el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso, y [2] Conforme a lo expuesto en la presente resolución emita una nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción se pronuncie en torno a la totalidad de los agravios expuestos en el recurso de revocación, pero con la única limitante que deberá oír a las demás para resolverlo, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Reynaldo Sotelo Virto, autorizado de la parte quejosa mediante el cual solicita sea dictada la sentencia respectiva en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a su contenido, dígasele al promovente que el once de agosto del año que transcurre fue dictada la sentencia respectiva en el presente juicio de amparo, la cual le será notificada de manera personal. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo: 242/2023 Parte quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Marco Antonio García Cortez S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 242/2023, y R E S U L T A N D O 1. Presentación de demanda. Mediante escrito depositado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido por este órgano jurisdiccional ese mismo día, se tiene que ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por los siguientes actos reclamados: "IV. ACTO RECLAMADO. EL AUTO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DONDE SE DESECHA DE PLANO EL RECURSO DE REVOCACIÓN PLANTEADO POR EL QUEJOSO DENTRO DE LA CAUSA PENAL ********************." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16 17, 20, inciso A), fracciones I, II y IV, inciso B), fracciones I. II, III, IV, y VI y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Trámite del juicio. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, requirió el informe justificado de la autoridad responsable. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto, y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este Juzgado. Luego, mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercera interesada a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional Zona Oriente [Elizabeth Morales Ibarra], sin que se apersonara o formulara alegatos. Seguida la secuela procesal, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional; así, se procede al dictado de la resolución que conforme a derecho corresponde. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo reclamado en este juicio, consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con sede en Cuautla. El acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, por medio del cual se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto lo atribuido a la autoridad responsable Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Ello se corrobora con las copias certificadas relativas a la carpeta judicial ********************, que remitió en apoyo a su informe justificado, y tales documentales públicas tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido emitidas por la respectiva autoridad en el ejercicio de sus funciones, las cuales se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. IV. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió oportunamente pues la parte quejosa quedó notificada de la determinación reclamada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés; ello, así se advierte de la copia certificada relativa a dicha notificación, practicada por el notificador adscrito a los Juzgados Especializados de Control, Tribunales de Enjuiciamiento y Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos. En esas condiciones, tal notificación surtió efectos el día hábil siguiente en que fue practicada, conforme al artículo 82 del citado ordenamiento, esto es el treinta de enero siguiente; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta y uno de enero al veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, descontando los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de ese febrero, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veinte de febrero de dos mil veintitrés, es evidente su oportunidad. En esas condiciones, es que desde este momento se desvirtúa la causa de improcedencia aludida por la autoridad responsable, relativa a la extemporaneidad de promoción del presente asunto, pues como se evidenció, la demanda se presentó dentro del plazo con que se contaba para ello. V. Procedencia. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio este juzgado de oficio no aprecia la actualización de alguna, por ende, es que se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Estudio. El concepto de violación expuesto por el quejoso es fundado, aunque suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la legislación en materia de amparo, para conceder la protección constitucional solicitada, como se expondrá a continuación. Precisamente, para contextualizar el presente asunto debe partirse de que el acto reclamado consiste en la resolución emitida el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, en la cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del acuerdo de veintitrés de enero del presente año -emitido por dicho juzgador penal-, en el cual se determinó tener por cumplimentado el auxilio judicial solicitado por ********************, aquí solicitante del amparo, inherente a la negativa de la autoridad ministerial para que el aquí quejoso tuviera acceso a copias de la carpeta de investigación CT-UCD/4112/2022, la cual está a cargo de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional