David Jesús Quiroga Soriano

Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • David Jesús Quiroga Soriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, y en su segundo resolutivo se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso David Jesús Quiroga Soriano; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 480/2021******************** promovido por******************** RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: Copia simple del oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintiuno, derivado de la carpeta de investigación ******************** emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Célula V del Equipo de Investigación y Litigación en Villahermosa, Tabasco. Foja 7 Copia simple de la credencial para votar emitida a nombre del quejoso por el Instituto Nacional Electoral. Foja 8 Por otro lado, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Célula V del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Villahermosa, Tabasco, rindieron las probanzas consistentes en copia simple de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación ******************** del índice de la citada autoridad. [Fojas 22 a 35] Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 480/2021******************** promovido por ******************** contra actos del Delegado de la Fiscalía General de la República con sede en el Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día,********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La citación recaída en el oficio número ******************** de 11 de mayo de 2021, derivado de la Carpeta de Investigación ********************, emitida por la Célula de Investigación CÉLULA I-5 VILLAHERMOSA AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Fiscalía General de la República (con sede en el Estado de Tabasco). 2 Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Célula V del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 480/2021******************** del índice de este juzgado; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar lo conducente sobre la parte tercera interesada hasta que la responsable rindiera las constancias relativas al acto reclamado; se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. TERCERO INTERESADO. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno se reconoció carácter de tercero interesado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que se instruyó su emplazamiento por medio de oficio. Luego, mediante oficio ******************** recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento de referencia. [Fojas 62] CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de citación librada mediante el oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación ********************, del registro del agente del Ministerio Público de la Federación responsable. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado precisado en el considerando precedente, en lo concerniente a la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco (denominación correcta) por haberlo negado así el Encargado del Despacho de la citada delegación al rendir su informe con justificación. Fojas 40 y 41 Condición que además se robustece con el análisis practicado a las constancias que obran en autos relativas al oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de Investigación ******************** Foja 35, de las que se advierte que tal acto, materia de este procedimiento constitucional, fue emitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Célula V del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Villahermosa, Tabasco. Aunado a que, cuando una autoridad responsable niega el acto que se le reclama, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza, sin que en el caso que nos ocupa la parte impetrante hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tal negativa; no obstante que, mediante proveído de veintiséis y treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se le dio la vista correspondiente. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos mencionados se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de la autoridad señalada en el presente considerando, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto actos reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Célula V del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Villahermosa, Tabasco, relativo a la emisión del oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro de la Carpeta de Investigación ********************, por medio del cual se ordenó citar al aquí quejoso a efecto de recabar su comparecencia relativa a los hechos materia de la citada indagatoria; lo anterior dado que así lo reconoció al rendir su informe con justificación, la referida representación social. [Fojas 20 y 21] Afirmación que guarda sustento con copia del oficio que contiene la citación reclamada, constancia que el fiscal responsable acompañó a su informe con justificación. Foja 35 Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Ahora, la parte impetrante argumenta en su único concepto de violación en esencia, que la citación transgrede el principio de debido proceso, por lo cual vulnera el contenido del artículo 16 constitucional, dado que no se encuentra adecuada y suficientemente fundado y motivado. Sostiene lo anterior al señalar que en el oficio materia del reclamo, no se señala la calidad por la cual fue citado por la autoridad ministerial, respecto de qué hecho va a consistir su comparecencia y las partes que integran la indagatoria, además de señalar apercibimiento de multa en caso de su inasistencia. Aduce que lo anterior afecta su derecho a la defensa adecuada, toda vez que desconoce tanto los hechos que se investigan como la calidad en que se le cita, por lo cual la orden de citación es arbitraria y contraria a las leyes adjetivas que rigen el procedimiento penal. Citó como soporte a su posición la tesis aislada VI.2o.P.95 P, de registro 170959 y rubro: CITATORIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Devienen infundado los razonamientos antes sintetizados; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto del artículo 79 