David Luciano Alcauter
Expediente 500/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/10/2020
Partes del expediente
- DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL FEDERALNúm. 18 "CPS Coahuila" :
- David Luciano Alcauter
Actuaciones
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO
- Principal
PERSONAL. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace efectivo el apercibimiento decretado al quejoso ******, mediante aviso de fecha veintiséis de octubre de octubre de dos mil veinte, en consecuencia, se les notifica por medio de lista electrónica publicada en la dirección (www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp) así como por lista física que se fijará en un espacio de fácil acceso en el edificio sede de este Juzgado (según lo determine la administración del edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación), para el caso de los usuarios que deseen consultarla en las instalaciones del edificio en el que reside el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la determinación de veintitrés de octubre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido vía interconexión, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en el que la Secretario de dicho órgano jurisdiccional estampa su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), mediante el cual, transcribe el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, del que se destaca, el acuse de recibo correspondiente al cuaderno original del juicio de amparo 500/2020, que diera origen al presente sumario. De lo anterior, este órgano de control de la constitucionalidad toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que este expediente se encuentra dentro de las hipótesis que establece el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, por lo que una vez que transcurran TRES AÑOS, procédase a su DESTRUCCIÓN haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, mediante los cuales las autoridades responsables Directora General en el Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS COAHUILA" (en alcance al rendido con antelación), y el Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, remiten su correspondiente informe en cumplimiento a la suspensión de plano, otorgada al quejoso; asimismo, la primera de éstas envía copia digitalizada de diversas constancias para acreditar su dicho. Por tanto, téngase a las potestades responsables dando cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de octubre de dos mil veinte.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *****, en favor del quejoso *****, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho "CPS Coahuila" y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro 500/2020. Ahora, de una lectura íntegra del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho con residencia en el municipio de Ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, y como autoridades responsables se señalan a: (.) Además, indica como actos reclamados: La tortura, segregación, aislamiento y actos prohibidos por los artículos 1, 19 y 22 constitucionales que se traducen en torturas, amenazas, golpes, aislamiento, confinamiento en el área de conductas especiales, suspensión de alimentos y la falta de ropa adecuada para el frío. Primeramente, es importante establecer que con fundamento en los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por las consideraciones siguientes: El citado numeral 37 de la Ley de Amparo dispone: (.) De la norma transcrita, se destacan tres reglas básicas para determinar la competencia por territorio en favor de los jueces de Distrito, mismas que para una mejor comprensión se puntualizan: 1. La primera se obtiene del último párrafo del aludido precepto, el cual establece que cuando la resolución reclamada en el juicio no requiera de cumplimiento material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. 2. La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, misma que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad ordenadora del acto de inconformidad, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, se ejecute o se haya ejecutado el mismo, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren que se materialice por parte de una diversa. 3. La última previsión normativa, más que una regla diferente en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda precitada, ya que sobre el mismo criterio para determinar la competencia a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado en un Distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas circunscripciones que haya prevenido, será el competente para conocer del asunto y emitir el fallo correspondiente. Desde ese contexto, puntualizados los tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los jueces de Distrito, se observa que el inmerso en el primer párrafo del precepto legal en cita, se establece que le corresponderá el conocimiento del asunto al juzgador que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; con independencia de que en la demanda no se reclame concretamente el cumplimiento de aquél, ni se mencione autoridad ejecutora, porque, de llegar a tales extremos, la competencia de los órganos de control de la constitucionalidad quedaría al arbitrio de la parte quejosa, al decidir señalar o no tales responsables. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados constituyen actos que forzosamente requieren o llevan implícita una ejecución material, y en el caso debe decirse que según se advierte de lo manifestado por la promovente de amparo, tienen ejecución en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad el directo agraviado, en el Centro Federal de Readaptación Social Número dieciocho, con residencia en el municipio de Ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, esto es fuera del ámbito de competencia territorial de este órgano de control de la constitucionalidad; por lo que es claro, que la competencia para conocer de la demanda de amparo recae en el Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno. Esto es así, pues resulta necesario tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer en el primer párrafo del referido artículo 37 de la ley en consulta, la competencia al Juez de Distrito en el lugar de ejecución de los actos reclamados, otorgando las condiciones necesarias para tener un fácil acceso al juicio de amparo y substanciación del mismo, dentro de la jurisdicción en que se encuentre privado de su libertad el directo quejoso, ya que de no resultar así, la prosecución del juicio constitucional, al radicarse en diverso lugar al en que se encuentre detenido, incidiría en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; contrario al principio que se persigue en el juicio de amparo y que en el caso concreto es necesario por seguridad jurídica del directamente agraviado se actúe con celeridad. En consecuencia este órgano de control de la constitucionalidad se DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del presente juicio de amparo y se declina en favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, a quien deberá remitírsele por conducto de la oficina de correspondencia común de esa misma materia y sede, la demanda de amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, por vía electrónica sin perjuicio de que se envíe por la vía ordinaria, esto último una vez que se tenga conocimiento si se acepta o no la competencia planteada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente por la misma vía (electrónica). Ahora, es importante destacar que se señalan entre otros como actos reclamados la tortura, así como actos prohibidos por los artículos 1, 19 y 22 constitucionales que se traducen en amenazas y golpes de los que dice es objeto el directo quejoso *****, en ese contexto, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se afirma pudiera ser objeto el quejoso. En el entendido que las autoridades responsables deberán girar las instrucciones necesarias para se abstengan de realizar los referidos actos. Ahora, por lo que hace al diverso acto que se señala como la falta de ropa adecuada para el frío, se le deberá proporcionar de inmediato por parte de las autoridades responsables penitenciarias, aquella necesaria para las condiciones climáticas en las que se encuentra el directo agraviado. Asimismo, respecto de la aducida suspensión y/o falta de alimentos, deberán proporcionarse al amparista de inmediato, en porciones suficientes y completas así como saludables, en la inteligencia de que las aludidas potestades tienen la condición de garantes respecto de la vida e integridad física del directo agraviado, de ahí que sea obligación de dichas autoridades garantizar que el quejoso tenga acceso a ropa y alimentación adecuada que resulte acorde con el derecho a una vida digna en reclusión. Por lo que se deben dictar todas las medidas a fin de dar cumplimiento a tales circunstancias. Comuníquese lo anterior, al Director del Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en el municipio de Ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, para su debida observancia. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la seguridad y custodia del impetrante de amparo queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Por otra parte, no se hace pronunciamiento alguno en cuanto a la suspensión de los actos consistentes en la segregación y/o aislamiento y/o confinamiento, debido a que el artículo 126 de la Ley de Amparo, indica que la suspensión de plano debe concederse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sin embargo, en el caso no se acredita ninguno de los supuestos establecidos para que se decrete la misma respecto de dichos actos. Desde este momento, y sólo para el caso de que se reanuden labores normales en el órgano jurisdiccional, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales.
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