Zona Oriente. En contra de tal determinación, en esencia, el quejoso en su concepto de violación sostiene que se violenta en su perjuicio los derechos de legalidad y seguridad jurídica, audiencia y debido proceso, que consagran, entre otros, los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como los principios de justicia completa y exhaustividad, así como el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya que en su resolución desechó de plano el recurso de revocación que interpuso, dejó analizar los agravios que expuso relativos a que fue objeto de un acto de molestia, el cual le permite tener acceso a los registros de investigación, por lo que de esa manera refiere que quedó en las mismas condiciones respecto de la determinación del ministerio público que le impide tener acceso a la carpeta de investigación. Tal planteamiento resulta fundado, aunque como se adelantó, suplido en su deficiencia, ya que la afectación principal de la que se duele tal persona, es en el sentido de que la autoridad responsable le desechó de plano su medio de defensa, tomando en consideración que no dio contestación a todos los agravios que formuló [entre los cuales alegó haber sido objeto de un acto de molestia], lo que resulta correcto. Precisamente, el acto reclamado violenta en perjuicio del quejoso los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen el principio de legalidad y de acceso a la justicia, ya que la autoridad responsable desechó de plano el recurso de revocación interpuesto, aduciendo para ello cuestiones sustentadas en la determinación emitida el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, las cuales no abordan la totalidad de los motivos de inconformidad expuestos por el aquí quejoso, de forma particular, pues sólo se limitó a darle contestación dogmática y de forma genérica a su inconformidad, sin precisar incluso si algún agravio en particular era el que se contestaba. Para demostrar dicha conjetura, debe partirse de que conforme al principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, ninguna autoridad debe actuar con desapego a aquello para lo que lo facultan determinadas normas jurídicas, es decir, que no debe excederse en cuanto a las atribuciones que las leyes le han conferido, sino que debe sujetar su actuación al estricto acatamiento del marco legal que lo rige. Al respecto, los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan dentro del procedimiento penal, el recurso de revocación, como un medio de defensa procedente contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Sobre tal medio de defensa resulta relevante que el segundo precepto en cita, en lo que interesa, señala que para su sustanciación y resolución, el órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. Nótese en este punto, que tal precepto no establece algún caso de excepción para que sea sustanciado de forma distinta, ni preceptúa algún supuesto en el que pueda resolverse "de plano y sin atender las pretensiones de la parte recurrente", con argumentos que no aborden la totalidad de los agravios hechos valer. En ese sentido, si bien el órgano jurisdiccional previo a pronunciarse respecto de ese medio de impugnación, puede oír a las partes en los casos en que se trate de un asunto cuya complejidad así lo amerite -es decir un aspecto optativo-, se tiene que, en el caso, para la emisión del acto reclamado, la autoridad responsable tampoco realizó pronunciamiento al efecto, es decir, respecto a si el asunto era complejo o no. Ello, a pesar de que la parte aquí quejosa, al interponer su recurso de revocación, alegó sustancialmente que fue materia de un acto de molestia que hacía procedente su petición para tener acceso a la carpeta de investigación, en tanto que aludió haber sido entrevistado por el Policía de Investigación Criminal en los términos que ahí señaló, con motivo de la carpeta de investigación CT-UCD/4112/2022, de la cual proviene la negativa de expedición de copias de la misma, externada al aquí quejoso. Y porque de las constancias que remitió el juzgador responsable no se advierte elemento o dato alguno con el que pueda desvirtuarse o confirmarse lo combatido por ******************** [que efectivamente había sido objeto de un acto de molestia, que acorde al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le permitiera el acceso a los registros de investigación.] En ese contexto, se aprecia que el juzgador señalado como responsable, no expuso razonamiento por el cual declaró improcedente el recurso de revocación intentado por el ahora quejoso en contra del proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en torno a los agravios expuestos, ni alguno para justificar si el asunto era complejo o no, a pesar de que carecía de elementos para desvirtuar o confirmar lo alegado por ********************, en los agravios expuestos en el recurso de revocación que interpuso, lo cual de ser cierto, podría dejar al peticionario del amparo en un supuesto para acceder a los registros de la investigación respectiva. Sin que sea suficiente que el juez responsable haya expuesto que la autoridad ministerial aun realizaba actos de investigación y que no se había judicializado dicha carpeta de investigación, pues ello, como se adelantó, no atiende los argumentos planteados por el inconforme, ni a la solución del conflicto de forma integral. Es decir, que tal acto, tampoco se ajustó a lo establecido en