David López Pérez

Expediente 499/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
499/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • David López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Por otra parte, devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados que constituyen los tomos I a V, agregando al presente juicio las carátulas que los contenían.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 499/2019, promovido por David López Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, David López Pérez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridad responsable que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 499/2019; por auto de doce de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito presentado el cinco de julio de este año, el quejoso amplió demanda de amparo y señaló nueva autoridad responsable con relación al acto que reclamó inicialmente; por lo que por auto de ocho del mismo mes y año se tuvo por ampliada la misma, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; posteriormente se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una orden de aprehensión cuyos efectos y consecuencias se materializan en donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito, actualizándose la hipótesis a que se refiere el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados, se precisa que la parte quejosa reclama tanto del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, como de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo siguiente: La orden de aprehensión girada en su contra por el delito de homicidio. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, pues al rendir su informe justificado negó dicho acto sin que el amparista hubiera desvirtuado tal negativa. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia (Común), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior pues de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a la responsable, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos; lo cual en el caso concreto no aconteció. Cobra aplicación la Tesis Aislada (Común), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado y autoridades antes precisadas. CUARTO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que así lo reconoció la Magistrada Presidente al rendir su informe justificado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Certeza que se corrobora con las constancias que se allegaron a este juicio, entre las que destaca la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce dictada por la Sala responsable en el toca A.P. 291/2013, en la que se giró la orden de aprehensión solicitada contra David López Pérez y diversa persona (fojas 140 a 154 del tomo I), documental con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, así como por la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Procedencia del juicio. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducidos, este juzgador se encuentra compelido a verificar la procedencia del juicio de amparo promovido; asimismo, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su estudio una cuestión oficiosa, de orden público y atención preferente. Conviene recordar que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión girada contra el aquí quejoso, en este caso, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca A.P. 291/2013. Luego, al rendir su informe justificado, la diversa autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, indicó que David López Pérez, promovió juicio de amparo ante este juzgado, al cual correspondió el número 345/2016, mismo que fue sobreseído en audiencia de quince de mayo de dos mil diecisiete (foja 17). Así, una vez analizadas las constancias que conforman el aludido juicio de amparo 345/2016, se advierte que el presente juicio constitucional resulta improcedente, en términos del artículo 61 fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. A su vez, el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, establece excepciones para presentar demanda en la temporalidad antes señalada, en las cuales no encuadra la presente demanda, dado que la parte quejosa no reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa; un procedimiento de extradición; un proceso penal en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas. En efecto, el quejoso David López Pérez reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, el cual aunque se trata de un ataque a su libertad, ésta se dicta dentro de un proceso penal, y la fracción IV del numeral 17 en comento, es clara al establecer que para que se actualice la excepción de los quince días para instar juicio constitucional, el ataque a la libertad personal deberá ser fuera de procedimiento, esto es, por autoridades que no están facultadas para detener y/o retener a una persona, o dicho de otra forma, autoridades que no están facultadas constitucionalmente a interferir en la libertad personal del gobernado sin un mandamiento judicial que motive ese actuar. Entonces, el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, fue dictado por una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, pues fue la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien el treinta y uno de enero de dos mil catorce dentro del toca A.P. 291/2013, giró orden de aprehensión contra el aquí nombrado. Debe precisarse además, que la anterior Ley de Amparo establecía en su artículo 22, fracción II, que cuando el acto reclamado consistiera en un ataque a la libertad personal, la demanda podía promoverse en cualquier momento, esto es, no existía diferencia en que ese ataque a la libertad fuera dictado dentro o fuera de procedimiento; sin embargo, a partir del tres de abril de dos mil trece, entró en vigor la nueva ley de amparo, donde el legislador fue claro al establecer que solo los ataques a la libertad fuera del procedimiento, daban oportunidad a instar juicio de amparo en cualquier momento y se excluyeron de esa excepción precisamente, los ataques a la libertad dictados dentro de procedimiento. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), en la que determinó que cuando se reclamen actos restrictivos de libertad personal y éstos se dictaron en un proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, el plazo con el que cuenta el gobernado será el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley en comento, lo que en el caso se actualiza, pues de las constancias que obran en autos, debidamente valoradas a la luz de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se obtiene que el acto de molestia reclamado en este juicio, se emitió el treinta y uno de enero de dos mil catorce, fecha posterior a la establecida en la jurisprudencia en cita. El criterio mencionado es de observancia obligatoria para este resolutor en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo y su contenido el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En ese sentido, queda claro que la parte quejosa no se encuentra en las excepciones previstas en el propio numeral 17 en comento, de ahí que el plazo para promover juicio de amparo es de quince días. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente saber del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el reproche. 