David Luciano de Jesús

Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1022/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • David Luciano de Jesús

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Destino de expediente Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es Conservable de conformidad con el diverso 17, fracción III), inciso b), porque se concedió la suspensión de plano y se desechó la demanda. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, dado que no los exhibió. Anotación en la carátula Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin oposición de datos personales Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierten los antecedentes siguientes: El quejoso ********************por conducto de ******************** mediante demanda recibida por la secretaria de guardia de este juzgado a las dieciséis horas con diez minutos del treinta de septiembre del año en curso, reclamó de Casa de Justicia de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, del Complejo Metropolitano de Seguridad Publica C5 y de los agentes del Ministerio Público de Casa de Justicia San Martín Texmelucan, los actos consistentes en la privación de la libertad, detención, retención e incomunicación. En la fecha indicada, este juzgado concedió la suspensión de plano de tales actos y ordenó la ratificación de la demanda; en diligencia formal, practicada en la propia data por la actuaria adscrita a este juzgado en el Complejo Metropolitano C5, ******************** ratificó la demanda e indicó estar incomunicado; así mismo, la actuaria judicial fue informada de que el quejoso se encontraba a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia, ********************, ello en la carpeta de investigación********************, manifestando el quejoso su deseo de señalarlo como autoridad responsable, por lo que le entregó el oficio correspondiente, conteniendo el acuerdo de treinta del mes y año citado a fin de que diera el cumplimiento correspondiente. Luego, mediante acuerdo de dos octubre de este año, se tuvo a tal agente rindiendo su informe, en el que manifestó que el uno anterior judicializó la carpeta de investigación y, por tanto, solicitó al juez de Control en turno, Región Judicial Centro Poniente sede San Martín Texmelucan, Puebla, señalar día y hora a fin de que tuviera verificativo la audiencia pública de control de legalidad de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, solicitud de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación, dejando a su disposición física y material interno en el área de seguridad del Centro de Justicia penal de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en San Andrés Cholula Puebla. Con motivo de lo anterior, en esa misma fecha se requirió a tal agente a fin de que informara lo relativo a su solicitud al juez de Control respecto al señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia indicada y su resultado; desahogado tal requerimiento, el cinco de este mes y año se requirieron las constancias conducentes a la jueza de Control de la Región Centro Poniente, ******, quien las remitió mediante oficio acordado el diez siguiente, al que adjuntó dos discos versátiles que contienen las audiencias de dos y seis del propio mes, desahogadas en la audiencia inicial y su continuación dentro de la causa penal ******************** iniciada en contra del quejoso. De los antecedentes relatados se puede sostener que la autoridad que tuvo a su disposición a ********************, previamente a la promoción del juicio de amparo fue únicamente el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia, ********************, lo cual ocurrió en la carpeta de investigación********************, pues de las constancias que remitió se conoce que fue a tal autoridad ante quien se puso a disposición al quejoso citado con motivo de su detención en flagrancia por la probable comisión de los hechos que la ley señala como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro del narcótico metanfetamina y del medicamento controlado clobenzorex y metilfenidato, previsto y sancionado por los artículos 239, 244 y 245, fracción III, 251, 473, fracciones V, VII y VII, 474, 476 y 479 de la Ley Federal de Salud, en relación con los diversos 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio de la sociedad. De tal manera, es solamente respecto a dicho agente que se analizará la procedencia del juicio de amparo; pues, respecto a la autoridad que genéricamente denominó como Casa de Justicia de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, es evidente que dichos actos no podrían atribuírsele, en tanto que la demanda de amparo se presentó el treinta de septiembre de este año, mientras que la intervención de la autoridad jurisdiccional respectiva que se dio con motivo de la puesta a disposición material y jurídica del quejoso ante la jueza de Control de la Región Centro Poniente, ********, ocurrió el día siguiente, esto es, el uno de octubre de este año, con posterioridad a la promoción del juicio de amparo, por lo cual no sería jurídicamente acertado analizar los actos reclamados respecto a una autoridad que no intervino en ellos al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues es necesario poder atribuirles tales actos de manera previa o coetánea a su promoción, supuesto que como se analizó, no se acredita en el caso particular. En ese contexto, es importante destacar que de las documentales que remitió el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia, ********************, derivadas de la carpeta de investigación********************, se conoce que obra la constancia elaborada a las quince horas con cincuenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se le hizo saber a ********************aquí quejoso, su derecho a realizar una llamada telefónica, quien proporcionó el número de su prometida ********************; también se le hizo saber el derecho a contar con un abogado particular, manifestando su deseo de nombrar al defensor público. Así mismo, se cuenta con la constancia de individualización del probable imputado ******************** y nombramiento de defensor, realizada a las dieciséis horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se advierte la presencia y designación del defensor público ********************, quien aceptó y protestó el cargo conferido, manifestando que tuvo entrevista en privado con su representado, informándole la dinámica de la secuela procesal derivada de su detención y retención. También obra la constancia de notificación de acuerdo de retención de veintinueve de septiembre del presente año, tanto al quejoso como a su defensor. Conforme a lo relatado y, atendiendo que la demanda de amparo fue recibida por la secretaria de guardia a las dieciséis horas con diez minutos del treinta de septiembre de este año, es evidente que fue promovida por ******************** quien manifestó que promovía en nombre de su primo ********************con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal, pues aquél no se encontraba incomunicado. Improcedencia de la demanda de amparo En efecto, de la diligencia desahogada el treinta de septiembre de dos mil veintitrés por la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, se advierte que si bien el quejoso ******************** ratificó la demanda promovida en su nombre por ******************** e incluso indicó a la servidora pública actuante que sí ha estado incomunicado; sin embargo, de las constancias que obran en autos consistentes en la constancia levantada a las quince horas con cincuenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés y a la individualización del probable imputado y nombramiento de defensor, realizada a las dieciséis horas de ese mismo día, se advierte la designación y presencia de defensor público, quien aceptó dicho cargo y manifestó que se había entrevistado previamente con el quejoso. De donde se concluye que este no se encontraba incomunicado, pues había tenido comunicación con su defensor público, así como realizado una llamada telefónica, al número ********************, que corresponde, según se asentó, a su prometida; todo ello, previamente a la promoción de este juicio. