David Lopez Olalde
Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- David Lopez Olalde
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por David López Olalde, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; por tanto, se determina que dicha resolución causó estado. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental.
- Principal
Suspensión de actividades de este Juzgado de Distrito en relación con los contagios de la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Vista la certificación secretarial que antecede, que mediante oficio SECNO/SCTCCNO/381/2021, comunicó a este órgano jurisdiccional la propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid19 en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, entre otras medidas, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto, con una vigencia de siete días -del tres al dieciséis de agosto de dos mil veintiuno-; mismo que se prorrogó por otros siete días a través del oficio y SECNO/STCCNO/395/2021 -del diez al dieciséis de agosto actual-. Motivo por el cual, este asunto se suspendió en cuanto a su continuación, tramitación y resolución. Sin que obste el hecho de que, entre los nuevos esquemas de trabajo que implementó el Consejo de la Judicatura Federal, se encontrara la modalidad de "juicio en línea". Sin embargo, este esquema, para los asuntos previamente tramitados, únicamente era aplicable si así lo solicitaban las partes, lo que en la especie no aconteció. Reanudación de plazos.Así, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el aludido comunicado, con esta fecha se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Demanda.Con la demanda de amparo de cuenta, xxxxx, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Juzgado Civil de Partido; Juzgado Penal de Partido; Agente del Ministerio Público de Litigacion; Actuarios adscritos al Juzgado Civil de Partido; Actuarios adscritos al Juzgado Penal de Partido; y, Comandante de la Policía de Investigación del Delito del Grupo adscrito a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Todos con sede en Apaseo El Grande, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 536/2021-IV.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Consideraciones previas.Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes.A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS". Precisión de los actos reclamados.Primeramente, es necesario establecer que del análisis integral de la demanda constitucional, armonizando todos sus datos, se advierte que David López Olalde señala como actos reclamados los siguientes: La orden de desalojo tocante al predio del cual aduce ser posesionario desde hace más de siete años, mismo que se encuentra ubicado en los terrenos conocidos como "El xxxx" pertenecientes al poblado de Punta de Obrajuelo, Guanajuato. Causal de improcedencia. Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. A fin de demostrar lo anterior, es menester atender al contenido de los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la ley de referencia, que en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Del primero de los citados preceptos legales se desprende que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputados como tales los reclamos fuera de los plazos previstos en la ley. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y, no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias presume conformidad con el acto.A su vez, la interpretación sistemática de los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene como regla general, que el juicio constitucional debe instarse dentro del término de quince días, que se contabilizarán a partir del día siguiente: Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o,Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; o, Al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución.Lo anterior se corrobora, en su parte conducente, con el contenido de la jurisprudencia P./J.115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ".Al respecto, se precisa, no es impedimento para aplicar la jurisprudencia citada, que se hubiera pronunciado durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, pues en términos del numeral Sexto transitorio de la actual, la jurisprudencia aludida se encuentra vigente.De lo anterior se desprende que la Ley de Amparo prevé tres formas fundamentales para computar el término de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda, todas con características propias, pues de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal de Justicia, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio constitucional fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de donde se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Análisis del caso concreto. Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que ésta fue promovida por David López Olalde, quien reclamó de las autoridades responsables, la orden de desalojo tocante al predio del cual aduce ser posesionario desde hace más de siete años, mismo que se encuentra ubicado en los terrenos conocidos como "El xxxx" pertenecientes al poblado de Punta de Obrajuelo, Guanajuato; actos respecto de los cuales tuvo conocimiento el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Ello es así, pues la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, que: ".4. Es el caso su Señoría que el día 31 del mes de Mayo del 2021 se presentaron en los terrenos de los cuales soy poseedor y que ya quedaron descritos en los antecedentes que preceden unas personas acompañadas de la policía de Apaseo El Grande Guanajuato, con maquinaria pesada para derrumbar las construcciones de mi terreno, argumentando que eran los dueños y que nos iban a desalojar por la fuerza, sin que nos mostraran ninguna orden y sin que se identificaran como funcionarios de ningún juzgado.". Consecuentemente, el plazo para la promoción del juicio constitucional comenzó el uno de junio y feneció el veintiuno de junio ambos de dos mil veintiuno, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte del mismo mes y año, toda vez que fueron inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el plazo para presentar la demanda de amparo concluyó el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, y el pedimento constitucional se hizo el treinta de julio del presente año, según se desprende de los sellos estampados en el escrito de demanda, entonces resulta extemporánea la demanda de amparo de que se trata. Decisión.Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por xxxx. Es aplicable la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". No escapa a la consideración de quien resuelve que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de caso como el presente, siendo manifiesta la improcedencia ceñida, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1, constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable.Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice:"DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA" Domicilio y autorizados.Ahora bien, toda vez que la parte promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, en consecuencia se hace señalamiento al respecto, como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo de leyes en consulta, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a xxxx, xxxx, xxxx y xxxx, toda vez que cuentan con cédulas profesionales como licenciados en Derecho debidamente registradas en el Registro Nacional de Profesionistas; y, en términos restringidos del citado numeral a xxxx, por así haberlo solicitado. Consulta del expediente físico previa cita que se genere en el sistema. En atención a que la contingencia sanitaria ocasionó que las partes no pudieran imponerse de la totalidad de constancias que obran en este sumario, es deber de esta juzgadora comunicar esta situación a las partes para que ponderen la consulta de las mismas. Lo anterior, ya que solamente así podrán preparar debidamente su defensa, formular alegatos o comunicar la actualización de una causa de improcedencia.No obstante, la asistencia de personas a los inmuebles de los órganos jurisdiccionales es reducida, ya que la contingencia sanitaria no ha cesado en su totalidad y el riesgo de salud es constante, tanto para los justiciables como para los servidores públicos. Bajo estas premisas, el propio Consejo de la Judicatura Federal ha creado un esquema de citas para que acudan a los tribunales para consulta, resolución de dudas o comentarios, así como audiencias con los titulares.Por tal motivo, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, solicítese a las partes para que, de ser necesaria la consulta de constancias y del expediente físicamente, se sirvan agendar la cita correspondiente para que se le permita el ingreso a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Para esto, deberán ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", en el sistema "Agenda OJ", para que señalen la hora y fecha que más convenga a sus intereses, y se genere el código QR a nombre de ellos; el cual deberán presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso a fin de que puedan ingresar. Además, si se trata de personas vulnerables, en términos del numeral 4, deberán asentarlo así al momento de generar la cita, para que se tomen las medidas conducentes. Asimismo, infórmese a las partes que, en términos del numeral 6 de este acuerdo general, la consulta física tendrá una duración máxima de veinticinco minutos. Por lo que se les solicita comedidamente aprovechen este espacio de tiempo para resolver dudas y consultar bastamente el expediente; en el entendido de que, de requerir más tiempo, esto estará sujeto a la disponibilidad de la agenda para la atención al público.Puntualidad, medidas sanitarias y advertencias en cuanto al incumplimiento.Comuníquese a las partes que deberán asistir a la cita que generen de manera puntual. Asimismo, en caso de asistir a este juzgado, deberán usar cubrebocas en todo momento; en caso de que no cumplan o acaten las medidas sanitarias de protección, en términos del numeral 7 del Acuerdo General 21/2020, se les podrá llamar la atención e, incluso, de insistir, puede culminar en la expulsión inmediata de este recinto. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales.Se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada.Igualmente, dígase al solicitante que el uso que haga a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Exhortación a seguir el trámite del asunto "en línea" en atención a la emergencia sanitaria, provocada por la epidemia denominada virus SARS-CoV2 (COVID-19).En atención a la contingencia se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea", en uso de la firma electrónica conocida como "FIREL" (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial) o "e.firma" (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL). Lo anterior, en atención a las directrices trazadas en los artículos 28, 29, 20 y 31 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, el cual, marca las pautas que agilizarán la tramitación de este asunto y en beneficio de la parte quejosa.Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio.Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Ahora, conforme con lo establecido en los ordinales 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias en el expediente electrónico; en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado federal.En dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban notificarse en forma personal, por oficio o vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. La actuaria judicial María Obdulia Sanjuana Almonasi Martínez.
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