los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionados con los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a los cuales los recursos establecidos por la normativa ordinaria deben de ser sencillos y efectivos, de tal suerte que posibiliten una justicia completa y expedita, es por ello que las normas constitucionales y convencionales en comento, reconocen implícitamente el principio pro actione, el cual implica una herramienta hermenéutica de optimización, que permite que ante una diversidad de interpretaciones, [1] siempre deba preferirse aquella que permita el acceso a la jurisdicción del Estado y que vele por la resolución sustancial de los conflictos, antes de aquellas que creen impedimentos técnicos, o erijan barreras para la sustanciación de los procesos. Además, de que se apartó de lo previsto en el párrafo tercero del mencionado artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, el órgano legislativo consagró en el ámbito jurídico supremo el principio pro fondo, en el sentido de que [2] las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por ende, bajo esos dos principios, se tiene que en toda determinación que adopte un órgano que ejerza funciones jurisdiccionales, debe de privilegiar aquella que permita el acceso a la jurisdicción del Estado y a su vez concrete en mayor medida la solución del conflicto principal. De allí que se razona de la forma aludida -que no se puede desechar o declarar improcedente un recurso sin atender los argumentos expuestos por la parte inconforme-, ya que la referida interpretación es la que mejor se adapta a los dos principios de interpretación previamente referidos, consistentes en el [1] pro actione al posibilitar el acceso a la jurisdicción del estado y [2] pro fondo, por permitir obtener una resolución congruente y exhaustiva con lo planteado Bajo tal contexto normativo, se tiene que el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, dentro de la causa penal ********************, no se ajustó a tal marco legal, ya que se pronunció de plano el recurso de revocación, sin determinar si el asunto era complejo o no, a pesar del contexto en que se había interpuesto el medio de impugnación en cita [un presunto acto de molestia que posiblemente permitiría al aquí quejoso tener acceso a los registros de investigación]. Y aún más, como lo sostiene el peticionario del amparo, no analizó todos sus planteamientos, pues se limitó a sustentar su determinación el acuerdo que emitió el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, sin especificar si ello atendía algún agravio en particular, para así generar seguridad jurídica al aquí quejoso respecto a que todos sus planteamientos fueron analizados. Pues precisamente, tal órgano jurisdiccional, sólo determinó que era improcedente lo controvertido en los motivos de disenso del inconforme, al atender a lo expuesto por ese juzgador en el acuerdo materia del medio de impugnación interpuesto, así como lo manifestado por la representación social en el sentido de no proporcionar copias de la carpeta e investigación por encontrarse realizando actos de investigación y aún no judicializar la misma. Ello, sin que contestara todos los agravios planteados -por lo que sólo dio una respuesta fragmentada al fondo del asunto-, pues nada dijo respecto a lo señalado en cuanto a que el quejoso había sido o no objeto de un acto de molestia que le permitiera el acceso a los registro de investigación, acorde a lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros argumentos. En ese sentido, aun cuando el recurso de revocación puede pronunciarse de plano, para ello no aplican los argumentos que sustentó la responsable -estudio sustentado en el acuerdo recurrido, así como las manifestaciones de la autoridad ministerial-, para no sustanciarlo y estudiarlo conforme a los parámetros legales aplicables, pues ello no consiste en un requisito de procedencia del recurso de revocación, reiterándose, que sólo se pueden aducir para ello requisitos o presupuestos procesales, tales como que no fue presentado en tiempo, o que no se advierta la legitimación del recurrente o idoneidad del recurso, entre otros supuestos. En ese sentido, también debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada. [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]" "Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 113. Derechos del Imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. [.] Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De la lectura integral de tales preceptos, se advierte que, los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cita, reconocen el derecho a una defensa adecuada que implica, entre otros aspectos, que se deben facilitar al imputado los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, se estableció los supuestos en que deben mantenerse bajo reserva los registros que tengan a su resguardo las autoridades jurisdiccionales o que obren en la carpeta de investigación; así como los momentos a partir de los cuales el presunto responsable y su defensor pueden tener acceso a dicha información. Así, los registros ya no podrán mantenerse en reserva para el imputado y su defensor cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando se encuentre detenido. b) Cuando sea citado para comparecer como imputado. c) Cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. d) Cuando ya se le haya dictado auto de vinculación a proceso. Por su parte, el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también