David Isaias Morales Frias

Expediente 790/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 27 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
790/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • David Isaias Morales Frias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son destruibles, conforme a los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha le transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO PABLO ALEJANDRO CANTU GOMEZ:Oficio. Se ordena agregar a sus antecedentes el informe y anexos que remite la autoridad responsable en alcance a su informe justificado. Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 155, fracción XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales y como primer acto de aplicación, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 1897/2021, en la que se le impuso como medida cautelar un dispositivo de localización electrónico como medida cautelar. Por su parte, la autoridad en el oficio de cuenta, informó que el cuatro de julio de dos mil veintidós, esto es, -con fecha posterior al acto de aplicación,- la juez responsable modificó la medida cautelar imponiéndole como medida cautelar garantía económica y firma periódica. En ese orden de ideas, sí se reclama como primer acto de aplicación la inconstitucionalidad de la porción normativa que establece la medida cautelar consistente en la imposición de un localizador electrónico y la responsable con fecha posterior modificó la misma imponiéndole solamente garantía económica y firma periódica, claro es que ha desaparecido en su totalidad el acto reclamado, siendo imposible analizar jurídicamente la inconstitucionalidad reclamada así como su primer acto de aplicación. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido al promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues de las constancias exhibidas por la responsable se advierte que la omisión reclamada por el quejoso ceso en sus efectos con la modificación de medida cautelar. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por tanto, al haberse decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace al acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, en consecuencia, también debe sobreseerse respecto al acto reclamado consistente que versa sobre los preceptos legales reclamados, en virtud de que cuando se promueve el juicio de amparo contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada de nuestro más Alto Tribunal funcionando en Pleno, publicada en la página 27 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Primera Parte, Séptima Época, cuyo contenido se transcribe a continuación: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTOEN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA ELSOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO.- Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". En tales condiciones, se hace extensivo el sobreseimiento, por cuanto hace al referido acto reclamado. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE MPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". Cancelación de audiencia constitucional. En función de lo anterior, se dejan sin efectos la audiencia constitucional programada, y se ordena la cancelación de la misma en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal, y en su oportunidad archívese este expediente como totalmente concluido. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, trece de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el cuatro de julio y cuatro de agosto anterior. Vista. Atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de veintiuno de julio anterior, se remitió copia de la demanda de amparo al Presidente de la República, a fin que este en aptitud de rendir su informe justificado, sin que a la fecha se tenga noticia del mismo, a pesar que el comprobante de estafeta se conoce que fue recibido el veintisiete de julio siguiente. Requerimiento. Ahora, tomando en consideración que dicha autoridad tiene su domicilio en la ciudad de México, lo cual es fuera de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, se requiere al Presidente de la República a través de la Consejería Jurídica, para que en el término de tres días legalmente computado, informen la fecha en que fue recibido las constancias que se le remitieron mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, apercibido que de no hacerlo en el término indicado, se tendrá como fecha de notificación la fecha del comprobante de estafeta. Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las once horas del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano