David Jiménez Montoya

Expediente 924/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
924/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2017

Partes del expediente

  • David Jiménez Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III, último párrafo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 924/2017, promovido por David Jiménez Montoya, contra los actos reclamados del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de esa misma fecha, se registró el asunto con el orden 924/2017, asimismo, se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el respectivo informe en cumplimiento a dicha medida cautelar, así como el diverso justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Materia Constitucional, 1917-2000, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son el traslado, reubicación o cambio de dormitorio o estancia, fuera de procedimiento, con motivo de las amenazas y hostigamiento de que dice el quejoso es objeto, los cuales se atribuyen a las siguientes autoridades: Director; Subdirector Jurídico; Encargado de la Subdirección de Seguridad; y Jefe de la Oficina de Organización del Trabajo. Todos de la Penitenciaría de esta ciudad. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que el quejoso aportara prueba en contrario. En ese sentido, debido a la inexistencia de los actos reclamados de las autoridades mencionadas, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por David Jiménez Montoya, contra los actos reclamados consistentes en el traslado, reubicación o cambio de dormitorio o estancia, fuera de procedimiento, con motivo de las amenazas y hostigamiento de que dice es objeto, los cuales se atribuyen al Director, Subdirector Jurídico, Encargado de la Subdirección de Seguridad y Jefe de la Oficina de Organización del Trabajo, todos de la Penitenciaría de esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense en autos los primeros cuatro oficios de cuenta. En atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, así como los justificados que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Finalmente, glósense sin mayor proveído los restantes oficios de cuenta, en virtud que a las autoridades signantes no les fue requerido informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano e informe justificado.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por David Jiménez Montoya, contra acto(s) del(la) Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otra(s) autoridad(es), fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 924/2017. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama el traslado, reubicación o cambio de dormitorio o estancia, fuera de procedimiento, con motivo de las amenazas y hostigamiento de que dice el quejoso es objeto, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de dichos actos, asimismo, el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interno, y a disposición del Director de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado o reubicación por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase a dicho Director, por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo al quejoso, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibido que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, previsto en el precepto 59, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, de conformidad con el diverso 209 de la ley de la materia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite dicha demanda. II. Se señala el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a las once horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirán ciertos los actos reclamados, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. IV. Sin que se tramite incidente de suspensión, pues los actos reclamados en la presente controversia constitucional, fueron materia de la suspensión de plano, y se vinculó a su cumplimiento a aquella autoridad que tiene a su disposición al quejoso. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria de referencia, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. Ahora, con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, notifíquese personalmente al quejoso este proveído y las subsecuentes determinaciones, en el interior del centro de reclusión en que se encuentra, ya que no autorizó a persona alguna para tal efecto. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza a la secretaria para que firme los oficios de este juicio.

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