de la Ley de Amparo. A efecto de soportar lo anterior, conviene citar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo primero, establece: Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. El aludido precepto constitucional contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Ahor, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca precepto legal, pero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea. en ese contexto, es claro que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, siendo este un requisito esencial para que el acto de autoridad cumpla con las formalidades que para tal efecto señala la ley, con la finalidad de que el gobernado esté en aptitud de ejercer su derecho a una adecuada defensa. Ahora, por su parte los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva. Artículo 91. Forma de realizar las citaciones cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. De los dispositivos citados, se desprende que toda persona se encuentra obligada a presentarse ante la autoridad judicial o ministerial cuando se le cite, con la excepción de las autoridades que enlista, así como aquellas que se encuentren imposibilitadas físicamente. Además, se establece que cuando sea necesaria la presencia de una persona para el desarrollo de un acto procesal, la autoridad que solicite su presencia deberá ordenar su citación mediante oficio, entre otros medios, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. Asimismo, establece que la citación deberá contener Autoridad y domicilio ante quien deberá presentarse. Día y hora de la comparecencia. Objeto. Procedimiento del que deriva. Firma de la autoridad ordenadora. Apercibimiento. Por otro lado, los numerales 212 y 213 de la citada codificación adjetiva estatuyen: Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Así, de los artículos citados se desprende que desde que el órgano de procuración de justicia tenga conocimiento de hechos que sean posiblemente constitutivos de injustos previsto en la norma punitiva deberá dirigir la indagatoria, sin que puede suspender dichos actos, para lo cual deberá seguir los principios de no discriminación y sin estereotipos, además se encuentra obligado a agotar las líneas de investigación posibles. Por ello, la etapa de indagatoria tiene como objeto que la representación social se allegue de indicios necesarios para esclarecer los hechos materia de la misma y en su caso, con los datos de prueba que sustente el ejercicio de la acción punitiva ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Así, tenemos que la fase de investigación dentro de sistema de justicia penal acusatorio requiere para su articulación, la indagación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley, así como los elementos que permitan sostener la probabilidad de responsabilidad en la comisión del hecho delictivo. Por ende, la indagatoria resulta la etapa en la que se recopilan datos de prueba y no pruebas en sí mismo, de ahí que tal información solo sea en calidad de indicio, pues la introducción formal de material probatorio tendrá lugar en la etapa intermedia, en la que, tras la acusación en su caso del fiscal se dará pauta al juicio oral. Con base en lo anterior, cuando se cita a una persona a rendir una comparecencia o entrevista ante la autoridad ministerial, tal acto no reviste en sí mismo una condicionante para afectar la esfera jurídica de quien rinde, dado que su carácter desformalizado no otorga valor probatoria pleno ante el órgano jurisdiccional. Es orientador al respecto el razonamiento que sustenta la tesis XXVII.3o.59 P 10a., consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 2954, décima época, materia penal, registro 2017221, de rubro y texto: CITATORIO PARA QUE UNA PERSONA ACUDA A ENTREVISTARSE CON EL MINISTERIO PÚBLICO EN CALIDAD DE IMPUTADO, EMITIDO DENTRO DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL. AL SER DESFORMALIZADA DICHA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES INNECESARIO QUE AQUÉL EXPRESE EL NOMBRE DEL DENUNCIANTE EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN RESPECTIVA Y EL HECHO CON APARIENCIA DE DELITO PERSEGUIDO POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL. De conformidad con los artículos 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, entre otros medios, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto, documento que deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la cita; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena; y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio, en caso de incumplimiento. Si se trata del imputado, además de los anteriores requisitos, deberá: VII. Citar junto con su defensor; y, VIII. Precisar el domicilio, el número telefónico y, en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. Ahora bien, en la fase de investigación inicial del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, iniciará y dirigirá la investigación penal desformalizada, orientada a allegarse de datos de prueba para el esclarecimiento del hecho referido, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión y, a diferencia del sistema tradicional -que se caracteriza por la "permanencia de la prueba", pues el Ministerio Público recaba pruebas respecto de la existencia del "cuerpo del delito" que permanecían en el proceso penal durante todas sus etapas, a menos de que fueran excluidas por la autoridad judicial-, el Ministerio Público recaba datos para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito, los cuales no permanecen en la siguiente fase procesal, pues la introducción del material probatorio tendrá lugar hasta la etapa intermedia, cuyo propósito esencial, luego de recibir la acusación del Ministerio Público que da pauta al juicio oral, es atender el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Admisión que está basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, es innecesario que el citatorio exprese el nombre de quienes denuncian y el hecho con apariencia de delito que se persigue, ya que la etapa de investigación tiene la característica de no ser formalizada y, por ende, no son requisitos que deba contener el