David Ibarra Peralta

Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
6/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • David Ibarra Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por David Ibarra Peralta. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido vía electrónica el escrito del quejoso ************, con evidencia criptográfica que certifica la firma electrónica del signante, mediante el cual subsana la prevención que se le formuló el veinticinco de enero del año en curso. Ahora bien, es de precisarse que el veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitieron la Circular CAP/3/2020, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", derivado de la situación por la que se atraviesa respecto de la pandemia, donde se determinó que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020); dicha suspensión de labores y forma de trabajo se prorrogó hasta el nueve de febrero del presente año, mediante circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno. Por lo que únicamente se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad y aquello que atendiendo a su naturaleza se consideren de trámite prioritario o se presenten en línea y que permita que el procedimiento se desahogue de esa manera. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se determinó que se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia y que esta medida tendrá vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Adicional a ello, es de precisarse que en el mencionado Acuerdo General 13/2020, en el capítulo IV denominado: "Reglas específicas para los órganos jurisdiccionales que conozcan de asuntos penales", el artículo 4, en su parte final, y el artículo 24, disponen: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. La calificativa de "urgente" constriñe a los órganos jurisccionales a continuar con la tramitación y eventual decisión de un expediente mientras ésta se mantenga. Para ello, serán las y los titulares quienes califiquen la urgencia de un asunto para continuar su conocimiento bajo ese supuesto, con independencia de que eventualmente pudiera cesar el sentido de inmediatez que haya justificado la admisión de la solicitud, demanda, recurso o promoción bajo el supuesto que se desarrolla, y sin que esto impida que, de ser el caso, ese expediente pueda eventualmente encontrarse en el supuesto de resolución de los asuntos tramitados físicamente y listos para sentencia, o en el de tramitación y resolución de los juicios en línea." "Artículo 24. Dentro de los asuntos ya radicados y que conforme al artículo anterior deberán continuare atendiendo pese a no calificarse como urgentes en términos del artículo 4, se destacan enunciativamente algunos que se deben priorizar: ".II. En los juzgados de Distrito que conozcan de amparo penal, los asuntos donde se reclamen: a) Órdenes de aprehensión; b) Aseguramiento de cuentas; c) Actos que impliquen una afectación directa o indirecta a la libertad personal dentro del procedimiento (tales como los derivados de solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión, de libertad provisional, o para hacer efectivo un beneficio de ejecución de pena que suspenda la privación de libertad); d) Actos que impliquen una afectación a los derechos de menores de edad o de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria; y e) Aseguramiento de bienes y actos que priven de la posesión de un inmueble, que constituyan el hogar del quejoso." En consecuencia, tomando en consideración que en la demanda que nos ocupa se tramita bajo el esquema de "juicio en línea", se procede a su tramitación. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desecha demanda. Ahora bien, por disposición de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, transcritos a continuación, el juez de distrito debe examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para el examen del estudio de la demanda habrán de considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte meridiana y patentemente, y por indudable que no admite duda, esto es, que hay plena certeza y seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, por cuanto a los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, por los motivos expuestos a continuación. Respecto a la hipótesis de improcedencia que se estudia, es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 107, fracción I, inciso g), de la ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés -ya sea jurídico o legítimo- en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio en la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser abordado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es la ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación -pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera-, desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio. En efecto, conforme al criterio que se expondrá en líneas siguientes, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo durante el proceso (cuestión probatoria). Motivo por el cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2016, sostuvo en lo que aquí interesa, que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple. Dicho criterio rector se encuentra inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Ahora, con el propósito de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "ARTÍCULO 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". De conformidad con las normas trascritas, se arriba a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. Sobre el tópico que se abordará en párrafos posteriores, es menester destacar que la reforma constitucional al artículo 107, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once -en la que se incorporó el concepto de interés legítimo para acudir al juicio de amparo-, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de protección de derechos fundamentales, pues la intención del Constituyente Permanente al introducir ese concepto jurídico subyace en la exigencia al quejoso de demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Interés simple -a diferencia del jurídico y legítimo-, que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduciría en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por el contrario, el interés legítimo, con base en la definición de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Lo antes considerado se sustenta en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la nomenclatura 1a./J. 38/2016 (10a.), visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Una vez expuestas las bases del interés legítimo, resulta necesario señalar que de la demanda de amparo se aprecia que el solicitante de la tutela constitucional reclama de las autoridades que señala como responsables, lo siguiente: La omisión de vigilar el cumplimiento del acuerdo número 023/2020 de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que establece los lineamientos en la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a consecuencia de la pandemia por el virus denominado coronavirus SARS COVID-19 en el Estado de Morelos, así como la omisión de determinar qué