David Joseph Bramzon Winkler
Expediente 180/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/11/2021
Partes del expediente
- Gobernador del Estado de Baja California
- David Joseph Bramzon Winkler
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Se ordena glosar a los autos el oficio que remite el Director Jurídico del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que por auto de cinco de octubre del dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en autos. Cúmplase.
- Principal
NOTIFÍQUESE
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexos que remite el Director Jurídico del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, a través del cual la autoridad responsable indica que cumple con el requerimiento formulado el treinta de julio pasado. Ahora, del contenido y constancias que adjunta la responsable, se advierte que hizo un cuadro donde se observan los siguientes datos con sus respectivos llenados: ? La clave; ? valor fiscal; ? tasa (al millar); ? impuesto predial tasa general; ? descuento en enero; ? total a pagar; ? impuesto pagado con sobretasa y descuento; y, ? diferencia a devolver por pagos 2020. El cual, al final dio un total a pagar (devolución a favor del quejoso) por la cantidad de $82,831.46 (ochenta y dos mil ochocientos treinta y un pesos 46/100 moneda nacional); sin embargo, de tal constancia no se observa la operación aritmética que realizó a fin de determinar el impuesto predial tasa general, el descuento de enero, el total a pagar, el impuesto pagado con sobretasa y descuento, así como la diferencia a devolver por pagos 2020; información que resulta indispensable para saber si efectivamente cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, remita copia certificada de las constancias en las que se aprecien las operaciones aritméticas -de cada resultado- realizadas para obtener el cálculo de devolución y que dio como resultado la cantidad de $82,831.46 (ochenta y dos mil ochocientos treinta y un pesos con cuarenta y seis centavos) que entregó al quejoso, a fin de constatar que en efecto dicha cantidad es la correspondiente a devolver y valorar así. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento para la autoridad antes citada que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, le será impuesta multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de ? inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad para el cumplimiento del fallo protector, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diez de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El seis de enero de dos mil veintiuno1, se dictó sentencia, en la que por un lado se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otro, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la Tesorería del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, en acato a la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión deberá llevar a cabo lo siguiente: A) Con relación al impuesto predial. I. Deberá inaplicar al quejoso David Joseph Ramzon Winkler, los artículos 5 y 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte respecto al cobro que se realizó en relación con los predios identificados con clave catastral: RX-091-106, RX-091-107 y RX-091-108, únicamente en la parte que se consideraron inequitativos, es decir, en cuanto a la diferenciación que se realiza cuando el impuesto predial es generado respecto de un predio urbano destinado al uso industrial de cualquier otro, conforme la tasa general de dos (2.00) al millar. II. En consecuencia, la autoridad exactora deberá restituir al quejoso la cantidad excedente que resulte de las diferencias enteradas respecto al impuesto predial del ejercicio fiscal mencionado relativo a los inmuebles precisados; devolución que debe partir del cálculo que se haga conforme a la tasa general aplicable -esto es, bajo la tasa del dos (2.00) al millar- y no se le aplique la tasa adicional de dos (2.00) al millar, que da como resultado cuatro (4.00) al millar, tal y como se prevé para aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria. Ello es así, pues como se indicó en el considerando que antecede, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar al quejoso en la cuantía mínima impositiva, más no liberarlo en su pago. B) Con relación a los Impuestos al Fomento Deportivo y Educacional; así como para el Fomento Turístico y Desarrollo Integral de la Familia, deberá: I. Liberar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de pagar los impuestos contenidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio dos mil veinte, en correlación a los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 del mismo ordenamiento citado. II. En consecuencia, devolver las cantidades que haya erogado al tenor de los numerales declarados inconstitucionales." II. El trece de mayo de dos mil veintiuno,2 la sentencia dictada causó ejecutoria; por tanto, este juzgado requirió a la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector al tenor de los efectos precisados en la sentencia; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Valoración de cumplimiento. Del examen de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, se estima que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, en acato el fallo protector, realizó lo siguiente: Mediante oficio presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno,3 en la Oficialia de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amapro y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el Tesorero Municipal del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, hizo del conocimiento que en cumplimiento al fallo protector, inaplicó al quejoso los artículos 5 y 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, respecto del cobro de los predios identificados con claves catastrales RX-091-106, RX-091- 107 y RX-091-108; asimismo, indicó que respecto las mismas claves catastrales, liberó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de pagar los impuestos plasmados en los numerales 8 y 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Como resultado de ello, emitió el cheque número 0006918, expedido por la institución Banorte, valioso por la cantidad de $82,831.46 (ochenta y dos mil ochocientos treinta y un pesos con cuarenta y seis centavos), mismo que hizo entrega a la parte quejosa el dos de junio del presente año, según se aprecia de las constancias emitidas al efecto.4 Con lo anterior, por acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que en el lapso otorgado hiciera manifestación alguna. Se estima no cumplido el fallo protector. No obstante las gestiones realizadas, esta autoridad judicial estima que la responsable exactora, no acató el fallo protector en todos sus términos, debido a que si bien informó respecto de la inaplicación al quejoso de los numerales 5, 6, 8 y 9 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en relación al cobro de los predios identificados con claves catastrales RX-091-106, RX-091-107 y RX-091-108; no remitió constancia del cálculo realizado para determinar la cantidad que debía restituir al impetrante, derivado del excedente del pago enterado de forma indebida, como se planteó en los efectos del fallo protector. Esto es, no remitió constancia de las operaciones aritméticas de las que se evidencie que realizó un cálculo conforme a la tasa general aplicable en el caso -esto es, bajo la tasa del dos (2.00) al millar- sin la aplicación de la tasa adicional de dos (2.00) al millar, que da como resultado cuatro (4.00) al millar, pues como se estableció en la sentencia, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar al quejoso en la cuantía mínima impositiva, más no liberarlo en su pago. Asimismo, deberá remitir la constancia relativa a las operaciones que correspondan, con relación a la devolución del pago indebido de los Impuestos al Fomento Deportivo y Educacional; así como para el Fomento Turístico y Desarrollo Integral de la Familia. Lo que resulta indispensable a fin de que esta autoridad judicial determine si la cantidad devuelta a la parte quejosa corresponde en efecto a las diferencias del pago enterado de forma indebida por la inaplicación de los numerales declarados inconstitucionales. Requerimiento. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California; para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada de las constancias en las que se aprecien las operaciones aritméticas realizadas para obtener el cálculo de devolución y que dio como resultado la cantidad de $82,831.46 (ochenta y dos mil ochocientos treinta y un pesos con cuarenta y seis centavos) que entregó al quejoso, a fin de constatar que en efecto dicha cantidad es la correspondiente a devolver y valorar así, si la ejecutoria de amparo se encentra cumplida sin excesos ni defectos. Apercibimiento. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá a quien resulte responsable una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.
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