David Israel Rosales Juárez

Expediente 1409/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1409/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • David Israel Rosales Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de febrero de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de tomos de pruebas. Por otro lado, devuélvase al Secretario del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla los anexos de pruebas, sin que haya necesidad de acusar recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Manifestaciones autoridad. El Secretario del Ayuntamiento de***, en alcance a su informe justificado se le tiene realizando las manifestaciones que se desprenden de sus oficios de cuenta De lo toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince día contado a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo por cuanto hace al acto siguiente: Oficio emitido el quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el Secretario del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado al quejoso el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, surtió sus efectos el veintitrés de diciembre siguiente, por lo que el plazo para desahogar el citado requerimiento, transcurrió del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno al trece de enero de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo por conceptos de violación. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Sobreseimiento fuera de audiencia. Litis constitucional. Parte quejosa. *** Terceros interesados. No existe. Autoridades responsables: 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla. 2. Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla. 3. Tesorero del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla. 4. Titular del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla. 5. Secretario General del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla. Actos reclamados: 1. La negativa de recibir los escritos del quejoso de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno. 2. Omisión de dar respuesta las peticiones de al parte quejosa Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Del informe justificado del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rafael Grajales, Puebla, recibido el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que las autoridades señaladas como responsables, dieron contestación a las peticiones del quejoso realizadas el tres de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se aprecia de los siguientes oficios: A. Oficio RLG-PM-509/2021, emitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, el once de octubre de dos mil veintiuno. B. Oficio 69/2021, emitido por el Titular del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, el doce de octubre de dos mil veintiuno. C. Oficio RLG-UT-023/2021, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, el doce de octubre de dos mil veintiuno. D. Oficio RLG-TM-360/2021, emitido por el Tesorero del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Pueble, el once de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, mediante acuerdo del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, rinde informe justificado, del cual se advertía que el quince del mes y año en cita dio contestación a la petición de la parte quejosa. Máxime, que mediante proveído del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Presidente del Ayuntamiento de Rafael Grajales, Puebla, rindiendo su informe justificado y adjuntó las contestaciones emitidas a las peticiones del quejoso realizadas el tres de septiembre de dos mil veintiuno; por lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, sin que realizará manifestación alguna. En ese orden, en acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por precluido el derecho de la parte quejosa a ampliar. De igual forma, en acuerdo del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, rindió su informe justificado y se advirtió que el quince del mes y año en cita había dado contestación a la petición de la parte quejosa, por lo que nuevamente se le dio vista para ampliar, sin que hubiera realizado manifestación al respecto. Con base en todo lo anterior, se concluye que han cesado las omisiones reclamadas. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de enero del dos mil veintidós. Dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Solicitud de copias. Agréguese el escrito del quejoso David Israel Rosales Juárez, mediante el cual solicita copias certificadas del informe justificado rendido por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Rafael Lara Grajales, del oficio de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno signado por la contadora pública Dery Alecsandri García Hernández tesorera del referido ayuntamiento y del anexo III de pruebas que obra por separado. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos; en el entendido de que dichas constancias deberán entregarse a la parte quejosa, quien deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por las copias certificadas requeridas. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de enero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo y aun no transcurre el plazo otorgado. En tal sentido, y para dar margen a lo ordenado en el auto citado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de enero del dos mil veintidós; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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