David Javier Meza Marquez
Expediente 1388/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- David Javier Meza Marquez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta signada por el Licenciado Rodolfo Paredes Membrillo, de la cual se desprende la imposibilidad que le asistió para notificar al peticionario de amparo el auto de fecha doce de diciembre del año en curso, por las razones ahí expuestas. En consecuencia a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el proveído de doce de diciembre del año en curso, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en el local de este órgano federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese; por lista al peticionario de amparo. MESA II México, Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de fecha treinta de noviembre del año en curso, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el que fue requerida la citada autoridad. Ahora bien, toda vez que no hay requerimiento pendiente por desahogar se provee respecto de la demanda de amparo y escrito aclaratorio en los siguientes términos: ACTO RECLAMADO La resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca 2008/2023. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio suscritos bajo protesta de decir verdad, así como de la copia certificada del acto reclamado se desprenden los siguientes antecedentes: El acto reclamado deriva de una controversia del orden familiar, promovido David Javier Meza Márquez en contra de Erika Soriano Cruz, el cual por razón de turno tocó conocer al Juzgado Trigésimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo radicó bajo el número de expediente 1478/2022. Seguidas las etapas procesales, el trece de junio de dos mil veintitrés, se fijó pensión alimenticia provisional a favor de su menor hija por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). El veintidós de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por sabedora a la demandada Erika Soriano Cruz, del auto de trece de junio del año en curso, así como proporcionando número de cuenta e institución bancaria y requirió al actor -aquí quejoso- para que diera cumplimiento al requerimiento dictado en el auto de trece de junio del año en curso. Inconforme con dicha resolución, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el hoy promovente interpuso recurso de apelación, el cual por turno conoció la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés dictada en el toca 2008/2023, confirmó el auto impugnado, para el efecto de admitir el incidente planteado por la parte demandada. Resolución que constituye el acto reclamado. Cabe señalar, que de la copia certificada de la resolución reclamada, se desprende que la misma fue notificada mediante Boletín Judicial el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, surtiendo sus efectos el veintiséis de octubre del presente año. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y escrito aclaratorio y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia contemplada por la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." MOTIVO DEL DESECHAMIENTO De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en el precepto 61 de la Ley de Amparo; luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. Por otra parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, cuyo cómputo depende de la forma en que el impetrante se haya impuesto, o tenga conocimiento de los actos reclamados, dicho artículo establece lo siguiente: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor Como puede verse, dicho numeral prevé las diversas reglas para computar el término de QUINCE DÍAS, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda para tenerla como recibida en tiempo, según el promovente haya tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados, tales como: a) la notificación, b) el conocimiento o c) la confesión. En ese contexto, el cómputo respectivo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de la Materia, para promover en tiempo la demanda de amparo, en el caso concreto deberá de computarse a partir del día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación de la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dentro del toca 2008/2023 de su índice, ya que como se advierte de la misma, se notificó mediante Boletín Judicial número 186, correspondiente al día veinticinco de octubre de dos mil veintitrés (la cual obra en copia certificada). Lo anterior es así, ya que el promovente presentó su demanda de garantías como amparo indirecto ante la autoridad señalada como responsable, por lo que la misma es extemporánea. Se concluye lo anterior al advertirse que la demanda de amparo fue presentada el veintiuno de noviembre de los corrientes ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la que se aprecia en el rubro, así como en los puntos petitorios va dirigida expresamente al C. Juez de Distrito en Materia Civil, la cual debió ser presentada en el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y no, como lo tendió el promovente, por conducto de la autoridad señalada como responsable, ya que dicha presentación no interrumpe el término legal de quince días que ordena el numeral en comento, por lo que se actualiza la causal de improcedencia señalada en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.), que resolvió la contradicción de tesis 266/2013, de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 275, con registro número 2007052, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." Por lo tanto, si la resolución reclamada fue notificada a la promovente por medio de Boletín Judicial, el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, surtió sus efectos el veintiséis de octubre del presente año y al haberse recibido la demanda de amparo hasta el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que el impetrante de amparo al ser parte actora en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado, desde esa fecha se hizo sabedora del acto que reclama, por lo que tuvo del treinta de octubre al veintitrés de noviembre del año en curso para promover el juicio de amparo que pretende hacer valer. Por lo que resulta innegable que fue promovida de manera extemporánea; de acuerdo con la siguiente tabla descriptiva: Por lo que resulta innegable que su demanda fue promovida de manera extemporánea; ya que se advierte que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación del juicio de amparo biinstancial feneció el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, por tanto resulta inconcuso que la demanda en estudio resulta notoriamente extemporánea al haberse remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, hasta el día veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, es decir dos días hábiles después, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia P./J.115/2010 que resolvió la Contradicción de tesis 57/2008-PL, de la Novena Época, Materia Común, con número de registro 163172, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5 de robro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Asimismo resulta aplicable la diversa Tesis (IV Región) 2o.7 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2007883, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia Constitucional, consultable en la página 2926, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta expedita." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por David Javier Meza Márquez por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite a la demanda a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la impetrante de amparo o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese; personalmente a la parte promovente. MESA II
- Principal
Notifíquese; personalmente a la parte promovente. MESA II
- Principal
Agréguense a los autos los escritos de cuenta signados por el peticionario de amparo por propio derecho; en atención a sus contenidos, se provee: Del escrito con número de registro 23712, se tiene al peticionario de amparo desahogando la prevención que le fue formulada en auto de treinta de noviembre del año en curso; en tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento con el que fue requerido. Se queda en espera a que la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Notifíquese. MESA II
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Notifíquese, personalmente al peticionario de amparo y por oficio a la autoridad indicada. MESA II
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