David Israel Ceron Aparicio
Expediente 1333/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- David Israel Ceron Aparicio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda promovida por David Israel Cerón Aparicio, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 314/2018, de su índice, derivado del diverso 73/2018-I (orden 220/2018) del índice de este juzgado. Acúsese recibo vía fax. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica por David Israel Cerón Aparicio; que estima violatorios en su perjuicio de los artículos 1°, 14, 16, 39 al 41, 49, 94, 97, 100, 133, 135 y 136 Constitucionales; conforme lo prevé el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis. En atención a su contenido y como lo prevén los artículos 55, 87 y 88 del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2015, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1333/2018-I, y al Secretario respectivo vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integran el presente expediente. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción Constitucional; y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de la Materia, debe desecharse en atención a las consideraciones siguientes: En efecto, la parte agraviada reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: .a) A la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, le reclamo la discusión, aprobación y expedición del: Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona al Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018. Es decir, reclamo en su integridad los artículos 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, así como los artículos Primero y Segundo Transitorios que integran el Decreto al que me refiero en el párrafo anterior. b) A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le reclamo la discusión, aprobación y expedición del: Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona al Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018. Es decir, reclamo en su integridad los artículos 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, así como los artículos Primero y Segundo Transitorios que integran el Decreto al que me refiero en el párrafo anterior. c) Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamo la promulgación del: Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona al Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018. Es decir, reclamo en su integridad los artículos 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, así como los artículos Primero y Segundo Transitorios que integran el Decreto al que me refiero en el párrafo anterior. d) Al Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, le reclamo la orden de publicar el: Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona al Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018. Es decir, reclamo en su integridad los artículos 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, así como los artículos Primero y Segundo Transitorios que integran el Decreto al que me refiero en el párrafo anterior. Con sustento en lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia establecen lo siguiente: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de la transcripción que antecede, se obtiene que el numeral 17 refiere que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, en que será de treinta días. Por otra parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En ese orden de ideas, como se observa de la evidencia criptográfica generada con motivo de la presentación en línea de la demanda que nos ocupa, ésta fue presentada, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, es decir, fuera del plazo de treinta días que al efecto prevén los transcritos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que dicha presentación sea extemporánea. Por tanto, si la oportunidad para inconformarse con tal disposición, al ser de observancia general, fue a partir del mismo día en que entró en vigor, esto es, a partir del seis de noviembre de dos mil dieciocho, resulta claro que la presentación de la demanda de mérito, efectuada se realizó fuera del plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo; pues la presentó el veinte de diciembre del año en curso, siendo que el término transcurrió del seis de noviembre al diecinueve de diciembre de la misma anualidad, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinticuatro, veinticinco de noviembre y uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, así como el veinte de noviembre del año en curso, en que no transcurrieron términos. Es aplicable por el criterio que sostiene, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 63, del tomo III, Segunda Parte-1, mes de enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto disponen lo siguiente: ACUERDOS ADMINISTRATIVOS. TERMINO PARA INTERPONER AMPARO EN SU CONTRA, CUANDO SU EXPEDICIÓN RESULTA AUTOAPLICATIVA. Cuando en un juicio de garantías el acto reclamado se hace consistir en un acuerdo o resolución dictada por un ayuntamiento o su presidente, mediante el cual se dictan disposiciones de carácter general, como son la cancelación de todas las licencias de funcionamiento y clausura de los locales y máquinas electrónicas o videojuegos, y su expedición causa perjuicios a los particulares, debe estimarse que tales acuerdos o resoluciones por tener el carácter autoaplicativos, impersonales, generales y abstractos, se equiparan a una ley, y por tanto, el término apto para interponer la demanda de garantías, será el de treinta días a que se refiere el artículo 22 fracción I de la Ley de Amparo. En consecuencia, si de las manifestaciones vertidas por la parte promovente se advierte que el Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona al Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018, lo reclama por su sola entrada en vigor, y existe una manifestación espontánea de reclamarla con el carácter de autoaplicativa, tal circunstancia tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que la demanda de mérito resulta extemporánea, y que, por tanto, da lugar a que se actualice de manera notoria e indudable la improcedencia del juicio intentado. Máxime que como ya se ha precisado, de la demanda de mérito no se advierte que exista un acto concreto de aplicación del ordenamiento combatido, en virtud del cual se haya causado un perjuicio al quejoso.. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, del tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: AMPARO, CONFESIÓN EN ÉL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. También, resulta aplicable a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 26/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 461, del tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, que al efecto establece: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.. Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una 'ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo', no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, fracción I, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha por extemporánea la demanda de amparo promovida por David Israel Cerón Aparicio, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de otras autoridades; determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Cobra aplicación a lo antes referido, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora bien, debido a que el agraviado señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fresnos 307, colonia la Finca, en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, gírese despacho al Juez del Segundo Distrito Judicial en Matehuala, San Luís Potosí, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda notifique a la parte quejosa el presente proveído, y en la misma diligencia lo requiera para que en el término de tres días, contado a partir de que le surta efectos la legal notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, y lo aperciba que de no hacerlo así, en el término indicado, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo se autoriza la consulta del presente asunto en la vía solicitada, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza al promovente, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente al promovente.
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