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues es inconcuso que el quejoso no se encontraba en la hipótesis de estar incomunicado. Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto que a continuación se cita: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que ******************** estuviera en aptitud de promover en nombre de ********************al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos, arriba relatadas evidencian la inexistencia de la incomunicación que se puso de relieve en la demanda para, de esa forma, promoverla en su favor. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por una persona que no estaba legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. A mayor abundamiento, aun cuando se considerara acertada la promoción del juicio, debe indicarse que respecto de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad, detención y retención del quejoso se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque sus efectos se consumaron de manera irreparable. En el numeral citado se establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para abordar su legalidad, en atención a que aun y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, la sentencia pronunciada perdería eficacia, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Del contenido del artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se observa que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica; lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad que la sentencia pueda producir la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Es decir, actos consumados son aquellos que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Como se destacó, el quejoso controvierte, sustancialmente, la privación de libertad, detención y retención por parte de la autoridad ministerial. No obstante, de las constancias de autos y de las remitidas por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, se desprende que ********************, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia, solicitó se señalara día y hora para el desahogo de la audiencia donde se resolviera lo referente a la legalidad de la detención realizada a ********************aquí quejoso, radicándose la carpeta judicial administrativa ********************, en la cual se señalaron las nueve horas del dos de octubre de dos mil veintitrés para llevar a cabo tal audiencia, misma que se llevó a cabo en la fecha señalada, en la que se calificó de legal la detención realizada al quejoso, luego, se formuló imputación por parte de la representación social y, el seis siguiente, en la continuación de tal audiencia, se resolvió su situación jurídica, dictándole auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de la droga conocida como cristal y/o metanfetamina y el medicamento controlado clobenzorex y metilfenidato, cometido en agravio de la sociedad. Entonces, es evidente que los efectos de su detención y sus consecuencias se consumaron de manera irreparable, al no poder restituir al quejoso en el goce del derecho que estimó violado. Ello, porque al haber consumado todos sus efectos los actos reclamados, no es factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al inconforme en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado. Entonces, como se indicó, lo procedente es desechar la demanda respecto de dichos actos en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo acordado en este auto que en diligencia de treinta de septiembre de la anualidad que transcurre ********************al ser requerido por la actuaria adscrita a este juzgado federal, haya manifestado que ratificaba la demanda promovida en su nombre, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultada para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese por estrados al quejoso.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, con dos discos en formato DVD, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el cinco de octubre del año en curso, remite el audio y video de las audiencias inicial de dos de octubre y la del auto de vinculación a proceso de seis de octubre del año en curso, derivadas de la causa penal 293/2023/SAN MARTÍN, en contra del quejoso *******; lo que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Informa gestiones Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Director General de la Policía Estatal Preventiva, por medio del cual informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la suspensión de plano decretada mediante auto de treinta de septiembre del año en curso. Cumple requerimiento Por otro lado, agréguese el oficio de cuenta del ********, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Alta Incidencia, recibido vía correo electrónico institucional, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de dos de octubre del año en curso, proporciona la información requerida, en lo que interesa, informa que derivado de la solicitud de audiencia se generó la causa penal 293/2023/SMT, la cual conoce **********, Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, misma que señaló el dos de octubre del año que transcurre el desahogo de la audiencia de control de detención, formulación de imputación y, respecto a la vinculación a proceso, el imputado en asesoría de su defensor solicitó la ampliación del término constitucional, señalando la juez de control para la continuación de la de la audiencia el seis de octubre del año citado, a las catorce horas; quedando como media cautelar la prisión preventiva oficiosa durante todo el procedimiento. Se requieren constancias al juez de control En ese sentido, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente, requiérase a ************, Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita el disco versátil digital que contenga las actuaciones relativas a la audiencia inicial, esto es, las concernientes a la calificación de detención, formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso, derivadas de la causa penal 293/2023/SMT, de su índice; y en su oportunidad, también remita las conducentes al auto de término constitucional. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en términos con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y mediante oficio a la autoridad indicada.

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