oficio en el que se cite al imputado. Ahora, en la especie, el acto materia de la controversia resulta oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintiuno, derivado de la carpeta de investigación ******************** por medio del cual el agente del Ministerio Público responsable, cita al aquí quejoso para desahogar comparecencia ministerial. Para mejor proveer se reproduce el acuerdo reclamado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De lo anterior, es posible advertir que contrario a lo sostenido por el impetrante de amparo, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado dado que, la autoridad ministerial invocó como sustento del acto reclamado los artículos 14, 16, 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 1, 2, 3, 131, 212, 213, 214 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales; porciones normativas que en lo fundamental estatuyen el objeto del ordenamiento, deber y facultad de investigar los hechos probablemente constitutivos de delitos, los principios de protección de derechos fundamentales que deben regir la actuación ministerial y los parámetros para el inicio de las indagatorias. No obstante, conforme al análisis apuntado en párrafos precedentes el citatorio debe contener un conjunto de requisitos mínimos de identificación previstos en el numeral 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, datos que permiten al gobernado destinatario de la orden de comparecencia obtener el conocimiento del motivo de la propia citación. Así, con base en lo anterior y tras la revisión del oficio reclamado, es dable afirmar que tal documento cumple con tales requisitos legales conforme a la siguiente tabla: Requisito Acto Reclamado 1 Autoridad y domicilio ante quien deberá presentarse. Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Célula V del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Villahermosa, Tabasco. Avenida Prolongación Paseo Usumacinta número 1707, Ranchería Zapata, Centro, Tabasco, C.P. 86108. 2 Día y hora de la comparecencia. Dieciocho de mayo de dos mil veintiuno a las once treinta horas 3 Objeto. lo anterior con la finalidad de recabar su comparecencia entorno a los hechos denunciados por el Apoderado Legal de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (...)" 4 Procedimiento del que deriva. Carpeta de Investigación: ********************. 5 Firma de la autoridad Visible al calce del documento. 6 Apercibimiento Multa equivalente a 40 (UMA) Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, ya que tal acto de molestia al contar con los requisitos mínimos para su emisión, previstos en la normativa aplicable, resulta ajustado a derecho. No pasa inadvertido a este órgano de amparo que la orden de citación no establece el carácter de imputado para el compareciente -aquí quejoso-, por tanto los requisitos que deben cumplimentarse para su citación se circunscriben únicamente a los previstos en el 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que sí el acto cumple con tales preventas resulta un acto que no vulnera la esfera de facultades del quejoso en los términos de los que se duele. Máxime si con arreglo al marco jurídico citado, la comparecencia para contribuir a la investigación resulta una obligación para el impetrante. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente. Ahora, este juzgador considera que, en atención a que la argumentación que soporta la presente resolución, donde se estima que la orden de citación emitida mediante el oficio ******************** de once de mayo de dos mil veintiuno emitido por la autoridad ministerial responsable, se encuentra ajustado a derecho, es que el postulado invocado por el impetrante y que continuación se señala, no resulta procedente ni aplicable para conceder la protección solicitada, a saber: CITATORIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Con registro 170959. Lo anterior, dado que, como quedó patente a lo largo de esta ejecutoria, el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, por lo que su emisión se ajusta a los requisitos establecidos en el dispositivo constitucional que refiere la tesis referida y por tanto, no encuentra aplicación al caso concreto. Máxime que, todas guardan el carácter de tesis aisladas, motivo por el cual no son de aplicación obligatoria para este órgano de amparo en términos del artículo 217 de la ley de la materia. En tales condiciones, toda vez que resultaron infundados los argumentos de la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal al solicitante. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto de la autoridad precisada y por las razones vertidas en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** respecto del acto reclamado precisada en el considerando segundo, por las razones apuntadas en los considerando sexto de esta resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese la versión pública del mismo con la supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado; anexando las siguientes documentales consistentes en: 1.- copia simple del oficio VHS-EIL-E1C5-129/2021 de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación Fiscal Titular de la Célula V del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Villahermosa, Tabasco, rindió informe con justificación, 2.- copia simple del acuerdo de inicio de investigación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, asignándole la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0001346/2020. 3.- copia simple del oficio UNAI/VHS/481/2020 de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 4.- copia simple del escrito de querella de veinte de marzo de dos mil veinte, presentada ante la Fiscalía General de la República en Tabasco, por el licenciado Alejandro Ulises Sánchez Solís, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 5.- copia simple del oficio de citación VHS-EIL-E1C5-109/2021 de once de mayo de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0001346/2020. En tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las constancias que anexó, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

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