David Jimenez Rumbo
Expediente 788/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- David Jimenez Rumbo
Actuaciones
- Principal
* Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo******************** e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el cuaderno en que se actúa como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: El presente cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, encuadra en la clasificación prevista en el punto Segundo, fracción XX, del citado acuerdo, que dispone que son expedientes auxiliares: aquellos tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; por tanto, de conformidad con el diverso punto Vigésimo, fracción I de dicho Acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica. *
- Principal
** Visto el escrito de cuenta signado por ****, mediante el cual desahoga la prevención de doce de junio de dos mil diecinueve y narra los antecedentes del acto que reclama; por tanto, se tiene por desahogada la prevención de mérito, dentro del término otorgado para ello, de conformidad con la certificación secretarial que antecede. INCOMPETENCIA En principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Luego, en la demanda de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclama la sentencia de fecha 17 de mayo de 2019, dictada por la sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el Toca Civil número ***********" Ahora, del escrito de cuenta, citó como antecedentes del acto que reclama los siguientes: Como primer antecedente es prudente señalar que por escrito de fecha 25 de agosto de dos mil dieciséis, compareció ***********, dentro del expediente ************ del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, promoviendo incidente de ejecución de sentencia, con la finalidad de cuantificar la cantidad que resulte por concepto de daño moral causado por el suscrito al actor *, en cumplimiento a los parámetros de la sentencia definitiva de fecha 15 de diciembre de dos mil catorce, modificada el catorce de agosto de dos mil quince, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por auto de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el incidente de ejecución citado, dándose vista a la contraria, y por auto de fecha 25 de octubre del año antes citado se tuvo por contestando en tiempo el incidente citado. Seguido que fue el procedimiento se citó a las partes para oír sentencia interlocutoria, la cual fue pronunciada con fecha 25 de octubre de 2018, declarando fundado el incidente de ejecución de sentencia consistente en la indemnización del daño moral promovido por el actor Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, en contra de *********, condenándoseme a pagar al actor la cantidad de $5,734,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) derivado de la cuantificación como importe del daño moral causado a su persona. Concediendo al suscrito un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable. Inconforme con dicha resolución, por haber sido dictada con una clara falta de motivación que la hace arbitraria, interpuse recurso de apelación, mismo que fue admitido por el Juez natural en el efecto devolutivo remitiendo los autos originales del incidente de ejecución de sentencia respecto a la indemnización de daño moral y del expediente principal, a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado para su substanciación, quedando radicado con fecha 19 de marzo de 2019, bajo el número de toca civil 158/2019. V. Seguido que fue el procedimiento, con fecha 17 de mayo de 2019 se dictó sentencia, confirmándola, la cual por causarme agrario se recurre mediante el presente recurso de Amparo Indirecto". Establecido lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 054/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que declaró fundado el incidente de ejecución de sentencia promovido por Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, dentro del juicio civil 559/2012-I del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares en la que lo condena al pago de $5,734,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) derivado de la cuantificación como importe del daño moral causado a su persona. En ese sentido, se aprecia que la determinación reclamada no tiene ni tendrá ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ejerce jurisdicción, ya que el juicio civil 559/2012-I se lleva ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. En efecto, si bien en un principio pudiera parecer que el auto reclamado no podría tener una ejecución material porque la sala civil confirmó la resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez primero de primera Instancia en materia Civil del distrito Judicial de Tabares; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese auto confirma, es la resolución interlocutora en la que se declaró fundado el incidente de ejecución de sentencia promovido por Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, en la que condenó a David Jiménez Rumbo (aquí quejoso) al pago de $5,734,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) derivado de la cuantificación como importe del daño moral causado a su persona, dentro del juicio civil 559/2012, que trae como consecuencia que se ejecute la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, lo que evidentemente implica una ejecución. Por consiguiente, debe determinarse que el auto reclamado se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material y, por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquel en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquel en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. * No es óbice a lo anterior que si bien la sala responsable reside dentro de la jurisdicción de este Juzgado, no menos cierto es que, las consecuencias del acto reclamado se realizarán y se ejecutaran en la jurisdicción de Acapulco, Guerrero por las consideraciones ya expuestas, lugar donde este órgano federal carece de competencia legal de acuerdo al ámbito territorial de jurisdicción; lo cual quiere decir, que el acto reclamado contiene un principio de ejecución. La anterior conclusión cumple con el propósito que el legislador tuvo al establecer reglas de competencia, pues el mismo buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiera disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de Amparo, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo. Ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta..." Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. En razón de lo anterior, fórmese por separado cuaderno de antecedentes en lugar del juicio principal para constancia legal. *
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