asuntos se consideran urgentes en materia penal y que se exceptúan de la suspensión de plazos impuesta en dicho acuerdo. Sin embargo, partiendo de los elementos constitutivos del interés legítimo, se estima que el solicitante del amparo no evidencia en forma alguna cómo dichos actos le irrogan un perjuicio directo e inmediato en su esfera jurídica individual o con relación a su especial situación frente al orden jurídico, como lo exigen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en el hecho de que con los mismos se afectará las condiciones de administrar justicia, incluso respecto de la población en general. En efecto, en el caso particular este órgano de control constitucional llega a la plena convicción de que el solicitante de protección de derechos humanos acude a este juicio con un interés simple, pues de la demanda en estudio no se advierte cuál será el beneficio que obtendría o cómo podría resultar beneficiado ante una eventual protección de la Justicia Federal. Lo anterior se considera de esa manera, pues esencialmente acude como licenciado en derecho a reclamar la omisión de determinar qué asuntos se consideran urgentes en materia penal y que se exceptúan de la suspensión de plazos impuesta en el acuerdo general 023/2020 de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que establece los lineamientos en la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a consecuencia de la pandemia por el virus denominado coronavirus SARS COVID-19. Al respecto, el quejoso fue requerido expresamente mediante auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno con la finalidad de que justamente precisara en forma clara si la omisión reclamada la combatía de manera general o en referencia a la ejecutoria de amparo que invocó al final de sus conceptos de violación, sobre la cual adujo que no ha sido cumplida ni se ha procurado su cumplimiento desde el nueve de diciembre pasado; ello dado que no hizo referencia a los antecedentes correlativos. Sin embargo, al momento de desahogar la prevención que le fuera realizada, el promovente del amparo aclaró que no reclamaba la omisión relacionada con la citada ejecutoria de amparo, sino que únicamente lo citó como hecho notorio. De ahí que aun cuando se le brindó la oportunidad de materializar la afectación reclamada, al no haberlo hecho así, su reclamo quedó enmarcado en el interés simple y por ello se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el interés con el que acude al juicio constitucional corresponde al que, en general, tiene todo individuo sobre el tema, en específico, la implementación de medidas para determinar qué asuntos deben atenderse por parte de personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para el promovente, por lo que su pretensión no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del disidente por virtud de la especial situación que guarda con relación al orden jurídico, pues incluso en el escrito aclaratorio de cuenta, indica que su reclamo es de carácter general, sin hacer especificación alguna sobre la existencia de un juicio en específico en el que se encuentre participando en ejercicio de la profesión de licenciado en derecho. Lo anterior permite constatar que, si bien es cierto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional alegando un interés legítimo, cierto es que, en el caso, solo acredita tener un interés simple como el de cualquier otro ciudadano o profesional en derecho que tiene un interés en que se dicten las medidas necesarias implementar determinada mecánica de trabajo en los órganos del Poder Judicial del Estado de Morelos. Sin embargo, como se adelantó en líneas que anteceden, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado, es decir, el beneficio determinado que se produciría en la esfera de derechos del inconforme en caso de que se llegue a conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. Esto es, el solicitante del amparo únicamente acredita su interés en la implementación de medidas de trabajo ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo de la contingencia derivada de la pandemia por el virus conocido como COVID-19; sin embargo, no se advierte que pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta es la que existe con cualquier ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. En efecto, el hecho de que el quejoso tenga el carácter de licenciado en derecho, resulta insuficiente para estimar que tiene un interés legítimo para instar el presente juicio de control constitucional, pues la afectación que alega respecto de las omisiones reclamadas no puede ser considerada como el interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante que se requiere para que, con motivo de un eventual fallo amparador se produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Lo anterior es así, ya que para tener por configurado un interés de esa naturaleza se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad-, en la esfera jurídica del particular, derivada del acto que se reclama como lo exige la propia Norma Constitucional, pues de las omisiones impugnadas con motivo de la interpretación del acuerdo general 023/2020 de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que establece los lineamientos en la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a consecuencia de la pandemia por el virus denominado coronavirus SARS COVID-19, no se advierte la existencia de una afectación en específico en la esfera de derechos del peticionario del amparo que, ante una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, mediante el cual se le restituya en el goce de algún derecho concreto. Respecto a lo antes destacado, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Tesis P./J. 50/2014 (10a.), Página 60, número de registro 2007921, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De ahí que, de estimar la omisión reclamada como lesiva de la esfera jurídica del quejoso y que la obtención de un fallo protector en los términos solicitados le produciría un beneficio, conduciría a concluir que cualquier habitante del país puede reclamar la conducta omisiva de las autoridades de implementar medidas sanitarias específicas que cada uno estime pertinentes, lo que, además, en forma alguna redundaría en su beneficio ante la falta de elementos técnicos a tomar en cuenta para estimar que esa medida específica es la adecuada. Ahora, no pasa inadvertido que en la especie se involucra un tema de interpretación sobre un acuerdo que regula el funcionamiento de los órganos de administración de justicia del Estado de Morelos; empero, se reitera que un eventual fallo protector no se traduciría en un beneficio determinado, toda vez que las propias autoridades actúan aplicando diversos criterios tanto de prevención como de atención a temas prioritarios de salud, de modo que la materialización de dichas medidas obedece a parámetros técnicos con los que debe contar la autoridad para su aplicación de forma oportuna de forma general en la entidad federativa y conforme a los lineamientos de diversas autoridades del estado que no se encuentran señaladas como responsables. Bajo