David Ismael Acuña Castillo

Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
482/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • David Ismael Acuña Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por el que acusa recibo del oficio derivado del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado. En razón de lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Ha´ganse las anotaciones correspondientes en la caratula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Por otra parte, devuélvase a la Magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copias certificadas del juicio de nulidad 211/2020/1, de su índice; solicitando el acuse respectivo. Por lo que una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa con Armando Gómez Centeno, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene recibido el oficio y anexo del Magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso concreto, sea necesario darle vista a las partes, pues se actualiza una causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" La misma consideración se desprende de la jurisprudencia II.1J/5, que sostuvo el Primero Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En apoyo de su informe con justificación, la responsable acompaña copias certificadas del juicio de nulidad 211/2020/1, documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de pruebas. En los mismos términos es aplicable la Tesis I.3o.C.104 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 162800, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto se advierte que el acto reclamado por el que se admitió a trámite la demanda de amparo consiste en la omisión de acordar los escritos de veintinueve de mayo, trece de junio y cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio de nulidad 211/2020/1. En ese sentido, este Juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de la omisión reclamada. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emitan una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 193758, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En ese orden de ideas, tal como ha quedado precisado, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar los escritos de veintinueve de mayo, trece de julio y cuatro de agosto, todos del año en curso, dentro de los autos del juicio de nulidad 211/2020/1. Ahora bien, con la copia certificada del juicio de nulidad 211/2020/1, se deprenden los acuerdos de dieciséis de julio y cuatro de octubre, todos de dos mil veintiuno, dictados en el sumario administrativo de origen; que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º en relación con el numeral 3 de este último ordenamiento legal, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que en los referidos acuerdos la autoridad del conocimiento acordó lo correspondiente de los escritos del quejoso presentados dentro de los autos del juicio de nulidad 211/2020/1. Además, lo determinado en cuanto a lo planteado por la parte quejosa en sus escritos, le fue notificado por medio de lista, tal como se aprecia de las constancias que en copia certificada se adjunta al informe. Por lo cual, resulta indudable que si en el presente juicio de amparo el acto reclamado consistió en la omisión de acordar los escritos de veintinueve de mayo, trece de julio y cuatro de agosto, todos del año en curso, dentro de los autos del juicio de nulidad 211/2020/1, y la autoridad del conocimiento acreditó haber dictado los acuerdos correspondientes, que notificó a la parte quejosa, por lo tanto, se concluye que la responsable restituyó las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a esto la anterior determinación, la jurisprudencia 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, mediante el cual formula alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los que en su caso, serán tomados en consideración en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)AGC/oalf

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