David Israel Pavon Flores

Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
603/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • David Israel Pavon Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio el acuerdo de once de mayo del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá agregar copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, por ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintidós. Vistos estos autos, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, la parte quejosa reclamó de las responsables, la omisión de incluir a la menor de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19; así como de informar los días, horarios y lugar en que se aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, lo que conllevaba a la discriminación de la parte menor quejosa y en vía de consecuencia, ponía en riesgo su salud. Ahora bien, al momento de la presentación de la demanda de amparo, la menor de referencia contaba con doce años. Dicha edad se demostró con el acta de nacimiento expedida por la autoridad registral correspondiente, a la que se le concede valor probatorio de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así mismo, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, tanto para los menores de doce años o más (cumplidos al veintiocho de abril de dos mil veintidós) y que se quieran vacunar por primera vez como a los de dieciocho años o más que soliciten un refuerzo; todos sin comorbilidades. Tal como anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de doce años de edad en adelante, para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de doce años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Aunado a que en la diversa página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se advierte en un comunicado de tres de mayo de dos mil veintidós, en el cual, se anuncia el pre registro para vacunación de niñas y niños de doce años en adelante, lo que se corrobora en la consulta de la página electrónica con dirección https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/6090, de la que se desprende que ya se encuentra disponible el pre registro para menores de doce años o más sin comorbilidades. Es decir para que puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este Juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, dichas documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Apoya lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En esa tesitura se advierte que ya se consideró a la parte menor quejosa, como de aquellos que por su edad se encuentran en el grupo etario para acceso a la vacunación del SARS-COV-2; pues como se advirtió del acta de nacimiento, la menor, al momento de la presentación de la demanda contaba con doce años de edad. Por lo que, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a incluirla dentro de dicha Política Nacional de Vacunación a las personas menores de doce años y más; así como a señalar fecha, hora y lugar en donde fuera vacunado. Lo que a la fecha ha sido superado, entonces, las omisiones reclamadas relativas esencialmente a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema de vacunación a favor de los menores en el que se encuentra la parte menor quejosa (doce años a la presentación de la demanda), a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, han cesado en sus efectos. Cabe precisar que aun cuando subsista la posibilidad de que no le haya sido aplicada materialmente la vacuna correspondiente a la parte quejosa, ese aspecto no resultaría atribuible a las autoridades responsables, pues el acceso efectivo ya no se encuentra condicionado al actuar de la autoridad sino a la voluntad del gobernado de quererse incluir en el pre-registro correspondiente y acudir en las fechas relativas para la dosis en cuanto a su inoculación. La anterior decisión se apoya por las razones que explica la jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Las pruebas supervenientes deben admitirse y valorarse en el recurso de revisión, si se relacionan con la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que siendo ésta una cuestión de orden público, el juzgador debe examinarla, aun de oficio, en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de dictar sentencia firme. Este criterio no contraría lo establecido por el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo tocante a que en la revisión sólo se tomarán en cuenta las probanzas rendidas ante el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio, toda vez que esta disposición, interpretada en armonía con lo previsto por el artículo 78, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, debe entenderse referida a la prohibición de considerar en el mencionado recurso, pruebas tendientes a la justificación del acto reclamado, a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Corrobora lo anterior, que el artículo 91, fracción III, de la ley invocada, establece que en la revisión se podrá confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo diferente al apreciado por el Juez de amparo, por lo que resulta lógico que en el citado medio de impugnación se admitan pruebas supervenientes que acrediten la actualización de un motivo legal diverso al que ese juzgador tomó en cuenta para decretar e sobreseimiento en el juicio." Por tanto, se puede concluir que lo expuesto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado, dando como consecuencia una cesación de efectos, al actualizarse en este procedimiento, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer sobre dicha omisión reclamada, en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se señaló para las nueve horas con cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por Adela Martín Becil, como Administrador Único de la persona moral tercera interesada Barbosa Construcciones, S.A. de C.V., en el presente asunto, con el que interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, toda vez que no exhibe el original ni las copias de su escrito de expresión de agravios (sólo del escrito de presentación), siendo que son necesarias, en la especie EL ORIGINAL más CUATRO copias de dicho escrito, a fin de repartir las copias como sigue: una para la parte quejosa, una para la autoridad responsable, otra para la agente del Ministerio Público de la Federación y una más para agregar a este asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte recurrente para que dentro del término de tres días, a partir de que quede legalmente notificada de este acuerdo, exhiba el escrito original de agravios así como cuatro copias del mismo. Se apercibe a la parte recurrente que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el aludido recurso. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte tercera interesada.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de constancias se desprende que hasta la presente fecha el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, no ha acusado recibo del oficio 13604/2021-V-B por medio del cual se le remitió el auto de incompetencia planteado en estos autos. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se le gire, solicítese atentamente al referido Juez informe lo acordado en relación a la incompetencia decretada mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno en autos del juicio de amparo 923/2021-V-B del índice de este Juzgado; lo anterior, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.

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