ese orden de ideas, se reitera que el quejoso acude a esta instancia constitucional con un interés simple, pues al reclamar la omisión a interpretar el acuerdo que establece los lineamientos en la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, implicaría que a través del juicio de amparo, se pueda dar origen una determinación de carácter general, en la medida que se vinculara a las autoridades responsables a la implementación de las pretendidas por el impetrante; lo que conlleva soslayar que son las propias autoridades pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la vez sanitarias del estado, quienes en principio, están en una mejor posición para establecer, conforme a la normatividad respectiva, cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la protección de los derechos a la salud de usuarios y operadores del sistema de administración de justicia. Con relación a lo expuesto, resulta aplicable el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Página 217, número de registro 2015129, que dice: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. DEBER DE ALCANZAR SU PLENA PROTECCIÓN PROGRESIVAMENTE. Una vez satisfecho el núcleo esencial, los derechos económicos, sociales y culturales imponen al Estado una obligación de fin, toda vez que dichas normas establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera progresiva. De esta manera, los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, este deber implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión. En este sentido, los tribunales deben analizar si la medida impugnada se inscribe dentro de una política pública que razonablemente busque alcanzar la plena realización del derecho social. Sin embargo, son las autoridades administrativas y legislativas quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derechos sociales, por tanto, al analizar la razonabilidad de la medida los tribunales deben ser deferentes con dichas autoridades." En estas condiciones, se concluye que el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma constitucional se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de un derecho fundamental transgredido -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Así las cosas, como se adelantó, si en la especie el peticionario del amparo basa su legitimación en el hecho de que la falta de implementación de las medidas para determinar qué asuntos se consideran urgentes en materia penal y que se exceptúan de la suspensión de plazos impuesta en el acuerdo general 023/2020 de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que establece los lineamientos en la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a consecuencia de la pandemia por el virus denominado coronavirus SARS COVID-19, resulta incuestionable que ese derecho que aduce en su favor y la razón en la que basa la procedencia del juicio de derechos fundamentales, se traduce en un mero interés simple. En ese tenor, al quedar demostrado que el peticionario del amparo acude a promover la presente instancia constitucional bajo un interés simple, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica por *************, por propio derecho, con evidencia criptográfica que certifica la firma electrónica del signante, contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 6/2021 y fórmese expediente. Prevención. Ahora bien, del estudio integral de la demanda y sus anexos, se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas previo a proveer sobre su admisión o desechamiento, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108, fracción IV y V y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias para cada una de las partes, de no presentarse mediante la vía electrónica, bajo protesta de decir verdad, aclare su libelo de demanda en los siguientes términos: ÚNICO. Exponga de manera clara en qué consiste la omisión que le atribuye a las autoridades responsables, toda vez refiere: "De la primer autoridad se reclama: La OMISION de vigilar el cumplimiento al acuerdo número 023/2020 de fecha veintitrés de diciembre del año 2020,que establece los lineamientos en la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a consecuencia de la pandemia por el virus denominado coronavirus SARSCOVID-19 en el Estado de Morelos. Acto que se reclaman a la segunda autoridad  La OMISION de establecer y determinar que asuntos se consideran urgentes en materia penal, que se exceptúan de la suspensión de plazos, obligación impuesta por el acuerdo número 023/2020 de fecha veintitrés de diciembre del año 2020, suscrito por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  La OMISION de vigilar el cumplimiento al acuerdo número 023/2020 de fecha veintitrés de diciembre del año 2020, suscrito por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que establece los lineamientos en la administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos." Y en la parte final del ocurso que se provee refiere: "De manera personal causa perjuicio por la suspensión casi total de labores jurisdiccionales, siendo un hecho notorio: la resolución del amparo número ************ radicado en el índice del juzgado octavo de distrito en el Estado de Morelos, autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia, en sentencia se niega el Amparo, en recurso de Revisión el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, revoca y concede el amparo y protección, la fecha del ultimo requerimiento para dar cumplimiento al fallo protector por parte del Juez de amparo fue el 09 de diciembre del año 2020, amparo en el que el suscrito funjo como autorizado en términos amplios de las quejosas, y dentro del juicio de origen como defensor particular de las imputadas, ventilado en un órgano jurisdiccional perteneciente a la responsable, existiendo claridad que la omisión de la responsable, me causa perjuicio por no poder laborar de manera mínima esencial. Por lo que deberá precisar en forma clara la omisión de que se duele, ya que por una parte lo hace de manera general y posteriormente introduce la existencia de una ejecutoria de amparo, refiriendo que no se le da cabal cumplimiento, sin que expusiera los antecedentes de dicho asunto; por lo que en todo caso deberá indicar en forma específica la afectación que ocasiona la omisión que atribuye a las autoridades responsables. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la litis constitucional. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos en los puntos primero y segundo, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. Notificación vía electrónica y consulta del expediente electrónico. Como lo solicita y en virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre del usuario "**********", se le autoriza la transición a la modalidad de juicio en línea, esto es, para que pueda consultar vía internet las actuaciones del presente juicio, así como para que se le realicen las notificaciones vía electrónica; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las gestiones necesarias. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía electrónica.

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