transcrito, contempla el principio de igualdad procesal, el cual ha sido definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 119/2018, como aquél por virtud del cual las partes deben tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales. Además, en tal precedente, dicha sala del máximo tribunal agregó que dentro del debido proceso legal, que permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva, está implícita la igualdad procesal, ya que ese acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos debe realizarse en condiciones de igualdad, esto es, las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno. Puntualizó también que corresponde a las autoridades que intervengan en el procedimiento penal emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar la igualdad de las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen. Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis 1a. LXXX/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020690, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUS ALCANCES. El principio citado encuentra sustento en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; principio que se relaciona, a su vez, con los diversos de igualdad ante la ley y entre las partes, previstos en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Ahora bien, el principio de igualdad procesal se refiere esencialmente a que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, y deriva a su vez, de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, esto es, la igualdad entre todas las personas respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación y, por consiguiente, de unificación de todo aquello que venía reconociendo como idéntico, una naturaleza común del ser humano por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera. En esos términos, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. Razón por la cual, los Jueces durante el proceso penal deberán emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de mérito". De allí que las personas sujetas a un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, atendiendo a sus derechos de defensa adecuada e igualdad procesal, cuentan en primer término con el derecho de que se les debe permitir como regla general -salvo excepciones- acceder a los registros de la investigación, porque de esta manera las partes tienen una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer datos de pruebas en apoyo a sus pretensiones. Ello además de que, de acuerdo con lo sostenido por la Primera Sala del máximo tribunal del país en la contradicción de tesis 149/2019, al actualizarse alguno de los supuestos previstos por el artículo 20, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales -como en el caso de las personas que sean sujetas a un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista- los registros de investigación dejan de tener el carácter de reservado para el indiciado o su defensor, y por tanto, no existe motivo para negarles su acceso, tal como lo expuso en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020891, que a la letra dice: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Ahora bien, cabe precisar, que si bien existen excepciones a dicha regla general, las mismas se encuentran definidas en un primer momento por la legislación penal aplicable, conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, apartado B, fracción VI, de la Carta Magna, y 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que tal acceso debe otorgarse, salvo los casos excepcionales y con las limitaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las leyes especiales aplicables, cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Lo anterior, se expone, en tanto que, en el caso de actualizarse el supuesto de que el aquí quejoso fue objeto de un acto de molestia acorde a lo previsto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, haría procedente su solicitud para tener acceso a los registros de investigación respectivos; de ahí que resulte necesario escuchar a las demás partes para dirimir lo conducente, o si se está en un caso excepcional para salvaguardar el éxito de la investigación, tal supuesto deberá verificarse por el juzgador en el supuesto de que se haga valer por la fiscalía. En esa tesitura, como se adelantó, al resultar fundado, aunque suplido en su deficiencia, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos que se precisan en el siguiente punto considerativo. VIII. Efectos de la sentencia. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, realice lo siguiente: [1] Deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, por medio del cual se desechó de plano el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso, y [2] Conforme a lo expuesto en la presente resolución emita una nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción se pronuncie en torno a la totalidad de los agravios expuestos en el recurso de revocación, pero con la única limitante que deberá oír a las demás para resolverlo, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el segundo punto considerativo, por las razones expuestas en el penúltimo punto y para los efectos precisados en el último considerativo, todos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, Secretario que autoriza y da fe, hoy once de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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