DAVID JESÚS PIÑA MONCADA y Otros.

Expediente 317/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
317/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2017

Partes del expediente

  • DAVID JESÚS PIÑA MONCADA y Otros.
  • David Jesús Piña Moncada

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5: Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de garantías dentro del presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA"5" Ciudad de México, a seis de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por David Jesús Piña Moncada y Patricia Moncada Chávez, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 317/2017-5 y fórmese el expediente correspondiente. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto desechar de plano la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Es aplicable, la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." También, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." D E S E C H A M I E N T O Este Órgano de Control de la Constitucionalidad advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, estos últimos, en sentidos contrarios, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Y esto es así, porque los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en diversas omisiones de las autoridades que al efecto citan, no obstante de que se traten de material probatorio a efecto de ser integrado a determinada carpeta de investigación, son actos que al carecer de una relación de supra a subordinación, por tal circunstancia, no reúnen los requisitos para tenerlas con el carácter de autoridades responsables para el juicio de amparo. Se explica. La omisión de las autoridades señaladas como responsables, es porque han dejado de cumplir con el requerimiento que al efecto formulara el agente del ministerio público responsable de la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI/B-1 C/D/01885/09-2016, por así apreciarse de lo asentado en la demanda que se analiza. Conforme lo expuesto es posible concluir que las autoridades señaladas como responsables fueron requeridas para cumplir con determinado aspecto, en el caso, la remisión de constancias que por razón de sus funciones o facultades obran en sus archivos, y esto para que obren como correspondan en la carpeta de investigación aludida. Es decir, la cita de las referidas autoridades, dentro de la carpeta de investigación es a efecto de proporcionar datos, que en el ejercicio de las funciones otorgadas al ministerio público, en términos del artículo 21 Constitucional, estima necesarias para su integración. Por tal razón, su función en relación con la carpeta de averiguación previa es de auxilio, y por cuanto hace a los quejosos en su carácter de particulares, no acontece calidad de imperio, o sea, que se esté en presencia de una relación de supra a subordinación. Conforme lo expuesto, es posible concluir que a las referidas dependencias no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la omisión que se les atribuye es ajena al imperio que ejerce en relación a sus funciones. Es decir, las autoridades que señala como responsables mantienen más un acto de coordinación que de supra o subordinación en relación con su persona, de ahí que carezca de las características de coercitividad, unilateridad e imperativo, que para efectos de procedencia del juicio de amparo se requiere. Consecuentemente, carecen de facultad de decisión dentro de la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI/B-1 C/D/01885/09-2016 y por ello sus actos no puedan ser susceptibles de analizar en juicio de amparo indirecto. Es aplicable por contenido jurídico sustancial la tesis : I.1o.P.28 P (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Décima Época, página 2812, cuyo rubro y contenido son: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI A PETICIÓN DEL DENUNCIANTE Y PARA SU DEBIDA INTEGRACIÓN Y PROSECUCIÓN, EL MINISTERIO PÚBLICO REQUIERE A UNA AUTORIDAD PARA QUE LE REMITA DETERMINADO MATERIAL PROBATORIO, LA OMISIÓN EN QUE ÉSTA INCURRA RESPECTO DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, NO PUEDE RECLAMARSE POR AQUÉL A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si a petición del denunciante y para la debida integración y prosecución de la averiguación previa que es de su conocimiento, el Ministerio Público requiere a una autoridad para que le remita determinado material probatorio, la omisión en que ésta incurra respecto de cumplir con lo solicitado, no puede reclamarse por aquél a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que en la etapa de averiguación previa, el Ministerio Público funge como autoridad dentro de las actuaciones y diligencias que se dicten en ella, ya que la Constitución Federal le encomienda la labor de investigar y perseguir los delitos, teniendo la potestad de dictar los trámites y providencias necesarios para la pronta y eficaz procuración de justicia. En consecuencia, si el Ministerio Público requiere a determinada autoridad del Estado (como parte o como tercero), para que le remita determinado material probatorio para la debida integración y prosecución de la averiguación previa, la omisión en que incurra dicha autoridad en cumplir con lo solicitado, no puede tenerse como omisión reclamada a sustanciar en el juicio de amparo indirecto, cuando ésta es impugnada por el quejoso (denunciante) quien también guarda la calidad de parte o de tercero en dicha indagatoria, toda vez que tal omisión proviene de una autoridad que no tiene imperio sobre éste, pues mantiene con él una relación de coordinación, pero de supra a subordinación con el Ministerio Público, siendo que para efectos del amparo, sólo será autoridad responsable, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares y no de coordinación ante éstos, pues únicamente desde la primera posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia." Por todo lo anterior, se estima que, en la especie, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, como en el caso, lo son los artículos 1° y 5°, fracción II y lo procedente es desechar la demanda de amparo, promovida por David Jesús Piña Moncada y Patricia Moncada Chávez. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Por otra parte, toda vez que en el escrito de cuenta proporciona los nombres de usuarios generados por el sistema de consulta de expediente electrónico, instrúyase al Analista Jurídico de SISE, para que capture que sí se autoriza su utilización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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