David Jiménez Chimal

Expediente 804/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
804/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • David Jiménez Chimal

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo promovida por David Jiménez Chimal, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por David Jiménez Chimal, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 804/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Así las cosas es de señalar, que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Asimismo, en la Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/290 que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. Establecido lo anterior a fin de estar en aptitud de resolver adecuadamente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario precisar que de una lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de colocar sello de aseguramiento en el inmueble ubicado en Calle Gobernador Agustín Millán, Manzana 99, Lote 23, Número 50, Fraccionamiento Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec de Morelos, Estado de México, asi como su ejecución. En ese sentido, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que aducen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de amparo para tenerla como oportunamente recibida, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO." Ahora, se reitera que el quejoso reclama la orden así como la colocación de sello de aseguramiento emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el inmueble ubicado en Calle Gobernador Agustín Millán, Manzana 99, Lote 23, Número 50, Fraccionamiento Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec de Morelos, Estado de México, el cual aduce ser propiedad del quejoso, y bajo protesta de decir verdad manifiesta haber tenido conocimiento de la colocación de los mismos, desde el mes de diciembre de dos mil veinte, que fue cuando se constituyó en el inmueble mencionado y se percató de que se encontraba con sellos de aseguramiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con número de folio 0945-G, por lo que le fue imposible ingresar al inmueble. En esa virtud, si el quejoso tuvo conocimiento de la colocación de los sellos de aseguramiento desde diciembre de dos mil veinte, el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, ha transcurrido en exceso, pues si bien conforme a a las Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se decretó que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación debían regresa al régimen de contingencia establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron los plazos para la presentación de demandas de amparo, estos se reanudaron a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde diciembre de dos mil veinte, el plazo de quince días para promover la demanda expiró el cinco de marzo de dos mil veintiuno; por lo tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se estima que el quejoso se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado. Consecuentemente, se constata que en el caso se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada, pues el aquí quejoso consintió tácitamente la colocación de los sellos de aseguramiento con número de folio 0945-G, aquí reclamada, ya que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en la ley. Apoya a lo considerado, la jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice de 1995, cuyo rubro dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE." En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por David Jiménez Chimal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, a efecto de oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haber sido solicitado. Asimismo, se tienen por autorizados a los profesionistas Luis Fernando Ramírez Rojas y Juan Manuel Morales Garduño, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Como lo solicita, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de medios electrónicos digitales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR JUICIO EN LÍNEA E INFORMACIÓN PARA LAS PARTES Por otra parte, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; y además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, dentro de un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes, para la atención correspondiente del presenta asunto. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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