David Marcos Rodriguez Flores
Expediente 272/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Inés Gomez Plata
- David Marcos Rodriguez Flores
- María de las Nieves García Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Queja
se recibe Oficio 36337/2023, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, remite la resolución de catorce del mes y año en curso, de la que se advierte que sobreseyó el juicio de amparo indirecto 1250/2023, del que deriva el presente recurso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Queja
Visto el estado de los autos, y el resultado del sorteo efectuado en relación con este asunto, con fundamento en los artículos 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 101 de la Ley de Amparo, túrnese el presente expediente al Magistrado Miguel Nahim Nicolás Jiménez para que formule proyecto de resolución, en la inteligencia de que este acuerdo surte los efectos de citación para sentencia a las partes.
- Queja
se recibe Oficio 34024/2023, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, , mediante el cual informa que queda a disposición de este órgano colegiado el expediente electrónico para su consulta.
- Amparo en revisión
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de doce de julio de dos mil veintitrés,1 sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de quince de junio de dos mil veintitrés, este órgano colegiado, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos:3 "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. En su lugar, emita otro en el que observando los razonamientos y lineamientos establecidos en la presente ejecutoria: a) Determine que el valor probatorio de la hoja de certificación de derechos exhibida por el demandado no resultó desvirtuado por la sola presunción generada ante la falta de presentación del expediente personal materia de la prueba de inspección desahogada. b) Establezca que el actor no probó su acción y el Instituto Mexicano del Seguro Social sí probó sus excepciones de falta de conservación de derechos y de carencia de acción y derecho, pues satisfizo su carga probatoria. c) Absuelva al demandado de las prestaciones reclamadas por la parte accionante. Dada la decisión alcanzada en la presente ejecutoria, en la cual se consideraron fundados los conceptos de violación analizados, resulta innecesario analizar el resto de los conceptos de violación, en los que se hace valer como violación procesal la admisión de la prueba de inspección, así como aquellos en los que se sostiene que analizaron cuestiones que no fueron materia de la litis por sostener la responsable que la hoja de certificación de vigencia de derechos debía soportar su estudio de justipreciación; lo anterior, porque aunque tales planteamientos se declararan fundados, lo cierto es que ello no mejoraría la concesión del amparo, al haberse resuelto en líneas precedentes que la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección, en el caso en estudio, no desvirtuó el valor probatorio pleno con que cuenta la hoja de certificación de derechos aportada por el Instituto demandado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/2005 y la tesis aislada 2a. XVII/2019 (10a.), de rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES".4 "SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE LOS PARÁMETROS QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN SEGUIR PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN".5 Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Por oficio MA. 272/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual dejó insubsistente el laudo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que se dio cumplimiento al efecto uno.Consecuentemente, mediante oficio ESG-035/2023, la autoridad responsable remitió copia certificada del nuevo laudo dictado el once de julio del presente año, en donde realizó lo siguiente: No pasó por alto que la hoja de certificación de derechos tenía valor probatorio pleno para acreditar la información que contenía, es decir, las semanas de cotización, asimismo, resaltó que tal como lo sostuvo el Alto Tribunal, para que se le restara la eficacia probatoria de la hoja de certificación de derechos era necesario que la parte actora hubiera aportado una prueba directa, y no una mera presunción, sin embargo, en el juicio laboral solamente le fueron admitidos, la pericial médica, copia certificada del acta de matrimonio, la inspección, la instrumental pública de actuaciones y la instrumental legal y humana. En esa tesitura, y toda vez que no fueron exhibidos los documentos objeto de la inspección, la autoridad laboral le restó eficacia probatoria a la referida certificación; no obstante, la presunción generada con la prueba de inspección ofrecida por la parte actora sobre su expediente físico, por sí sola no resultó suficiente para destruir el valor probatorio de la hoja de certificación de derechos expedida con base en la información contenida de manera electrónica en el Sistema integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), porque para destruir su validez la referida presunción debió estar robustecida con prueba directa, tal como la "hoja rosa expedida por el Instituto Mexicano de Seguridad Social", lo cual en el caso no aconteció. Consiguientemente, la junta laboral expresó que la prueba de inspección no destruyó el valor pleno de la hoja de certificación de derechos, y por ende a ésta merecía otorgársele valor probatorio, pues era necesario que el accionante objetara y demostrara la falsedad o incorrección o por lo menos hiciera dudar de la credibilidad de los documentos que contuvieran datos e información aportados por el propio instituto; efecto 2, inciso a), cumplido. Ahora bien, dado que el instituto sí demostró las semanas y el salario promedio de cotización de la parte actora, ya que la hoja de certificación de vigencia de derechos no fue desvirtuada, la autoridad laboral tuvo por procedentes las excepciones de falta de conservación de derechos y de carencia y acción y derecho que opuso el Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la demanda; efecto 2, inciso b), cumplido; consecuentemente, absolvió al demandado de otorgar y pagar al actor ETP la pensión de invalidez con todos los incrementos que el otorgamiento de dicha pensión conllevaba; efecto 2, inciso c), cumplido. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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