David José Abraham Aguilar

Expediente 573/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
573/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • David José Abraham Aguilar
  • Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 573/2019-IV, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En la sentencia ejecutoria emitida en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a David José Abraham Aguilar, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Segundo. Mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista de las partes con el cumplimiento realizado por las autoridades responsables y sus respectivas constancias anexas a las mismas, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera. C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia ejecutoria dictada en autos, se concedió el amparo y protección para que una vez que se notificara que había causado ejecutoria la sentencia de amparo, las autoridades responsables, deberían realizar lo siguiente: ". 1. El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deje insubsistente el oficio ******************** de once de marzo de dos mil diecinueve. 2. La autoridad competente de la Secretaría de Salud deberá expedir a la parte quejosa la autorización sanitaria a que hacen referencia los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, para realizar las actividades necesarias vinculadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), y del psicotrópico THC [tetrahidrocannabinol, los siguientes ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11), así como de sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocidos como "marihuana". En este punto cabe señalar que, como se ha visto, entre las atribuciones que tiene a su cargo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, está la de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud en materia de químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos. Por tanto, la autorización a que se refieren los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, corresponde otorgarla a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a través de la unidad que corresponda. En el entendido de que ésta no podrá utilizar las porciones normativas cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en los términos antes expuestos, como base para dictar la resolución respectiva; asimismo, se destaca que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades que resulten indispensables para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución una vez que cause ejecutoria. Es de gran relevancia destacar que la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del quejoso para llevar a cabo actos de comercio, suministro o cualquier acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias conocidas en su conjunto como marihuana. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 6/2019, con número de registro 2019359, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos, ello no significa que ese derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto." Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: A). El diez de junio del dos mil veinte, se dejó insubsistente el oficio ******************** de once de marzo de dos mil diecinueve y se le dio la autorización sanitaria a que hacen referencia los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, para realizar las actividades necesarias vinculadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), y del psicotrópico THC [tetrahidrocannabinol, los siguientes ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11), así como de sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocidos como "marihuana" a la parte quejosa, de conformidad a lo establecido en la ejecutoria de mérito. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, por consecuencia al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autoridad señalada como responsable en este asunto, con el que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de mérito y sus anexos a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables por las que se concedió el presente juicio de amparo, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: ". 1. El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deje insubsistente el oficio ******************** de once de marzo de dos mil diecinueve. 2. La autoridad competente de la Secretaría de Salud deberá expedir a la parte quejosa la autorización sanitaria a que hacen referencia los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, para realizar las actividades necesarias vinculadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), y del psicotrópico THC [tetrahidrocannabinol, los siguientes ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11), así como de sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocidos como "marihuana". En este punto cabe señalar que, como se ha visto, entre las atribuciones que tiene a su cargo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, está la de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud en materia de químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos. Por tanto, la autorización a que se refieren los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, corresponde otorgarla a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a través de la unidad que corresponda. En el entendido de que ésta no podrá utilizar las porciones normativas cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en los términos antes expuestos, como base para dictar la resolución respectiva; asimismo, se destaca que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades que resulten indispensables para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución una vez que cause ejecutoria. Es de gran relevancia destacar que la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del quejoso para llevar a cabo actos de comercio, suministro o cualquier acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias conocidas en su conjunto como marihuana. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 6/2019, con número de registro 2019359, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos, ello no significa que ese derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto." Debiendo remitir a este Juzgado Federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dichos ordenamientos; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se les señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento del dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, Secretario que autoriza y da fe.

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