1) La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; y el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) Por su parte, el conocimiento del acto reclamado se refiere a los diversos procedimientos donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido parte, no podrían ser notificadas o, bien, cuando por cualquier medio se obtiene el conocimiento pleno del acto, ya que éste no siempre proviene de una notificación, se trate o no de un procedimiento con formalidades legales. 3) La confesión acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. En ese sentido, para determinar la fecha a partir de la cual comenzó a transcurrir el término de quince días para que la parte quejosa promoviera juicio de amparo, no basta con el dicho bajo protesta de decir verdad del solicitante de la salvaguarda constitucional respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto que combate, sino que esa circunstancia debe corroborarse con las constancias que obren en autos y sólo en el caso de que en ellas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de amparo, debe tenerse por cierta la señalada en su demanda. Por el espíritu que la motiva, es aplicable la jurisprudencia 192 (H), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO [TESIS HISTÓRICA]. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Así, para determinar la fecha en que el quejoso David López Pérez, tuvo conocimiento de la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de enero de dos mil catorce por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca A.P. 291/2013, resulta necesario allegarse de las constancias relativas y así verificar la procedencia del presente juicio constitucional. En primer término, resulta pertinente destacar que David López Pérez promovió diverso juicio de amparo, al que le correspondió el número 345/2016 de la estadística de este juzgado, en ese juicio también reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, la orden de aprehensión dictada en su contra. Luego, al rendir su informe justificado, la aludida responsable indicó que fue la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien dictó la orden de aprehensión contra el prenombrado, con lo cual el once de junio de dos mil dieciséis se ordenó dar vista al quejoso en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación al citado informe de autoridad, notificación que se practicó por lista el doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 13, 18 y 19 del juicio de amparo 345/2016). Posteriormente, en el mismo juicio, el Comandante de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, Zacatecas, aceptó la existencia del mandamiento judicial multicitado y acompañó además copia completa de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce dictada en el toca A.P. 291/2013, por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (fojas 21 y 24 a 39 del juicio de amparo 345/2016); respecto a ese informe de autoridad y anexo, se ordenó dar vista al quejoso por auto de quince de julio de dos mil dieciséis y esa notificación se practicó el dieciocho siguiente (foja 43 del juicio de amparo 345/2016). Aunado a ello, por auto de cinco de abril de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista al quejoso David López Pérez, para que expresamente manifestara si era su deseo ampliar demanda de amparo y señalar como autoridad responsable a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y se ordenó notificarle personalmente ese auto; dicha notificación se practicó por lista el once de abril de dos mil diecisiete, por no haber atendido el aviso dejado en el domicilio señalado por el propio quejoso para oír y recibir notificaciones (fojas 256 y 262 del juicio de amparo 345/2016). Todo lo anterior permite concluir que, cuando menos, a partir del doce de abril de dos mil dieciséis, el quejoso David López Pérez ya tenía conocimiento completo que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión emitida en su contra, fue dictada por le Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca A.P. 291/2013; máxime que por actuaciones de doce y dieciocho de julio de dos mil dieciséis ya se le había notificado de los informes rendidos por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y el Comandante de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, Zacatecas, en los que ambos fueron coincidentes en establecer que fue la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien emitió el aludido mandamiento de molestia; no obstante, fue hasta el cinco de julio de dos mil diecinueve, cuando David López Pérez amplió demanda de amparo en este juicio de amparo y señaló como autoridad responsable a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con relación a la orden de aprehensión señalada. Entonces, como la parte quejosa tuvo conocimiento completo lo orden de aprehensión que ahora reclama, cuando menos, desde el doce de abril de dos mil dieciséis, en que surtió efectos la notificación del auto de cinco de abril de dos mil dieciséis, donde se le dio vista para que manifestara si era su deseo ampliar demanda de amparo y señalar como autoridad responsable a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con relación a la orden de aprehensión dictada el treinta y uno de enero de dos mil catorce en el toca A.P. 291/2013; pero fue hasta el cinco de julio de este año cuando señaló a dicha autoridad como responsable, para esta última fecha ya habían transcurrido en demasía los quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, consintiendo por ende el acto que ahora reclama. Sirve como apoyo, por las razones en que se basa, la jurisprudencia 115/2010, aprobada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Énfasis añadido). Lo anterior torna improcedente el juicio de amparo en relación al acto reclamado ya precisado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de dicha ley. Se cita en apoyo la tesis aislada IV.3o.78 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Cabe agregar que la particular circunstancia de que se considere actualizada la causal de improcedencia examinada, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador estableció los plazos en que se debe solicitar la protección de la justicia federal; de tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo considera que dicha acción se ejerció en forma extemporánea, sí imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo; ni se deja en estado de indefensión al promovente, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Ahora, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por David López Pérez, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y consideraciones que quedaron plasmadas en los correlativos tercero y quinto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido y documentales que adjunta en soporte a dicho informe, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo y, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Con dichos anexos, fórmese por separado tomo I, II, III y IV para facilitar el manejo del presente expediente, dado su volumen.

  4. Incidental

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 144 y 146, de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se concede al quejoso David López Pérez, la suspensión definitiva solicitada, respecto del acto reclamado a la responsable destacada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo.

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